Ganancias mineras, hasta cuándo

El repunte de los precios de los metales reavivó en Perú el debate sobre el impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas mineras y el incremento de sus regalías. Pero la falta de voluntad del gobierno y la entrada en un año electoral enturbian la aprobación de dos proyectos de ley al respecto

"La recuperación de la renta que provienen de los recursos naturales es un debate mundial cada vez más fuerte. Sin embargo en Perú sólo hay mecidas porque no hay fuerza política para conseguir un cambio. Esto será posible con otro gobierno", manifestó con pesimismo el economista Humberto Campodónico.
Bolivia, Ghana, México y Mozambique gravan ya las utilidades extraordinarias de su minería y Australia aprobó el 2010 un impuesto similar que regirá desde 2012.
Una de las promesas electorales del presidente Alan García fue la aplicación de un impuesto a las sobre ganancias del sector minero. Pero en cuanto llegó al poder en 2006 sustituyó el compromiso por un aporte voluntario y todo apunta a que hasta el fin de su mandato, en julio de 2011, el camino seguirá entrampado.
En medio de la bonanza de los precios de los metales, las compañías concesionarias únicamente han aportado a ese fondo voluntario 638 millones de dólares, y hasta octubre se ejecutaron solo 56 por ciento de estos recursos en proyectos para las poblaciones de zonas mineras, según el Ministerio de Energía y Minas.
La diferencia entre las ganancias de las empresas y ese aporte es multimillonaria. Los estados financieros de cinco de esas firmas: Cerro Verde, Barrick, Southern Copper, Yanacocha y Antamina establece que sus utilidades netas entre 2005 y junio de 2010 bordearon los 20.000 millones de dólares.
La minería es uno de los motores económicos de Perú, que es el primer productor mundial de plata, el segundo de cobre y zinc y el sexto de oro, pero donde la concentración de ganancias es una seña de identidad del sector.
Entre 2005 y 2009, la producción de ocho empresas representó 67 por ciento de las exportaciones del sector y 88 por ciento de las utilidades netas, mientras en conjunto su rentabilidad fue 30 por ciento superior al promedio del sector.
Con base en esas cifras, la legisladora Gloria Ramos, representante del minero departamento de Pasco, presentó el proyecto de ley 4443, que propone que el impuesto grave 50 por ciento de las ganancias extraordinarias de las empresas, tomando como referencia un precio base de los minerales establecido por los ministerios de Energía y Minas y de Economía.
El proyecto fue respaldado por agrupaciones de izquierda, como Unión por Perú, la tercera bancada parlamentaria. Sin embargo desde junio del año pasado se encuentra congelado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
En noviembre, Ramos convocó a un foro público para debatir la iniciativa y este año lo hará en las seis mayores provincias mineras, por pedido de las autoridades regionales.
En tanto, portavoces de la Comisión de Energía y Minas dijeron que la iniciativa aún está en revisión por parte de los ministerios involucrados y la Sociedad Nacional de Minería, que agrupa a las principales empresas del sector.
La presidenta de la comisión, Cecilia Chacón, ya manifestó que debe mantenerse la estabilidad jurídica del país, en una posición alineada con los argumentos de los empresarios y no ha garantizado que el proyecto se debata en breve.

Estando así las cosas, y más aún cuando acabamos de entrar a una contienda electoral que muy probablemente no termine este 10 de abril, es muy difícil que este tema se vea.

Para la congresista Ramos está claro que durante todo este tiempo nunca existió una voluntad política de buena parte de los miembros del Congreso a pesar que lo que se plantea es justo: “Estas empresas están ganando cada vez más no por el esfuerzo de su trabajo, sino por circunstancias favorables del contexto internacional”.

"Es un deber moral que distribuyan sus ganancias con los países donde se explotan los recursos", subrayó la legisladora.

Escribe: Milagros Salazar