Los blindajes del Congreso

La impunidad y la corrupción parece que se resisten a dejar el Congreso. En solo seis meses de gestión, este nuevo Parlamento ya archivó una veintena de denuncias. Una vez más los blindajes vienen jugándole una mala jugada al país

Nuevamente el Congreso de la República claudicó su papel de fiscalizador. Cuando todos los peruanos pensábamos que los nuevos integrantes del Parlamento iban a diferencia de los anteriores a dejar de lado viejas prácticas sucedió todo lo contrario. La noche del 18 de enero, 13 legisladores de los 25 que conforman la Comisión Permanente del Congreso votaron a favor del archivamiento de la acusación constitucional contra Omar Chehade, por su presunto lobby a favor del Grupo Wong para que tome posesión de la azucarera Andahuasi.

Esta decisión fue duramente criticada, no solo por la oposición, sino también por la opinión pública. No olvidemos que este Congreso entró con la imagen de luchar contra la impunidad y la corrupción. Sin embargo, seis meses después todo parece indicar que estas dos lacras continuarán presentes en este poder del Estado.

Y es que el caso de Omar Chehade no es único que se ha suscitado dentro del seno de este nuevo Parlamento. A él se suman varios congresistas quienes vienen siendo investigados, no solo por haber cometido faltas sino también por estar inmersos en algunos delitos.

“EL Universal” recopiló un gran número de denuncias, 12 de ellas presentadas desde octubre del año pasado por el mismo Fiscal de la Nación, José Peláez, que debieron ser resueltas acusando a dichos parlamentarios, pero sin embargo en un falso espíritu de cuerpo, seis de ellas fueron archivadas por la Comisión de Ética de este poder del Estado.

Dicha comisión que preside Humberto Lay – solo decidió de todos los casos presentados, la suspensión de 120 días de los congresistas por Gana Perú Amado Romero, Omar Chehade y Celia Anicama, dejando de este modo en proceso de investigación los otros restantes que según versiones de los propios integrantes de la comisión no reúnen las pruebas suficientes para ser procesados.

Entre los congresistas que se salvarían de alguna suspensión destacan los fujimoristas Francisco Ccama (investigado por la Fiscalía por contaminación ambiental), Néstor Valqui (acusado de proxenetismo), Federico Pariona, Alejandro Yovera (por falsa declaración en sus hojas de vida) y por Gana Perú, Wilder Ruiz.

Ante esta avalancha de críticas por parte de la opinión pública, la Comisión de Ética solo atinó a señalar que deja en plena libertad al Poder Judicial para que investigue a quienes tenga que investigar, claudicando de esta manera su obligación de combatir la corrupción y la impunidad en el interior del Congreso.

Esta desafortunada conducta de algunos miembros de la Comisión de Ética, llevó a que el oficialista Jaime Valencia señalara que si bien existía más de una razón para denunciar a algunos de sus colegas, sus casos fueron archivados por el falso espíritu de cuerpo que algunos congresistas practican.

El congresista se refiere a lo sucedido el último viernes en la que el grupo que preside el congresista Humberto Lay, desestimó procesar –por faltas a la conducta parlamentaria– a cinco legisladores, tres de ellos investigados por presunto delito de lavado de activos: María López Córdova (Fuerza 2011), Virgilio Acuña (Solidaridad) y Carlos Bruce (Concertación).

Además, salvó a Josué Gutiérrez Cóndor, el legislador de Gana Perú cuestionado por viajar a Moscú con Alexis Humala Tasso, hermano del jefe del Estado, y sostener reuniones ‘oficiales’ con autoridades rusas.

Previamente, en diciembre, la comisión que encabeza Lay había archivado dos denuncias: una contra Vicente Zeballos (Solidaridad), quien enfrenta una denuncia por delito contra la fe pública ante la Segunda Fiscalía de Moquegua.

También se suma el caso del legislador Mariano Portugal (Alianza Parlamentaria), investigado por la Fiscalía Provincial Penal de Lima por presunto delito de falsa declaración en un proceso administrativo.

Si bien este nuevo Congreso que solo tiene seis meses en actividad ya ha blindado a casi una veintena, hay que recordar que el Parlamento anterior durante ese mismo tiempo libró a muchos más, manteniendo aún el triste record de impunidad.

Barrios y Essalud

Entre los escándalos más sonados del anterior Congreso, están el archivamiento de la denuncia en contra del ex presidente de Essalud Fernando Barrios, militante aprista a quién se le acusó de cobrar de forma irregular la suma de S/ 198 mil de liquidación por un supuesto despido arbitrario. Ocho meses después de este bochornoso incidente el titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Juan Fernández Castillo, archivó el caso asegurando que no existía delito alguno contra la administración pública – dejando en plena libertad al Congreso si esta quisiera abrirle alguna instructiva – cosa que nunca debido a que casi el 70% de los miembros de la Comisión de Acusaciones Constitucionales eran apristas.

Del Castillo libre de acusaciones

Ser miembro activo del partido aprista parece que fue una excusa perfecta para salvarse en la legislatura pasada. Ese el caso del excongresista Jorge Del Castillo, quién en abril del 2010 a raíz de un reportaje televisivo se descubrió que habría beneficiado a la empresa Petrolera Monterrico, con la adjudicación de lotes petroleros sin una licitación de por medio. Este hecho causó todo un escándalo mediático que llegó hasta el Congreso – en donde de manera unánime se decidió que no habría pruebas suficientes para poder desaforarlo. Meses después, el mismo Del Castillo también era implicado en el cao BTR – en donde se les vinculaba a los conocidos militantes apristas Rómulo León y al abogado Alberto Químper en el tráfico de influencias a favor de la petrolera danesa Discovery, acusación que también fue desestimada meses por el Parlamento.