El caso de Carlos Domínguez Díaz, presunto terrorista que laboraba en el Ministerio del Interior, y que fuera separado de su cargo, nos lleva a reflexionar si las personas que estuvieron vinculados a la subversión tienen o no derecho a laborar en las entidades del Estado.
La denuncia periodística de que el jefe de Asuntos Legales de la Dirección General del Ministerio del Interior, Carlos Domínguez Díaz, habría sido procesado por terrorismo encendió todas las alarmas en los diversos estamentos del Estado. Y es que para nadie es un secreto que Sendero Luminoso dentro de su trabajo de adoctrinamiento está la de infiltrarse en diferentes instituciones.
De acuerdo con los medios de prensa, Domínguez Díaz participó en un atentado a una unidad educativa en Chimbote en 1992 por lo que fue detenido en el 2001 por la Dircote y en su detención se le encontró propaganda senderista. A pesar de estos claros indicios, Domínguez fue contratado.
Tras la denuncia, el actual titular del Ministerio del Interior, Wilfredo Pedraza, comunicó la separación del presunto terrorista de su cargo y además anunció que se revisarán los antecedentes e historiales personales de los trabajadores. Sumado a esto, se procederá a evaluar las contrataciones de los trabajadores del sector para evitar más infiltraciones de subversivos.
Así mismo, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, aclaró que el gobierno será muy severo con cualquier presencia subversiva en la administración pública.
La decisión del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de separar de su cargo a Carlos Domínguez, llevó al presunto terrorista a señalar que él fue absuelto de los, hechos que se le imputo, gracias a un falló de la Corte Suprema de Justicia en 1998.
La noticia de que un presunto terrorista trabajaba ocupando un alto cargo en el Ministerio del Interior, llevó al congresista y exministro de esa cartera, Octavio Salazar, a decir que no solo en ese ministerio hay gente vinculada a Sendero Luminoso sino también en otros.
Sin precisar qué cargos estarían ocupando esos infiltrados, Salazar sostuvo que tiene conocimiento que en Educación, Salud y Trabajo hay elementos subversivos laborando en dichas instituciones.
Las declaraciones de Octavio Salazar llevaron a más de un peruano a preguntarse si una persona que alguna vez fue condenado por terrorismo tiene o no derecho de trabajar en una institución del Estado.
Para al congresista Salazar, ellos tienen el derecho a rehacer sus vidas y de laborar, pero libremente, sin vínculo alguno con el gobierno porque se han ganado la desconfianza total de los peruanos.
“Esa gente va a volver a caer en lo mismo. El pensamiento Gonzalo carcome el cerebro. Existe demasiada pasividad y tolerancia hacia ellos ya que los terroristas no son iguales a nosotros”, exclama.
Por su parte, el abogado y exjefe de la Dircote, John Caro, también coincide que se debe mantener al margen de los cargos públicos y estatales a todas aquellas personas que fueron sentenciadas por terrorismo.
“El derecho penal también busca la resocialización del hombre. Pero la experiencia nos ha demostrado que un terrorista muere siéndolo. No se puede considerar en un cargo público a alguien que ha matado a sus hermanos y destruido a su propio país”, aclara
Medidas a tomar
La titular de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello, planteó inhabilitar a los sentenciados o procesados por terrorismo para trabajar en el sector público. Si bien tienen derecho a reintegrarse a la sociedad, ésta misma tiene el derecho de protegerse, afirmó.
Por otro lado, se ha propuesto la Ley denominada ‘Negacionismo’, que ante la coyuntura que se está viviendo, penalizaría a todo aquel que justifique o niegue los delitos cometidos por el terrorismo. “Esperemos que éste sea un punto de quiebre definitivo para terminar de una vez por todas con esta amenaza. “Ya que un país que olvida su pasado, está condenada a repetirla”, dice la congresista.
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