jueves, 4 de agosto de 2011

Agro: El gran ausente


Como la mayoría de peruanos, los agricultores del país también esperaron escuchar del nuevo mandatario medidas para solucionar los graves problemas que afronta su sector. Lamentablemente, más allá del tema cocalero, de promover una política que garantice la explotación racional y equilibrada del agua, la tierra, los bosques, no dijo nada más. Una grave ausencia que preocupa a muchos.

Para nadie es un secreto que la agricultura atraviesa problemas críticos en el Perú. Podemos contar desde la falta de una debida planificación de los productos que serán sembrados hasta la inexistencia de sistemas de regadío adecuados, la necesidad de un sector agroexpoertador moderno y competitivo, o el abuso de los intermediarios que, en la mayoría de las ocasiones, son los más beneficiados económicamente en las transacciones.

La creencia de que nuestro país tiene un territorio rico para la agricultura y que ésta debería ser más y mejor explotada encuentra algunas contradicciones cuando se revelan algunas cifras. De los 128.5 millones de hectáreas de superficie territorial, solo tienen capacidad de convertirse en cultivos agrícolas - transitorios y pemanentes - 7,6 millones de hectáreas, es decir alrededor del 6%.

Para el extitular de la Dirección Agraria de Huánuco, Ing. Luis Suárez, la omisión de este tema por parte del presidente en su discurso a la Nación era algo previsible si uno revisa el plan original y la hoja de ruta de Gana Perú, donde existen grandes distancias sobre este sector.

Según Suárez, en el plan original de Humala se optaba decididamente por el apoyo a las comunidades campesinas y nativas, mientras que en la hoja de ruta solo se las menciona en relación con la necesidad de titular las propiedades. Cabe recordar que fueron las comunidades las que, desde mediados del siglo pasado, y aun antes, exigían educación, vías de comunicación y mayor presencia del Estado, y asumieron, a su costo y riesgo, importantes obras de infraestructura, frente a la marginación de gobiernos indiferentes y a la oposición de los gamonales locales; lo cual quiere decir que las comunidades fueron fuerzas modernizadoras.

No ha habido gobiernos que hayan intentado apoyarlas resueltamente y con medidas perentorias: nunca fueron más allá —en el mejor de los casos— de un paternalismo más bien desmotivador y hasta castrador. Es difícil imaginarse la posibilidad de un desarrollo rural amplio y sostenido sin que en ello las comunidades cumplan un papel central. “El gobierno de Gana Perú quiere una gran transformación, y por eso ha sido elegido; pero no podrá lograrla —por lo menos en el mundo rural— si no involucra de plano y de lleno a las comunidades”, sostiene Suárez.

Sobre estos vacios, Cepes en su última publicación también resalta que hay otras omisiones que preocupan. Por ejemplo, dice que en la hoja de ruta no se menciona nada sobre la soberanía alimentaria nacional, otro tema fundamental que toca el plan original. El Mimdes, en reciente publicación, informa que 11 millones de peruanos —más de un tercio de la población total— se encuentran en una potencial situación de inseguridad alimentaria. De acuerdo con otras fuentes, a pesar de haber mejorado en el tiempo, el 28% de la población —más de 8.5 millones de peruanos— no logró cubrir sus necesidades en calorías, y 587 mil niños menores de cinco años tienen desnutrición crónica (Endes-INEI, 2010). Es claro que definir una política de seguridad alimentaria que esté a la altura de la gravedad y la magnitud del problema debería estar en la primera línea de la agenda.

Según Cepes, en el plan se lee que “la producción agropecuaria estará al servicio de la soberanía alimentaria nacional” y tendrá prioridad sobre otras demandas, incluyendo las del mercado internacional. En este punto se pregunta, cómo logrará en el marco de una economía abierta que responde tan solo a una lógica maximización de las ganancias, que la producción de alimentos crezca.

Si bien para Cepes es necesario para enfrentar el problema agrario un retorno al plan, también remarca que hay una inconsistencia en este documento original. ¿Cómo se puede priorizar la producción de alimentos para el mercado interno, de lo que generalmente se ocupa la agricultura familiar, y al mismo tiempo, impulsar la propiedad agraria, en la costa, que no se “exceda de las 10,000 hectáreas bajo riego”, como afirma aquel documento?

“Salvo un error digital o de impresión que haya puesto un cero de más, 10,000 hectáreas bajo riego es un verdadero latifundio que, en nuestra opinión, no debería de ningún modo ser impulsado por Gana Perú. Se espera una rectificación”, dice esta institución.

Derechos laborales

La voluntad de fiscalizar el respeto de los derechos laborales, así como de las condiciones de salubridad y seguridad del trabajo es un punto a resaltar en la hoja de ruta. Esto es necesario, pues existe una contradicción entre la modernidad técnica y gerencial de la mayor parte de los neolatifundios agroexportadores y lo primitivo de las relaciones laborales. Aun cuando cumpliesen las normas laborales, la legislación que se aplica a los asalariados agrarios les reconoce, a estos, menos derechos que los de la legislación laboral común. Peor aún es la situación de los centenares de miles de asalariados rurales que laboran en empresas más pequeñas, que están casi totalmente fuera del alcance de los inspectores del Ministerio de Trabajo.

El plan original también incorporaba dentro de sus prioridades el desarrollo de la ciencia y tecnología para la producción agraria, que no es mencionado en la hoja de ruta. “Es sabido el poco interés de los gobiernos en promover la investigación, que se manifiesta en la pobreza de recursos y de orientación del INIA y en la poca iniciativa en estimular al sector privado. Salvo los bolsones de modernidad vinculados a la exportación, el nivel tecnológico de nuestra agricultura es bastante precario”, refiere Suárez.

Un desafío adicional es que no necesariamente la modernidad que conocemos es la deseable, pues muchos de sus elementos no son sostenibles (uso de tecnologías fósil, monoproducción, uso intensivo de insumos químicos, etc.), por lo que es necesario ser muy creativos en desarrollar una modernidad sostenible y amable con la naturaleza.

Para Suárez hay muchos puntos del plan que habría que recuperar. “Ahora solo queda esperar el mensaje que dará el ministro del sector en el Congreso. Solo ese día se sabrá si este gobierno realmente apostará por el campo o como la mayoría hicieron, le dará la espalda”, manifiesta el exfuncionario.


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