Problema latente

A pesar de la vigencia de la Ley 28704 que prohíbe las relaciones sexuales de adolecentes, este parece ser que no esta dando resultado. Según el INEI da cuenta que un 40% de adolecentes inician su vida sexual antes de los 18 años, provocando que el porcentaje de embarazos se dispare. ¿hecha la ley hecha la trampa?

“Yo no quería ser madre todavía, pero por un error hoy estoy pagando las consecuencias”. Así nos narra Gisela (15), quien al verse atrapada en una realidad que no es la suya. Ella lleva siete meses de embarazo y un futuro aún más incierto. Tener la mente carente de conocimientos sobre las consecuencias del inicio de una relación sexual la llevaron a quedar embarazada la primera vez que estuvo con su pareja un año mayor que ella. Miles de cosas pasaron por su cabeza aquel día – pero ninguna de ellas le decía que mantener relaciones sin protección le exponía a alguna enfermedad de trasmisión sexual o a un embarazo no deseado, motivo por el cual tres semanas después de aquel hecho recién tuvo conocimiento del problema en que estaba inmersa.

“Recuerdo que al enterarse de la situación en la que me encontraba mi enamorado solo atinó a decirme que el problema era solo mío y que el estaba joven como para hacerse cargo de una familia por lo que tomo la decisión de abandonarme”, nos dice entre lágrimas.

La historia de Gisela es una de las tantas que existe en nuestro país. Ella como muchas otras más - son víctimas de un sistema que mediante de leyes y medidas equivocadas vienen desprotegiendo a los menores de edad al negarles una debida orientación reproductiva en algún centro de salud – debido a una norma que prohíbe que menores de edad tenga una orientación adecuada y ayuda profesional – mediante leyes que lo único que hacen es agravar el problema.

Una de estas iniciativas del gobierno para salvaguardar la integridad de las adolecentes es la Ley Nº 28704 que penaliza las relaciones sexuales entre adolescentes menores de 18 años (así estas sean consentidas), además de negar todo tipo de a asesoría médica profesional por parte de algún establecimiento de salud bajo amenaza de denuncia por parte de la fiscalía de prevención del delito.

Este tipo de iniciativas por parte de normas equívocas y políticas desorientadas nos hacen reflexionar sobre este tema ¿Las restricciones impuestas el Estado son o no efectivas? ¿acaso penalizando el inicio de una relación sexual, esta va a disminuir?

Para Rossina Guerrero, directora de Promsex, señala que desde en 2006 - fecha en que penalizaron las relaciones sexuales, estos se convirtieron en un problema de salud pública debido a que esta norma lo único que han hecho es retroceder en materia legislativa – y las cifras así lo confirman. Desde que entro en vigencia esta cuestionada norma el índice de embarazos no deseados en adolecentes aumentaron en un 13.7% , esto a raíz de que los centros de salud y nosocomios de todo el país tenían que regirse a la norma vigente – la cual consideraban como una violación los embarazos de jóvenes menores de edad – por lo que estaban en la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso que se presente, siendo las relaciones la prueba del delito. Es por esa razón señala la especialista – que en la actualidad existen jóvenes que prefieren mantenerse en la clandestinidad sus embarazos – poniendo en riesgo no solo su vida sino la de su hijo.

Guerrero agrega que a raíz de mantener embarazos sin ninguna atención médica, estos han generados trastornos emocionales y psicológicos en la joven – provocando en muchos casos el aborto inducido, así como reiterados intentos de suicidio de la menor que terminaron de mala manera.

“No es posible que no se pueda modificar esta ley que lo único que ha traído es que el problema de los embarazos se halla incrementado, esto nos da un pésimo indicativo de lo que se nos viene. Las autoridades están equivocados si piensan de que prohibiendo las relaciones entre menores estos van a dejar de hacerlo – es una idea equivocada del problema que se debe modificar de inmediato”, acotó.

Una opinión similar es la que tiene Teresa Carpio, directora de la Ong Save the Children, quién señala que mediante estudios realizados el año pasado se llegó a la conclusión de que el inicio sexual de los jóvenes se incremento a un 35%, siendo las regiones de Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Piura y Huánuco los que más presentan este incremento, por lo que recomienda que el Estado no debe estar ajeno a los problemas reproductivos, en donde los jóvenes en pleno siglo XXI vienen siendo objeto de cambios en su vida sexual por lo que es más que importante que reciba una orientación profesional adecuada – en donde debe estar enfocada básicamente al uso de métodos anticonceptivos adecuados, así como ayuda psicológica y terapias familiares que busquen reducir esa cifra de embarazos no deseados.

Ante este hecho han salido en defensas numerosas ONGs en defensa de este derecho, exponiendo sus argumentos sobre el problema. Dentro de los que se resalta el Concejo Nacional de Adolecentes y Jóvenes para la Prevención del Embarazo (Conaajpea), quienes señalan que la exclusión de de las adolecentes de los servicios de salud como lo indica el artículo 4 de la Ley General de Salud, en donde se especifica que la menor no puede ser atendida si no es acompañada de sus padres o apoderados, situación que es por lo demás incómoda para la joven – dado que en nuestro país por ser un sociedad conservadora, no es habitual que esto ocurra – por lo que se hace inviable que esto ocurra.

Norma es autoexcluyente

Desde el año 2006 se viene penalizando las relaciones sexuales entre o con adolescentes menores de 18 años, que originó un problema de salud pública. Uno de los proyectos de ley que propuso modificar la Ley N° 28704 fue elaborado por la congresista Rosa Mavila. Otra iniciativa legal en el mismo sentido fue presentada por el congresista Juan Carlos Eguren. Como se hace evidente, iniciativas sobre este problema se han dado, lo que falta es compromiso de las autoridades.

Entre tanto para el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, señala que esta data de abril del 2006 y que modificó el Código Penal (artículo 173 inciso 3). La modificación señala que son delito las relaciones sexuales libres y consentidas con una persona mayor de 14 años y menor de 18. De esta manera, se establece que el consentimiento de dichos adolescentes carece de valor. Es decir, si un joven de 19 años tiene relaciones sexuales voluntarias con su enamorada de 17 años habrá cometido delito y se le impone una pena privativa de la libertad no menor de 25 años ni mayor de 30 años. Esta ley resulta inconstitucional y, además, desconoce la realidad.

Eso explica que haya sido cuestionada por el Poder Judicial. En mayo del 2007 la Corte Superior de Arequipa consideró que esta norma violaba la Constitución y no la aplicó a un caso concreto, es decir, hizo uso del control difuso. En julio del 2008 la Corte Suprema concluyó que si se trataba de una relación sexual voluntaria no había responsabilidad penal. No obstante, la norma sigue vigente y viene siendo aplicada.

Mayda Ramos Ballón, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, también se pronuncia: “Nuestra posición es la de modificar la ley porque esta no responde a la realidad del país. Nosotros hemos pedido al Congreso modificar la ley 28704 porque desconoce la realidad y sanciona las relaciones sexuales consentidas con menores de 14 años”.