Una reforma que aún duele

Han transcurrido 35 años del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, y aún hoy el país sigue cargando sobre sus hombros las consecuencias de sus decisiones políticas. Una de ellas lo constituye la Reforma Agraria. Producto de esa medida el estado tiene una deuda de 1 500 millones de dólares con los ex hacendados que debemos pagar

Uno de los capítulos nefastos de nuestra vida republicana del siglo XX que aún no terminamos de cerrar lo constituye la Reforma Agraria.

Cuando en 1969 el general Juan Velasco Alvarado expropió las tierras a decenas de hacendados, ordenó que se les pagara a todos ellos el equivalente a quince mil millones de soles oro en bonos. Algunos cobraron una parte, otros, la gran mayoría, no.

41 años después de la Reforma Agraria la deuda que tiene el Estado – o sea todos nosotros – con los hacendados expropiados por el régimen militar asciende nada menos que a 1,500 millones de dólares.

Con el fin de cerrar este capítulo el martes 5 de octubre el presidente de la Mesa de Trabajo sobre la deuda agraria, congresista Aníbal Huerta (PAP), anunció que con la participación de representantes de los tenedores de la deuda agraria, así como del Ministerio de Agricultura, del Banco Central de Reserva, de la Defensoría del Pueblo, de la Sociedad Nacional de Industrias y del Ministerio de Economía, entre otros, su comisión buscará una fórmula viable para honrar con dicho compromiso.

¿Pero sabe usted amigo lector que suerte corrieron las haciendas expropiadas por el régimen velasquista y que proponen hoy los afectados? “El Universal” conversó con uno de los miembros de la familia Samaniego de la casa La Solana Alta en Piura que vio a sus escasos 13 años como una patrulla de militares ingresaban a su hogar para arrebatarle la propiedad que a su padre, como antes a su abuelo, le costaron años de trabajo para levantarla.

Don Pedro, hijo menor de don Juan Samaniego (ya fallecido), nos cuenta cuando en el 2002 recorrió los escombros en lo que se ha convertido su antigua casa, el desasosiego y la tristeza le invadió. Mostrándonos fotos nos dijo: “Esta era la casa de La Solana Alta, acá era donde vivíamos. Mi mama dice que yo nací aquí”

El señor Samaniego no puede ocultar el dolor: “es una pena tremenda, tan bonita y ahora totalmente destrozada. Ver que no hay ni una puerta, el patio donde yo jugaba en mi juventud es una maleza tremenda, es una pena”.

Los escombros de esta residencia no han sido provocados por el tiempo o un cataclismo propiciado por la naturaleza. Pedro en el 2002 caminó por lo que quedó de La Solana, el nombre con el que se bautizó a la casa-hacienda que tuvo en Piura, y que perdió hace 36 años, con la ley de Reforma Agraria.

A cambio de todo lo que tenían, los Samaniego recibieron cientos de bonos, los que, con el tiempo, perdieron su valor, y ahora luchan para que algo sirvan.

“Esta casa mi papa la heredo de mis abuelos, el era un hombre trabajador. Cuando recibió esta hacienda, tenía unas treinta hectáreas y él con su trabajo la agrandó. De treinta hectáreas a seiscientas hectáreas”, afirma.

Problemas del pasado

El sociólogo Héctor Béjar Rivera señala que cuando Velasco expropió las tierras “la decisión de su gobierno fue pagar por las mismas, por eso creo los bonos. Y esos bonos se podían recuperar en los bancos industriales”.

“Los siguientes gobiernos”, continúa Béjar, “que sucedieron al de Velasco, no reconocieron en la practica la reforma porque no continuaron pagando los bonos hasta hoy día. Por eso yo creo que cuando las familias reclaman por la valorización de los mismos están haciendo un reclamo justo y legal”.

La Solana fue una hacienda próspera hace más de medio siglo, ahora en sus tierras sólo hay matorrales, algarrobos secos y mala hierba. La ex hacienda de los Samaniego, se ubica en la provincia de Alamor, en el valle del Río Chira, al norte de Piura.

Pedro Samaniego asegura que “la reforma agraria fue la desagracia agraria del Perú. No éramos los mejores habían otros, pero tratábamos de producir y lo hacíamos bajo un criterio empresarial. Aquí se producían cocos, naranjas, mandarinas, toronjas, guabas, tamarindos, paltas, uva, y las vacas que producían leche para hacer mantequilla y trabajan más de 30 personas que no sólo ganaban un jornal sino tenían derecho a muchas cosas más”.

Para los Samaniego, La Solana fue la empresa de sus vidas, pues toda la familia trabajó en ella hasta que la perdieron. Y aunque Pedro era aún un adolescente, recuerda amargamente como fue la expropiación.

“Fuimos invadidos por una patrulla militar los primeros días de diciembre del año 1974. Recuerdo que mi papa estuvo de rehén quince días con mi hermana. Cuando yo vine no nos dejaron entrar. Mi mamá de hecho no va a venir, porque se acuerda de la hacienda ella tiene mucha nostalgia”, indica Pedro Samaniego.

El sociólogo Carlos Monge considera que la reforma de Velasco, fue consecuencia inevitable de las exigencias sociales de la época. Porque terminó siendo una gran paradoja.

Monge indica que esta ley fue “creada para favorecer al pueblo pero finalmente el pueblo perdió”.

Por su parte Héctor Béjar considera que “el gran error de estas clases sociales fue que ellos no supieron renovar las instituciones sociales al tiempo que renovaban la tecnología”.

Soluciones inconclusas

Luis Huguet es un ex hacendado limeño que en 1996 junto a otras siete personas, formó la asociación de expropiados de la reforma agraria, ADAEPRA, con la finalidad de exigir al Estado que reconozca la deuda agraria y la valorice para ejecutar su cancelación.

Huguet señala: “Ese año tratamos de juntar en esta asociación a la mayoría de gente que fue expropiada en esa época, somos más o menos 4 mil personas jurídicas. La finalidad es convertir la deuda agraria en algo que tenga valor”.

Este ex hacendado nos cuenta que en la década del noventa a través de una ley, Fujimori aceptó reconocer la deuda agraria, pero su iniciativa fue irrisoria, pues pretendía cancelarla sin considerar la devaluación de la moneda. “Todos los bonos emitidos por Velasco valorizados en quince mil millones de soles oro, valían solo quince soles”, señala.

En el gobierno de Valentín Paniagua, y después de una larga batalla judicial, la asociación de expropiados logró revocar la ley fujimorista y abrir una nueva oportunidad de negociación con el Estado.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo se conformó una comisión que estudiara la negociación con los expropiados. Lamentablemente todo quedo en nada cuando en el 2005 el Ejecutivo observó el proyecto aprobado por el Congreso.

No necesariamente plata

El dirigente Huguet reconoce que al Estado peruano va ser difícil poder pagar en dinero toda la deuda, por ello propone que se les pague con activos.

Agrega que aquellos bonos “queremos nosotros usarlos para pagar aranceles en la importación de bienes de capital. Para comprar tierras en los proyectos habilitados por el gobierno. Pagar impuestos con ejercicios gravables vencidos, no actuales”.

Por su parte el representante de los tenedores de bonos, Manuel Seoane, dijo que cualquiera fuese el sistema de pago que disponga el Estado, la idea es que no se perjudique la economía nacional.

“Esa propuesta la deberá recomendar el proyecto de ley a debatirse y que debería servir de ejemplo para que en el futuro se respete la propiedad privada”, dijo.

NOTAS

1.- En la Comisión Agraria existen tres iniciativas presentadas por los congresistas Aldo Estrada (UPP), Fabiola Morales (AN) y Juan Perry (AN), con lo que se busca dar solución al pago de los bonos a los afectados por la reforma agraria.

2.- Cuando el gobierno de Velasco expropió las tierras las valorizó a un 10% de su valor real y como medio de pago entregó bonos pagaderos en 20 a 30 años y que debió hacer efectivo el Banco Agrario.