Ocho periodistas viajaron de Ayacucho a Uchuraccay en busca de una primicia sin saber que ellos harían noticia. A pesar de los años transcurridos, aún se desconoce a los autores intelectuales de sus muertes.
El 26 de enero último se recordó la muerte de ocho periodistas en las alturas de Uchuraccay, Ayacucho.
A pesar que en su momento se condenó a cuatro campesinos por estos hechos, la sentencia emitida por el Poder Judicial nunca dijo nada sobre los autores intelectuales.
Al cumplirse 31 años de aquella matanza, el decano del Colegio de Periodistas del Perú (CPP), Max Obregón, sostuvo que era hora de saber la verdad, por ello informó que los gremios periodísticos del país insistirán en la demanda que han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se reabran las investigaciones sobre los hechos ocurridos en la comunidad ayacuchana el 26 de enero de 1983.
Obregón, a través de la línea telefónica, recuerda que la mayoría de los hombres de prensa asesinados en Uchuraccay representaba a medios de oposición y se encontraba cubriendo la confirmación de una matanza ocurrida en la zona, aparentemente por las fuerzas militares.
“Lo que los deudos y nosotros mismos estamos buscando es que estas muertes no queden impunes, por eso estamos presentando los documentos ante la Corte Interamericana para que se reabra el juicio”, sostiene el decano del CPP.
Recordando la historia
Muchos peruanos probablemente no recuerden que aconteció en esa comunidad. Para un país como el nuestro, donde la mayoría son jóvenes, es importante describir los hechos que conmovieron en su momento a la opinión pública, para así no repetir los errores del pasado.
En su afán por conseguir la primicia, ocho periodistas: Eduardo de la Pinilla, Pedro Sánchez, Jorge Luís Mendivil y Willy Retto de El Observador, junto a Jorge Sedano de La República y Amador García de la revista Oiga parten a las 6:00 de la mañana de Ayacucho el 26 de enero de 1983 a una comunidad casi desconocida para el país, de nombre Uchuraccay, donde por primera vez los campesinos habían matado terroristas.
Después se unirían los corresponsales ayacuchanos Félix Gavilán, del diario Marka, y Octavio Infante, del diario Noticias.
Todos ellos pasaron por varios controles militares y policiales, para llegar a la casa de quien sería su guía, Juan Argumedo. Este los dejaría a una distancia prudente desde la cual no podrían perderse. Sin embargo, nadie les advirtió del peligro reinante en la zona.
Una vez en Uchuraccay, los periodistas buscaron la mediación de un joven de la comunidad, quien vestía ropa de ciudad y hablaba castellano, para que les hiciera comprender a los comuneros el motivo de su visita. A pesar de ello, los campesinos se sintieron amenazados.
Ante esto, los periodistas solicitan ser entregados a la Policía de Tambo, pero cuando parecía haberse llegado a un acuerdo, Silvio Chávez Soto, secretario de la comunidad, ordenó matarlos convencidos que ellos eran terroristas.
La matanza fue cruel y solo duró 20 minutos. Luego fueron enterrados en cuatro fosas de dos en dos. Esa misma noche mataron al guía Juan Argumedo y a Severino Huáscar. A este último, por su vínculo con los subversivos.
¿Qué paso?
El misterio de estas muertes radica en las diferentes teorías que se dieron, tanto oficiales como de los medios de comunicación y hasta de los mismos familiares, en la desesperación de encontrar responsables del crimen.
La autoría de la masacre recae, según fuentes oficiales y periodistas, en los comuneros. Los habitantes de esta zona vivían a la defensiva, matando senderistas que sembraban el terror. Los comuneros no veían otra salida, debían defenderse de alguna manera. Sin embargo, existe una teoría que apunta hacia el Ejército.
El asesinato de los periodistas generó tres investigaciones. La primera estuvo presidida por Mario Vargas Llosa, quien no pudo determinar los pormenores de los ocurrido el 26 de enero ante la negativa de los comuneros para hablar.
La segunda fue realizada por el Poder Judicial, mediante un proceso penal confuso y dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987, sentenciando a cuatro campesinos y ordenando la captura de otros 14.
Finalmente, en el 2001, la Comisión de la Verdad constató que la comunidad entendía el orden jurídico y seguía un instinto natural de supervivencia.
Por estas diferencias de criterio, 31 años después de la matanza, los deudos y el gremio periodístico del país buscan llegar a la verdad. ¿Lo encontrarán?
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