La tregua de las maras hondureñas abre un proceso de pacificación regional inédito desde las guerras de los ochenta.
Honduras se convirtió desde el martes 28 de mayo en el segundo país de Centroamérica, después de El Salvador, en el que las temidas pandillas juveniles anuncian el inicio de una tregua con el Gobierno para acabar con la alta tasa de homicidios. En este país, el más violento del mundo según la ONU, se registra una media de 20 homicidios al día. Muchos de esos crímenes son atribuidos al terror sembrado por las dos principales pandillas, la Mara Salvatrucha o M-13 y la M-18, cuyos líderes pidieron perdón a la sociedad, invocaron a Dios y, bajo la mediación del obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, acordaron “cero crímenes, cero violencia en las calles”. “Pedimos perdón a la sociedad por el daño que hemos hecho”, dijo un integrante de la Mara Salvatrucha.
Las treguas de El Salvador y Honduras abren el proceso de pacificación más importante en la región desde las guerras civiles de los ochenta. La cuestión ahora es si esta paz puede también ser una realidad en Guatemala y en otros países donde estas organizaciones criminales transnacionales, nacidas en Los Ángeles en los ochenta, tienen presencia. Otra pregunta que se hacen muchos juristas es si a estas bandas criminales se les puede aplicar un proceso de paz de corte político.
El Gobierno hondureño, a través de un comunicado, agradeció la mediación de Emiliani y dijo que está dispuesto a dar su apoyo “en todo lo que sea necesario”. Sin embargo, su presidente ha tratado de mantenerse distante del diálogo entre pandillas, aunque una reducción en los índices de homicidios podría ser positiva para la deteriorada imagen del mandatario y el oficialista Partido Nacional, en momentos en los que Honduras se encuentra en plena campaña electoral. Las elecciones están previstas para el 24 de noviembre.
El anuncio de las pandillas se produjo en el Centro Penal de San Pedro Sula, localizado a 240 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El centro es un infierno cargado de violencia, donde los reclusos viven hacinados en celdas claustrofóbicas y en condiciones de insalubridad.
En El Salvador, la tregua entre pandillas difundida en marzo de 2012, ha caído en la incertidumbre sobre su futuro, dado que la Sala Constitucional de la Corte Suprema decidió anular los nombramientos de los generales David Munguía Payés como ministro de Seguridad y de Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil (PNC), porque, según los magistrados, violaban la Constitución, que establece que esos cargos deben ser ocupados por civiles. Munguía Payés y sus asesores fueron los principales promotores y negociadores de la tregua, que ha permitido reducir en un 45% los homicidios en ese país, por lo que se teme que su retirada del Gobierno ponga en peligro el acuerdo con los mareros.
Todavía está por verse si el anuncio de las pandillas en Honduras logrará el mismo resultado que en El Salvador. “Honduras tiene niveles de violencia más altos que los que tenía El Salvador y, comparativamente hablando, tiene un papel más importante en el tráfico de drogas que lo vuelve más susceptible a la violencia asociada al crimen organizado”, dijo Gema Santamaría, consultora e investigadora del Informe de Desarrollo Humano sobre Seguridad Ciudadana en América Latina del Programa de Desarrollo Humano de la ONU (PNUD). (EL PAIS)
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