Uno de los principales problemas que tendrá que lidiar el nuevo presidente ni bien llegue a Palacio de Gobierno, serán los diversos conflictos sociales que afronta el país desde hace muchos años, principalmente los relacionados con el medio ambiente.
Mucha gente se pregunta y con justa razón, si económicamente estamos tan bien como afirman las autoridades, ¿por qué entonces existen tantos conflictos? ¿No será acaso que hay una ausencia del Estado en muchas partes del país lo que motiva que la gente se levante para ser atendidos?
De acuerdo con el sociólogo Víctor Caballero Martín la pérdida de liderazgo del Ejecutivo en la prevención y negociación de los conflictos sociales aunados al agotamiento de las Mesas de Diálogo como mecanismo de prevención y de resolución de conflictos, ha llevado que existan muchas razones para que los gremios y frentes incrementen su capacidad de lucha. “Si a ello le sumamos la presencia de redes de solidaridad con una efectiva capacidad de generar opinión pública nacional e internacional, las cosas para el gobierno se complican mucho más si este es nuevo y no tiene el respaldo de la mayoría de la gente”, advierte.
Si bien es cierto las desigualdades son una de las causas más frecuentes de los conflictos, Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo considera que las demandas sociales que actualmente afronta el país difícilmente podrán poner en jaque al nuevo gobierno que se viene, ya que según su criterio estos tipos de conflictos tienen que ver principalmente con disputas por el uso de los recursos hídricos, el temor a la contaminación de ríos, lagos u otras fuentes de agua considerados básicos en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias. “Como puede observarse, estamos ante situaciones que pueden ser oportunamente encausadas por la vía de la ley y del diálogo”, sostiene Luque.
El funcionario de la Defensoría del Pueblo, sin embargo no descarta que en algunos casos haya móviles políticos pero lo que prevalece es la expectativa económica, la exigencia de respeto, la reivindicación de derechos. En esa medida, dice, la democracia siempre tiene abierta la posibilidad de dialogar y resolver problemas, y de esta manera legitimarse aún más ante la población.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, en abril se presentaron 233 conflictos sociales, de los cuales 117 corresponden a problemas socioambientales, 26 a asuntos locales y 24 a temas relacionados con el gobierno central.
Uno de los aspectos preocupante de este informe, es que buena parte de los conflictos sociales no tienen visos de solución, puesto que se carece de voluntad de diálogo entre las partes enfrentadas.
Es el caso, por ejemplo, del conflicto existente en el departamento de Amazonas donde la Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y algunas comunidades de Santa María de Nieva se oponen al contrato de concesión del lote 116 de la empresa Maurel ET Prom Perú SAC por temor a una posible contaminación.
Parecida situación se registra en los Centros Poblados de Getsemaní y Garzayan que se oponen a las actividades de la Compañía Peruana Forestal SA debido a que existe un problema de superposición del territorio que ocupan con la concesión otorgada a dicha empresa.
Otro hecho a tomar en cuenta, es que los conflictos sociales que se suscitan en el país son en su mayoría de larga duración: algunos vienen de décadas pasadas; otros son fuentes constantes de confrontación, y los nuevos que se inician tienen un periodo largo de negociación. Esto lleva a que los conflictos pasen de un estado de latente a otro de actividad de manera muy rápida.
Precisamente en el mes de abril, se reactivaron dos conflictos socioambientales, ubicados en Apurímac y el Cusco. El primero, en la Comunidad Campesina de Oyón y, el segundo en la Compañía Minera Buenaventura.
Faltan muchas cosas
Para el expresidente del Consejo de Ministros del régimen de Alejandro Toledo, Carlos Ferrero, si bien en la actualidad se cuenta con información básica para atender los conflictos en la etapa temprana de su desarrollo, aún falta un análisis más especializado de los problemas y a la decisión de intervenir antes de que el conflicto escale hacia la violencia.
Por su parte, Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo, piensa que aún es necesario organizar procesos de diálogos igualitarios, informados, bien planificados, que pueda centrar el reclamo en un espacio legitimado por las partes y diseñado para producir acuerdos.
Próximo gobierno
Ante la cercanía de la llegada de un nuevo gobierno, el expremier cree que es necesario, por ejemplo, una administración pública con mayor capacidad de gestión de los recursos nacionales, regionales y locales, a fin que la población perciba que los presupuestos -considerablemente incrementados en los últimos años- sirven para resolver necesidades básicas.
Luque, mientras tanto considera que el próximo presidente debe tomar medidas específicas sobre los impactos sociales y ambientales de las inversiones especialmente en minería. “No cabe duda que la actividad minera es fundamental en nuestra economía pero, justamente por eso, deberíamos rodear de mayores garantías la relación entre empresas y comunidades para armonizar sus intereses. El factor confianza en este problema es clave”, recalca.
2.- Según el mismo informe, ese mes mismo Ancash registró 22 conflictos sociales. Seguido por Lima con 14, Puno con 12 y Cajamarca y Cusco con 11.
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