Periodistas en peligro

Tras la liberación del ex alcalde de Pucallpa, acusado de ser el asesino intelectual del periodista Alberto Rivera y la orden de detención de Gina Sandoval, la prensa peruana queda peligrosamente desprotegida.

La impunidad y la intolerancia ganan terreno en nuestro medio. La tercera Sala Penal Para Reos Libres de Lima absolvió por tercera vez a Luis Valdez Villacorta, ex alcalde de Coronel Portillo (Pucallpa,), quien fuera acusado por la Fiscalía de ser el autor intelectual del asesinato a Alberto Rivera, periodista que investigaba los presuntos vínculos de este personaje con el narcotráfico.

Según la información que se desprende de los medios de comunicación, las pruebas  que presentó el Ministerio Público y la defensa del periodista, alegando que los sicarios que asesinaron a Rivera no tenían ningún motivo para matarlo y que el único interesado en silenciarlo era Valdez Villacorta, fueron, por tercera vez, rechazadas por la justicia, absolviendo de culpa al ex alcalde de Coronel Portillo. 

Esto es ya un motivo suficiente para reconocer que la impunidad nuevamente está ganando terreno en nuestra justicia y que los periodistas, tanto de Lima como de provincia, están evidentemente desprotegidos.

A este hecho se suma la arbitraria e irregular orden de detención emitida el pasado viernes por el Juzgado Penal de Turno de Lima contra Gina Sandoval, editora de un diario local, acontecimiento que ha provocado la indignación y el rechazo de diversos gremios periodísticos de todo el país, entre los que destacan la Federación de Periodistas del Perú, el Consejo de Prensa Peruano y la Asociación Nacional de Periodistas, entre otros. 

Ante lo ocurrido, la pregunta latente es ¿qué está pasando con la libertad de prensa en nuestro país? ¿La impunidad siempre prevalecerá a la justicia? ¿Los periodistas están siendo debidamente protegidos por las instituciones pertinentes? “El Universal”, queriendo atender estas dudas, buscó a personajes representativos de nuestra libertad de expresión, para solicitarles sus certeras declaraciones.

Adriana León, jefa del Área de Libertad de Prensa del IPYS (Instituto de Prensa y Sociedad) sobre el caso de Gina Sandoval dice que su institución reclamó por el mal procedimiento de la jueza, porque a pesar que la magistrada tenía conocimiento que el redactor Rudy Palma había dicho en su manifestación que él actuó solo sin el conocimiento de su jefa, ordenó su captura. “A mi entender el Poder Judicial ha obrado de manera rápida, quizás estén actuando presionados, pero lo bueno es que Gina Sandoval tiene un excelente abogado y el diario la está respaldando”.

“En el Perú existe la cultura del secretismo”

El Presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Roberto Mejía Alarcón, manifestó su postura en relación a los acontecimientos mencionados, resaltando el “predominio de la intolerancia en nuestro país” y la latente “cultura de secretismo” que existe y persiste en nuestro medio.

Refiriéndose a la situación de Gina Sandoval de Perú21, Mejía afirma que no se ha respetado el debido proceso, por eso, dice, la Oficina de Derechos Humanos del Periodista, ha solicitud del buró de la ANP, decidió solicitar ante el Poder Judicial una revisión del proceso, tomando en cuenta que su defensor legal ha revelado que se ha incurrido en omisiones en el debido desarrollo.

Para el presidente de la ANP, en el país predomina la intolerancia cuando un medio como Perú21 investiga casos de corrupción, de ahí que las autoridades traten de eliminar  al mensajero, por eso se recurre a la querella y hasta el encarcelamiento.

Sobre los amedrentamientos que sufren los periodistas en el interior del país, sostiene que estos se dan casi siempre debido a que los que administran justicia no valoran los casos que se presentan contra los hombres de prensa. “Perú sigue siendo un país donde existe la cultura del secretismo y en donde, a pesar de las recomendaciones de los organismos especializados de la ONU y la OEA, no se despenalizan los mal llamados delitos de prensa. El Congreso de la República tiene su cuota de responsabilidad en este subdesarrollo doctrinal en lo referente a la despenalización de los mencionados delitos, los mismos que deberían de ventilarse en el fuero civil, como ocurre en otros países del continente”, sostiene Mejía Alarcón.

Tanto el caso de Alberto Rivera como el de Gina Sandoval son razones suficientes para ponernos alerta ante cualquier tipo de intimidación y desprotección por parte del Estado, resguardándonos siempre bajo las leyes e instituciones que amparan la correcta labor del periodista, no dejando de realizar nuestra actividad fiscalizadora por hechos desafortunados como estos. De esta forma, se espera el eficaz desarrollo de los procedimientos, tanto en el caso del periodista asesinado como en el de la editora detenida.