La “Ley de Protección Patrimonial Azucarera” recientemente aprobada y que está generando mucha polémica contó previamente con el dictamen favorable de la Comisión Agraria del Congreso. Según su titular, el oficialista Aníbal Huerta, lo único que el Legislativo hizo fue cuidar el patrimonio del Estado representado en las acciones que tiene en estas azucareras y de esta manera resguardar la unidad de la empresa dándoles un tiempo suficiente para que puedan reestructurarse y así sanear sus cuentas, de esa manera mantener una estabilidad jurídica y económica de las mismas.
Dijo que durante este gobierno se han dado un total de tres ampliaciones a dicha ley. “Lo medular en el asunto es ejercer un control exhaustivo sobre las acciones del Estado, si el Legislativo no toma medidas correctivas a este problema se va a salir de las manos, lo que se quiere es evitar un monopolio azucarero que podría perjudicar en un futuro el precio de este producto en el mercado nacional. Y como segundo punto, lo que se quiere es generar un clima de estabilidad económica - laboral aceptable para cuando halla que vender las acciones a los propios trabajadores, estos mantengan un valor asequible”, sostiene el parlamentario.
El titular de la Comisión Agraria fue enfático en señalar que el Ejecutivo está en la obligación de acatar las normas dadas por el Congreso, dado que estos tienen un mayor valor jurídico.
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