Efe.- Chile se convirtió en el primer país en ser demandado por discriminación por orientación sexual, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recurriera a la Corte Interamericana por el caso de una jueza a quien se le quitó la custodia de sus hijas por declarar públicamente que es lesbiana.
El hecho se remonta a abril de 2004 cuando la justicia chilena impidió que Karen Atala viviera con sus hijas junto a su pareja, Emma de Ramón, y en esa ocasión la CIDH le dio una advertencia al estado para que resarciera el daño provocado.
El gobierno de Sebastián Piñera convocó a una mesa de trabajo, pero el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) estimó que no hubo respuesta a sus indicaciones y pasó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Enterada de la noticia, la historiadora Emma de Ramón dijo a BBC Mundo que "tenemos una mezcla de satisfacción por el logro que alcanzamos y a la vez mucha pena (…) porque en nuestra patria y en el Bicentenario, el estado y el gobierno no hayan sido capaces de llegar a solucionar esto de una manera amistosa".
La presentación acusa a Chile por el "trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que experimentó Karen Atala debido a su orientación sexual".
Además, el comunicado de la CIDH destaca que la demanda "permitirá a la Corte pronunciarse por primera vez sobre la incompatibilidad de este tipo de discriminación con la Convención Americana".
Presión internacional
La pareja de la jueza Atala remarca que esta resolución "nos trae todos los recuerdos de lo que tuvimos que vivir, que fue terrible", pero cree que es la única forma de obtener resultados en sus intentos para que se integre a la comunidad homosexual y sus demandas.
"Constatamos con mucha pena que la única posibilidad era la presión internacional", sostuvo, para agregar que lo que buscan es que "se nos ponga en igualdad de condiciones con personas que sí tienen derecho a gozar de su maternidad libremente o a mantener su trabajo sin el temor que alguien vaya a descubrir su opción homosexual".
La abogada Helena Olea explicó que el juicio debería tardar unos dos años para contar con una sentencia que será "vinculante, obligatoria para el estado de Chile", en el sentido de adoptar "medidas en materia de legislación, políticas públicas y programas para erradicar la discriminación sexual".
Gobierno "hará valer sus argumentos"
Mediante un comunicado que dio a conocer la Cancillería, el gobierno chileno aseguró que ya trabaja en las recomendaciones formuladas, pero advirtió que dependiendo de los plazos "hará valer sus argumentos" ante la Corte.
"El ministerio de Relaciones Exteriores reitera la voluntad del gobierno de Chile para avanzar sustantivamente en el sentido de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo (de la CIDH), aun cuando la concreción de dichas medidas requiera de tiempos que pueden no coincidir con los considerados por la Comisión", manifestó.
En la administración de Sebastián Piñera subrayaron que continuarán "avanzando en torno a una serie de medidas", aunque esta respuesta no deja satisfecho al Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH).
"Creemos que es histórico que la Comisión por primera vez vaya a tramitar un caso por discriminación por orientación sexual, y creo que va a marcar un antes y un después en la legislación internacional", señaló a BBC Mundo Rolando Jiménez, presidente del organismo.
En el MOVILH lamentaron que la imagen de Chile se vea afectada por tratarse del primer país acusado de discriminar a las minorías sexuales, pero agregaron que puede haber otro caso similar de una profesora impedida de hacer sus clases sólo por ser lesbiana.
NOTA
En el Perú la profesora de periodismo Esther Vargas de la Universidad San Martín hace más de un año fue obligada a renunciar a esta casa de estudios debido a su orientación sexual, a pesar de las protestas de diversos movimientos y del presidente de la República, Alan García.
El hecho se remonta a abril de 2004 cuando la justicia chilena impidió que Karen Atala viviera con sus hijas junto a su pareja, Emma de Ramón, y en esa ocasión la CIDH le dio una advertencia al estado para que resarciera el daño provocado.
El gobierno de Sebastián Piñera convocó a una mesa de trabajo, pero el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) estimó que no hubo respuesta a sus indicaciones y pasó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Enterada de la noticia, la historiadora Emma de Ramón dijo a BBC Mundo que "tenemos una mezcla de satisfacción por el logro que alcanzamos y a la vez mucha pena (…) porque en nuestra patria y en el Bicentenario, el estado y el gobierno no hayan sido capaces de llegar a solucionar esto de una manera amistosa".
La presentación acusa a Chile por el "trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que experimentó Karen Atala debido a su orientación sexual".
Además, el comunicado de la CIDH destaca que la demanda "permitirá a la Corte pronunciarse por primera vez sobre la incompatibilidad de este tipo de discriminación con la Convención Americana".
Presión internacional
La pareja de la jueza Atala remarca que esta resolución "nos trae todos los recuerdos de lo que tuvimos que vivir, que fue terrible", pero cree que es la única forma de obtener resultados en sus intentos para que se integre a la comunidad homosexual y sus demandas.
"Constatamos con mucha pena que la única posibilidad era la presión internacional", sostuvo, para agregar que lo que buscan es que "se nos ponga en igualdad de condiciones con personas que sí tienen derecho a gozar de su maternidad libremente o a mantener su trabajo sin el temor que alguien vaya a descubrir su opción homosexual".
La abogada Helena Olea explicó que el juicio debería tardar unos dos años para contar con una sentencia que será "vinculante, obligatoria para el estado de Chile", en el sentido de adoptar "medidas en materia de legislación, políticas públicas y programas para erradicar la discriminación sexual".
Gobierno "hará valer sus argumentos"
Mediante un comunicado que dio a conocer la Cancillería, el gobierno chileno aseguró que ya trabaja en las recomendaciones formuladas, pero advirtió que dependiendo de los plazos "hará valer sus argumentos" ante la Corte.
"El ministerio de Relaciones Exteriores reitera la voluntad del gobierno de Chile para avanzar sustantivamente en el sentido de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo (de la CIDH), aun cuando la concreción de dichas medidas requiera de tiempos que pueden no coincidir con los considerados por la Comisión", manifestó.
En la administración de Sebastián Piñera subrayaron que continuarán "avanzando en torno a una serie de medidas", aunque esta respuesta no deja satisfecho al Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH).
"Creemos que es histórico que la Comisión por primera vez vaya a tramitar un caso por discriminación por orientación sexual, y creo que va a marcar un antes y un después en la legislación internacional", señaló a BBC Mundo Rolando Jiménez, presidente del organismo.
En el MOVILH lamentaron que la imagen de Chile se vea afectada por tratarse del primer país acusado de discriminar a las minorías sexuales, pero agregaron que puede haber otro caso similar de una profesora impedida de hacer sus clases sólo por ser lesbiana.
NOTA
En el Perú la profesora de periodismo Esther Vargas de la Universidad San Martín hace más de un año fue obligada a renunciar a esta casa de estudios debido a su orientación sexual, a pesar de las protestas de diversos movimientos y del presidente de la República, Alan García.
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