En el año 2009, entró en vigencia el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. A pesar de ello, la discriminación y la exclusión de los discapacitados en las diversas esferas de la vida social, educación, salud y empleo, continuó siendo el principal problema que afectó a esta colectividad
El 2 de agosto del 2009 se publicó la Ley Nº 29392,225 norma que establece infracciones y sanciones por el incumplimiento de la Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento, que, desde el 1 de enero del 2010, sanciona el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las referidas normas con multas de hasta 12 unidades impositivas tributarias (UIT). Dichos anuncios eran de amplio conocimiento de todas las instituciones públicas como de las empresas privadas, quienes fueron notificadas por el propio Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo.
Según la Defensora Adjunta de la Defensoría DD HH y Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, esta ley estipula claramente que las empresas están obligadas a contratar hasta un 3% de su personal, sin embargo no se viene acatando a cabalidad dicha norma debido a que se dejan llevar por el prejuicio de que una persona con limitación física es un sujeto que tiene dificultades para cumplir con su función. “Esta situación ha generado que muchos discapacitados no hayan podido tener acceso a una educación superior y por ende a un trabajo calificado”, sostuvo la funcionaria.
Contrato temporal
La doctora Pineda observó asimismo que la mayoría de denuncias y quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo están centradas en el tipo de contratos que vienen siendo sometidos las personas discapacitadas.
“En la mayoría de los casos a los discapacitados se les está tomando sus servicios bajo el régimen de los CAS (Contratos Administrativos Temporales). Esta modalidad como es obvio no brinda ningún tipo de beneficios sociales a estas personas”, sostiene.
Para evitar estos abusos, la letrada señala que la Defensoría viene trabajando con el Congreso a fin de modificar la ley y obligar a las instituciones y empresas tomar los servicios de los discapacitados respetando todos sus beneficios sociales (Seguro, CTS, gratificaciones, horas extras y vacaciones).
NOTA
Según el INEI, Lima alberga el mayor número de discapacitados (70,307) Le sigue Piura (11, 695) y La Libertad (11,056)
Según la Defensora Adjunta de la Defensoría DD HH y Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, esta ley estipula claramente que las empresas están obligadas a contratar hasta un 3% de su personal, sin embargo no se viene acatando a cabalidad dicha norma debido a que se dejan llevar por el prejuicio de que una persona con limitación física es un sujeto que tiene dificultades para cumplir con su función. “Esta situación ha generado que muchos discapacitados no hayan podido tener acceso a una educación superior y por ende a un trabajo calificado”, sostuvo la funcionaria.
Contrato temporal
La doctora Pineda observó asimismo que la mayoría de denuncias y quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo están centradas en el tipo de contratos que vienen siendo sometidos las personas discapacitadas.
“En la mayoría de los casos a los discapacitados se les está tomando sus servicios bajo el régimen de los CAS (Contratos Administrativos Temporales). Esta modalidad como es obvio no brinda ningún tipo de beneficios sociales a estas personas”, sostiene.
Para evitar estos abusos, la letrada señala que la Defensoría viene trabajando con el Congreso a fin de modificar la ley y obligar a las instituciones y empresas tomar los servicios de los discapacitados respetando todos sus beneficios sociales (Seguro, CTS, gratificaciones, horas extras y vacaciones).
NOTA
Según el INEI, Lima alberga el mayor número de discapacitados (70,307) Le sigue Piura (11, 695) y La Libertad (11,056)
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