Madre denuncia que
el Ministerio de Educación excluye a las personas con discapacidad de la
Evaluación Censal de Estudiantes.
Con
solo ocho años, Luciana Belén Palacios, estudiante de primaria del colegio San
Luis Rey de Cieneguilla, ya conoce el significado de la palabra exclusión. Su
madre, Justine Alayo Castañeda, recuerda con tristeza que lo aprendió cuando un
docente expulsó del aula a su hija para que no rindiera el examen que
calificaría su comprensión lectora y de matemáticas por tener Síndrome
Down.
En
el Perú son muchos los alumnos con discapacidad excluidos cada año de la Evaluación
Censal de Estudiantes (ECE), una situación frente a la que el Ministerio de Educación (Minedu) no ha sabido solucionar hasta ahora. Casos como el de Luciana Palacios ponen en
debate la necesidad de adaptar estas pruebas a los alumnos con discapacidad y
sitúan a la educación inclusiva en un horizonte muy lejano.
“Al día siguiente
de que mi hija fuera retirada de la prueba, me acerqué a preguntar el motivo de
la marginación a los encargados. Ellos nerviosos afirmaron haberse ceñido al
protocolo del Ministerio de Educación que inhabilita dar el examen a
quienes no cuentan con la autonomía suficiente”, afirma Justine Alayo, mientras
prepara la comida de su pequeña Luciana, quien se entretiene con los juguetes
de su hermana mayor al lado de la puerta de la cocina.
Ante
la exclusión de su hija de la prueba educativa celebrada durante los días 29 y
30 de noviembre del 2016, Justine decidió no quedarse de brazos cruzados y se
contactó con el Minedu. La Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes le respondió que el centro educativo debió haber coordinado con
los padres previamente la participación de la menor en la prueba, y que “la
definición de la autonomía para participar recae en la responsabilidad del
docente, director y los padres de familia”.
Según
aparece en las fichas oficiales de la ECE, entregadas a los centros
educativos, solo pueden rendir el examen los estudiantes que puedan dar la
prueba “autónomamente”. Mientras que los alumnos que necesiten ayuda
simplemente no dan la prueba y deberán ser llevados a algún otro ambiente bajo
el cuidado de un profesor.
“Es
necesario cambiar el protocolo para que no se exija la autonomía como requisito
para rendir el examen. Se deben asegurar los apoyos para que los alumnos puedan
dar esta evaluación”, precisa Silvana Queija, de Sodis.
El
progreso académico de los niños con discapacidad no parece importante para el Minedu
pues ha venido ignorando la recomendación de la Defensoría del Pueblo, que en
su informe N°155, propone adaptar las evaluaciones aplicadas a los estudiantes
con discapacidad con el objetivo de evitar la frecuente exclusión
educativa de estos alumnos. Desde la publicación de este informe en 2009, los
casos no han dejado de incrementarse.
“Creemos que debe haber una reformulación total del sistema de
la educación para que acoja la diversidad. Todavía falta mucho en el Perú. En
este caso, así como el año pasado se hicieron algunos ajustes a las pruebas
para personas con dificultades visuales y auditivas, también debería hacerse
para las personas con discapacidad intelectual con pruebas más cortas que
permitan el acompañamiento. La solución
tampoco es dar la prueba a la fuerza pero se debe buscar medir el progreso del
niño frente a él mismo”, explica
Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome Down y coordinador
de la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva, una plataforma
integrada por 16 organizaciones vinculadas al derecho a la educación.
En
nuestro país, siete de cada diez niños con discapacidad no acuden a la escuela
y se quedan sin recibir algún tipo de educación, mientras el escaso 22% de
niños que cruzan esa frontera y acuden al aula, como Luciana Belén Palacios,
tampoco se escapan de la exclusión; una triste realidad que desdibuja la puesta
en marcha de la educación inclusiva en el país, reconocida en la Ley General de
Educación y Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Se
debe sustituir la educación especial, donde solo acuden niños con discapacidad,
por una inclusiva, y el reto de la nueva gestión del Minedu está en redirigir
su presupuesto hacia este modelo”, comenta Queija.
La
nueva gestión del Minedu tiene una gran oportunidad para implementar un modelo
educativo verdaderamente inclusivo que no se dirija solo a incluir a las
personas con discapacidad, sino que apueste por escuelas en donde se valore la
diversidad y todos los niños puedan desarrollar sus potencialidades en
comunidad. Cabe señalar que desde la Coalición por la Educación inclusiva se
está solicitando al Minedu la conformación de una mesa de trabajo que permita
el planteamiento conjunto entre sociedad civil y el Estado de una mejora del
actual sistema. (Redacción)
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