La aprobación de la Ley de Servicio Civil ha causado algarabía en unos y protesta en otros. Mientras los sindicatos consideran la norma como abusiva, el Ejecutivo afirma que ayudará a dar beneficios al trabajador. ¿Cuál es la verdad ante todo esto?
El presidente Ollanta Humala aseguró que la Ley del Servicio Civil será beneficiosa para los trabajadores públicos y de ninguna manera generará despidos masivos, como ocurrió en la década de 1990.
El jefe del Estado explicó que la norma busca dar una oportunidad al trabajador público de capacitarse, tener más derechos y dar un mejor servicio a los ciudadanos; a la vez, que modernizar al Estado.
“Esta ley la hemos hecho pensando en un Estado eficiente, moderno, y pensando en el bolsillo del trabajador y en su tranquilidad laboral.”
¿Qué tan cierto es lo que afirma el presidente Humala respecto a este ley? Para empezar hay que señalar que el Estado actualmente tiene tres regímenes laborales (D.L. 276, D.L. 278 y CAS), 500 normas, más de 100 escalas remunerativas y una planilla pública con 400 diferentes conceptos de pago.
A través de la Ley del Servicio Civil lo que se busca es establecer un régimen único para los trabajadores estatales, quienes pasaran por evaluaciones, recibirán CTS y gratificaciones completas.
A diferencia de lo que muchos creían, dice el abogado laboralista Carlos Ezeta, la ley no obliga a ningún trabajador a cambiarse de régimen si no está de acuerdo. “El cambio es opcional y no será de la noche a la mañana, de ninguna manera, porque tiene una implementación de seis años”, refiere.
Sin embargo, el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Olmedo Auris, señala que la ley es nefasta ya que no busca unificar sino crear un nuevo régimen y promover el caos y la anarquía.
“La ley es inconstitucional y viola los derechos de los trabajadores estatales. Nos obligan a empezar de cero sin considerar los años de trabajo. Se dice que va a mejorar la administración pública cuando no es así. Y las evaluaciones sirven para desaprobar a los trabajadores y, consecuentemente, despedirlos e indisponerlos ante la opinión pública como profesionales de dudosa formación”, argumenta.
Según Auris, lo que se quiere es preparar el terreno para utilizar los puestos vacantes, que dejen los trabajadores ‘desaprobados’ en la administración pública, para ‘pagar’ favores políticos. Ante esto, Ezeta desmiente dicha afirmación y la tilda de ‘especulación’, ya que, según dice, la ley busca que el trabajador sea capacitado para que pueda aprobar la evaluación hasta en tres oportunidades, y no despedido como afirma el vicepresidente de la CGTP.
Por su parte Olmedo Auris se pregunta por qué la ley excluye a los trabajadores del BCR, SUNAT y el Congreso de la República. “A los otros regímenes no se les obliga a cambiarse, en cambio a nosotros- o sea la mayoría-sí. ¿Por qué? Eso me hace sospechar que quieren utilizar los puestos públicos por motivos políticos”, dice.
Carlos Ezeta explica que los trabajadores del Indecopi, Sunat y BCR no entran en la implementación porque el 95% están en entes especiales. “Necesitan de un nivel distinto en conocimiento para ocupar dichos cargos y por consiguiente también en lo salarial”, sostiene.
Afirma que la norma es buena, aunque sí reconoce que como Servir (Autoridad Nacional del Servicio Civil) va a manejar la problemática laboral, pueda haber cierta manipulación. “Si Servir depende del Estado, ¿tiene imparcialidad ante algún caso de injusticia hacia el trabajador? Ninguna. Pero en términos generales es buena. El gran error fue imponer el sistema, allí está la razón de las protestas, sumado a eso, la desinformación”, finaliza. Ahora, solo queda esperar que los resultados califiquen si la ley es buena o mala. (JP)
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