Otro parlamentario con cuentas pendientes con la justicia se suma a la ya larga lista de “padres de la patria” que vienen defraudando al país. Con este desprestigio, existen algunos que sostienen que es necesario restaurar la cámara de senadores. ¿Usted qué cree?
El Congreso nuevamente en el ojo de la tormenta. A los casos de la “Roba Cable” y el “Come Oro”, esta vez se suma otro congresista con problemas. En lo que va de estas dos legislaturas, ya son más de ocho los parlamentarios-entre oficialistas y de oposición-que tienen casos pendientes con la justicia.
De acuerdo con la información que se desprende de los medios de comunicación, el Congresista de Gana Perú, Emiliano Apaza Condori, ocultó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la condena de cuatro años de prisión suspendida que purga actualmente por el delito de receptación aduanera agravada, conocido como contrabando, omitiéndola al momento de entregarles su hoja de vida.
Dicha situación judicial se asemeja a la que afrontó el Congreso en el caso de Rocío González Zúñiga, conocida con el apelativo de “Robaluz”, situación que llevó al Legislativo a desaforar a la mencionada parlamentaria, por el delito doloso de robo de luz a la compañía eléctrica de Arequipa.
Gracias a las investigaciones pertinentes llevadas a cabo en el 2010, se supo que Apaza Condori había recibido un camión Volvo, modelo FH12, de placa XH – 4158 en el año 2007, el mismo que, días después, fue “blanqueado” por Julia Callo Choquehuanca, quien vivía con el acusado congresista por esos meses. Para cambiar la apariencia del camión, Julia Callo le cambió el motor y pintó la caseta de otro color.
Se supo, también, que el pasado agosto, condenaron a Apaza Condori por el delito de contrabando, cuya sentencia consistía en cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter suspendida. Imponiéndole, además, una reparación civil de diez mil nuevos soles.
Emiliano Apaza afirma que él no sabía la procedencia sinuosa de ese vehículo, pero las pesquisas realizadas de forma eficaz por el Primer Juzgado Penal Liquidador de la provincia de San Román, dirigidas por el juez Félix Ochatoma Paravicino, arrojaron que Julia Callo Choquehuanca vivía en la misma residencia que el condenado en el tiempo en que éste recibió el Volvo. Por lo que sus argumentos de defensa quedan nulos.
Teniendo como antecedente el caso de la “Robaluz”, se presume que la desaforación por parte del Congreso hacia el acusado congresista no se hará esperar, ya que es necesario que este tipo de situaciones sean solucionados con la celeridad respectiva, evitando más daños colaterales a este gobierno que aún no cumple ni un año pero que en este corto tiempo ha visto perder a pasos agigantados su credibilidad.
Con respecto al tema de desafuero, la Carta Magna refiere que ningún parlamentario puede ejercer el cargo si no cuenta con la plena ciudadanía vigente. Y el artículo 33º, numeral 2, de la Constitución Política del Perú, señala: Que el ejercicio de la ciudadanía se suspende por “Sentencia con pena privativa de la libertad”. Siendo este el caso de Apaza Condori.
Congresistas opinan
La reacción por parte de los parlamentarios y penalistas no se hizo esperar, ya que, al igual que todo el pueblo, esperan que este caso sea solucionado con la precocidad que demanda, debido a la creciente ola de corrupción que tiñe de vergüenza al Parlamento.
“Cuando la Constitución se refiere a sentencia privativa de libertad está incluyendo a las condenas suspendidas y a las condicionales porque para efectos judiciales tienen el mismo valor”, indicó el penalista Mario Amoretti, quien afirma que el impedimento constitucional para que Apaza Condori siga en el cargo es claro y no deja lugar a dudas.
También dejó entrever su posición al considerar que el Jurado Nacional de Elecciones debe ser más efectivo al momento de fiscalizar las inscripciones de los candidatos a los curules parlamentarios.
“Si el congresista Apaza tiene condena, no puede seguir. Eso lo sabe Abugattás, porque él votó a favor del desafuero de Rocío”, señaló Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza 2011.
Al respecto, también se pronunció Carlos Bruce, congresista de Concertación Parlamentaria, afirmando que “es una vergüenza tener que referirse a estos temas. Si ya se procedió así con un caso anterior, creo que Apaza debe seguir el mismo caminó”, concluyó.
La Comisión de Ética, presidida por el congresista Humberto Lay, ya ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para que este viernes se debata el informe recibido y, de aprobarse, pase inmediatamente a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lay informó que, “lógicamente, le corresponde el desafuero”.
“Si hay indicio de comisión de un delito del cual todavía se está beneficiando, como es el caso de este congresista, lo pasaremos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, si ellos determinan que la sanción debe ser el desafuero, se debatirá en el Pleno”, señaló el congresista y presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay Sun.
Al respecto, también se obtuvo declaraciones del congresista Michael Urtecho, tercer vicepresidente del Congreso, quien se pronunció en la misma dirección: “El castigo hay que conversarlo en el Pleno, pero hay que sancionarlo. Con datos de esta naturaleza debería proceder el desafuero”, señaló.
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