En el libro la Historia de la
corrupción en el Perú, el escritor Alfonso Quiroz afirma que por culpa de
esta lacra el Perú perdió US$ 39.874 millones entre 1820 y el 2000. ¿En el caso
Odebrecht, cuánto habremos perdido?
Ronald Gamarra,
abogado, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien
dirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos
humanos ocurridos en el Perú durante la dictadura de Fujimori, cree que este
caso no está siendo investigando adecuadamente pese a la magnitud de los hechos. Nos explica el estado de las investigaciones y qué es lo que
debería hacer la Fiscalía para lograr desentrañar las inmundicias de la
corrupción y asegurar justicia para el Estado.
—El caso Odebrecht ha destapado uno de los casos de corrupción de
funcionarios públicos más grandes a nivel mundial. En el caso peruano involucra
al menos a tres exgobiernos, ¿este hecho se puede comparar a la corrupción de
la década de los 90?
—Este es un caso distinto al de Fujimori. Durante
el gobierno fujimorista se tomó por asalto todos los poderes e instituciones
del Estado; había un proyecto político detrás que además supuso un golpe de
Estado para permitir la permanencia en el poder, controlar las instituciones
democráticas, desnaturalizarlas, y por supuesto utilizar hasta aparatos
represivos extralegales para afianzar su poder. En el tema de Odebrecht, el
Perú fue parte de un sistema corrupto que involucró hasta 13 países, y no
significa que no sea una empresa criminal con resultados catastróficos para los
países que los sufrieron.
—La Fiscalía ha optado por llegar a un acuerdo con Odebrecht para que
este le brinde información cuando la necesite, mientras que en otros gobiernos
de Latinoamérica han tomado medidas de fuerza. ¿Por qué existe una defensa
de la estabilidad de la empresa cuando un acuerdo de esta naturaleza implica
riesgos como la fuga de funcionarios o la pérdida de documentos importantes?
—Respecto a lo de la Fiscalía, creo en la buena
voluntad, tanto de Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, como de Hamilton Castro,
el fiscal a cargo del tema. Creo que ellos están haciendo lo que creen
corresponde para hacer una investigación objetiva y llegar a resultados. Sin
embargo, creo que la Fiscalía empezó muy tarde las investigaciones contra
Odebrecht, y además mal, muy débil, porque no tenía información propia respecto
a los que acontecía la corrupción de Odebrecht. Prácticamente no tenía nada:
En noviembre del año pasado se inician
investigaciones solamente por una transacción vinculada a una empresa que había
hecho tratos con Odebrecht en algún momento y respecto de una persona que ni
siquiera era el responsable de acto intermedio en este acto de corrupción, me
refiero al señor Monteverde. Además, inicia su investigación con dos
reportajes: uno de IDL-Reporteros y
una nota de El Comercio, o sea,
prácticamente el Ministerio Público no tenía nada. En diciembre, cuando se
conoce el convenio con EE.UU. es ahí donde se amplían las investigaciones
contra los que resulten responsables. Ni siquiera contra Marcelo Odebrecht,
Jorge Barata, o la empresa específicamente.
A mí me gustaría que fuera el Ministerio Público el
que tenga la dirección de la investigación y no funcione sobre la base de lo
que poquito a poco le concede la empresa. Evidentemente Odebrecht no le está
brindando toda la información ni está efectuando la devolución de todo el
dinero malhabido.
La abogada de Odebrecht, Lourdes Carreño, es la
encargada del área legal de la empresa y quien posiblemente haya sido testigo o
partícipe de los múltiples casos de corrupción de la empresa. Además, Carreño
participó de la mesa directiva de la Comisión de Gracias Presidenciales bajo la
dirección de Chinguel, ahora preso por corrupción durante el gobierno aprista,
en donde solo renunció sin mayor proceso. ¿Cómo es posible que la Fiscalía siga
en un rol pasivo con esta cuestionada funcionaria?
La Fiscalía sabe que para avanzar necesitaba dos
cosas: en primer lugar, asistencia jurídica internacional, es decir, conseguir
la información que está en otros países a través de sus Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos, y en segundo lugar, la delación premiada. ¿Quiénes tienen
esta información? Los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quieren la información?
Entonces tendremos que negociar con Odebrecht, pero en el camino la Fiscalía se
dio cuenta que la información producto de la Asistencia Jurídica Internacional
no la iba a conseguir fácil ni rápidamente. ¿Por qué? Por la burocracia. El
problema común de todos los países de considerar muy pulcramente la información
antes de entregar, entonces eso va a tomar tiempo. La Fiscalía necesita obtener
avances y resultados pronto, por eso es que se decide a la negociación ofrecida
por Odebrecht.
A mí no me parece mal la negociación per
se, a mí me parece que es el camino para avanzar objetivamente la
investigación y lograr resultados. Lo que me parece mal es la forma cómo se
negoció, el Perú sigue negociando mal con Odebrecht y la empresa está haciendo
lo que mejor le conviene.
Hay una presión de parte del fujimorismo para que
las investigaciones solo abarquen los tres últimos gobiernos y no al gobierno
de Fujimori, cree Ud. que si el fujimorismo no es investigado van a salir
fortalecidos políticamente, pese a que el gobierno de Fujimori ha sido
calificado como el más corrupto.
Dada la performance delictiva de la entidad, lo
correcto sería investigar todo lo hecho desde su ingreso al Perú, probablemente
ahí encontraríamos algunos actos delictivos o el mismo espíritu delictivo
sistemático. ¿Eso significa investigar también la época de Fujimori? Habrá que
investigarlo. Ahora, existen varios tipos de investigación: histórica,
política, mediática, periodística, y legal. Yo no sé si los tiempos dan para
poder investigar judicialmente la época de Fujimori o si es un tema que ya
prescribió. Pero sí creo que desde el punto de vista de lo que corresponde al
Estado peruano es investigar cualquier posibilidad de acto de corrupción
cometido por la empresa, de allí que si en los años noventa Fujimori era
presidente hay que investigarlo. Igual sería mi punto de vista si hubiera sido
cualquier otro presidente. Hay que investigarlo absolutamente todo.
—En
el libro Historia de la Corrupción en el
Perú de Alfonso Quiroz se afirma que Montesinos había logrado una red para
sobornar funcionarios y castigar a quienes intentaran oponerse. ¿Por qué se
archivaron las denuncias de Pedro Morote Cornejo, excolaborador del empresario
Gonzalo Monteverde, entre otras? ¿Por qué existió una continuidad de la
corrupción de la empresa durante tantos gobiernos?
—Eso
refleja por un lado la acción criminal de la empresa y por otro lado la
debilidad del Estado peruano en democracia, porque uno pensaba que juzgando al
gobierno autoritario de Fujimori y sus actos de corrupción saldábamos nuestra
deuda con la historia en la lucha contra la corrupción. Eso no ha sido así
porque igualmente en la época democrática el Estado ha sido muy débil para
combatir actos de corrupción y esto alienta casos de corrupción extranjera y
nacional.
Lamentablemente
nuestro sistema fiscal y judicial permite que aquellos casos de corrupción
queden en la impunidad, y que en el Perú hoy en día estemos hablando de la
investigación sobre Odebrecht u otras empresas brasileñas únicamente a partir
de la información con prueba que nos llega desde Brasil, Estados Unidos, y
Suiza. Probablemente sí de nuestra justicia dependiera no tendríamos ninguna
investigación en curso contra la corrupción de Odebrecht y otras empresas
brasileñas.
—¿Qué va
a pasar con los delitos por corrupción que ya han prescrito?
—Depende
del tipo de delito, aquellos que sean sancionados con penas menores es evidente
que a estas alturas los casos ya han prescrito y no hay posibilidad de
llevarlos a un proceso penal y mucho menos de sancionarlos. Sin embargo, creo
que los políticos que hayan desempeñado los cargos de presidentes de la
república, ministros, o alcaldes de Lima tienen que ser investigados, aun
cuando eventualmente los hechos delictivos en los que pudieron haber incurrido
se encuentren a la fecha prescritos.
—En el
caso de la donación de más de 250 mil dólares a Ipys, ¿cree que realmente hubo
una violación a los principios fundamentales del periodismo y los periodistas
involucrados, tanto desde los organizadores como los postulantes? ¿Cree que
efectivamente pudo haber existido algún tipo de influencia en las
investigaciones hechas por los postulantes?
—Yo
creo que ahí hay que andar con mucho cuidado, no podemos atribuir
responsabilidad a todos. En el caso del periodismo, si alguien tiene algún
vínculo con Odebrecht debería decirlo antes de escribir a favor de la empresa.
Si alguien ha postulado a un premio y no sabía que la empresa Odebrecht es la
que financiaba no hay ningún tipo de responsabilidad ética. Si no le han pagado
para escribir a favor de Odebrecht no hay ninguna responsabilidad. Si antes y
después escribieron en contra de Odebrecht, ¿dónde está la responsabilidad?
El
tema es que, ¿acaso los directivos de Ipys no sabían, en la época que
recibieron la donación, que había denuncias serias de posibles vinculaciones de
Odebrecht a casos de corrupción? Ya a esas alturas: 2013, 2014, es evidente que
las denuncias estaban hechas. Ese dinero no debió ser aceptado desde Ipys.
—Tanto
la Confiep como el MEF han declarado que el escándalo de Odebrecht va a
dificultar el crecimiento económico del país (de 4.8 a 3.8). Sin embargo, Enzo
Difilipi, ex viceministro de Economía, asegura que a pesar de que Odebrecht
tiene comprometidos 10 mil millones en el país, esto no significará una
desestabilización del sector, sino más bien un rebalance del mercado. ¿Qué
balance saca de estas declaraciones?
—Odebrecht
ha afectado al país de múltiples maneras y sí creo que va a ocasionar también
una modificación en las expectativas económicas del país, teniendo en cuenta la
importancia de los proyectos económicos de los que forma parte Odebrecht. Yo
sería de la idea de que el Poder Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, la
Procuraduría, deben tener muy en cuenta al momento de imponer una sanción a la
empresa, no solo el dinero ilícitamente percibido, sino el daño adicional del
grave perjuicio que va a causar a la economía nacional. Todo ese dinero debe
serle impuesto como multa o como reparación a la empresa y tiene que ser
cobrado. Por eso que, si Odebrecht quiere vender sus activos, que los venda,
una muy buena parte de esa venta de activos debe quedar en poder del Estado
peruano a resultas de la reparación y la multa que en su momento se le imponga,
pero el Perú no puede ser tan tonto para permitir que Odebrecht venda sus
activos y se los lleve.
—Si bien
el Congreso ha pedido el congelamiento de las cuentas de Odebrecht para
asegurar que la empresa pague las sanciones que se le imputarán, esto no sería
posible pues la ley estipula que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo
puede realizarlo cuando se encuentra lavado de activos. La otra vía es por
decisión del juez, sin embargo, esto demoraría pues tendrían que haber pruebas
que sindiquen el delito por parte de la empresa. ¿Existe posibilidad alguna de
realizarlo?
—Yo
creo que la Fiscalía primero debió allanar sus oficinas, inmovilizar sus
activos, congelar sus cuentas, y luego negociar. Alrededor de las primeras
investigaciones abiertas por el Ministerio Público con nombre y apellido hay
que tener cuenta que uno de los imputados es también por lavado de activos.
Así, en una ampliación de formalización de la investigación contra Luyo y Cuba
ya se comprende también a la empresa Odebrecht. Por lo tanto, nada impide a la
fecha que se tramite un congelamiento de las cuentas de Odebrecht. Es más, yo
no entiendo por qué no se ha hecho.
—¿Cómo
ve al Partido Aprista y los vínculos de corrupción en el gobierno de Alan
García? Es emblemático que el primer detenido en Perú haya sido un funcionario
del MTC del segundo gobierno de García. Sin embargo una investigación del blog
Desde
el Tercer piso muestra
los vínculos desde los años 90 entre Cuba-Cornejo y García…
—
Estando con la información con la que se cuenta ahora creo que no va a faltar
mucho tiempo antes de que se le comprenda al propio Cornejo en la
investigación. Demasiada gente vinculada a actos de corrupción a su alrededor
nombrada por él, mantenida por él (en el puesto). Pero claro, los apristas para
esto son campeones y están resolviendo sus problemas internos cortándole la
cabeza de paso. Yo creo que Cornejo debe ser investigado y vinculado al proceso
formalmente, pero nadie puede dejar de ver que los apristas están cortándole la
cabeza a Cornejo para evitar su presencia al interior del partido.(Gran
Angular/El Universal)
MÁXIMOS CASOS DE
CORRUPCIÓN EN LA HISTORIA
La independencia.- Durante los
primeros años de la Independencia se expropió propiedades de españoles y muchos
de esos recursos fueron a parar a las manos de los luchadores de la esa gesta
que no habían recibido una “compensación”. Otros permanecieron con las
propiedades. Entre ellos estuvo Simón Bolivar.
El
Guano.- El presidente José Rufino Echenique, amigo cercano de la casa Anthnoy
Gibb&Sons, le dio a la empresa un acuerdo casi monopólico para exportar el
guano. Desde ese momento el guano se convertiría en la manzana de la codicia de
la corrupción. Al final de esa oportunidad desperdiciada, solo el 2% de las
exportaciones de guano y salitre fue invertido en obras públicas genuinas y
útiles.
La primera
democratización.- El
presidente Nicolás de Piérola hizo todo lo que pudo, incluyendo un golpe de
estado, para llevar a su amigo Augusto Dreyfus a lograr un contrato de
consignación de guano y manejo de la deuda externa. También contrató al
corrupto empresario de ferrocarriles Henry Meiggs. Entre el 8% y el 10% de la
inversión del Estado en ferrocarriles se destinó a sobornos.
La modernización.-
El
hijo del dictador Augusto B. Leguía habría recibido pagos por un millón de
dólares para que la empresa JW Seligman & Co. le entregara préstamos al
Perú, en un caso típico de corrupción en el manejo de la deuda externa.
La
estabilización.- El
gobierno de Manuel Prado se involucró en el desvío y la malversación del 60% de
los fondos de asistencia estadounidense destinados a la construcción de carreteras
y ayuda alimentaria.
La
segunda democratización.- Durante el primer gobierno de Fernando Belaunde,
algunos buques de la Marina eran arrendados a terceros para importar mercadería
de contrabando. Entre 1963 y 1967 el valor estimado de las importaciones de
contrabando llegaban a 70.000 millones de soles, un 49% más que las legales.
Mayor
democracia y privatizaciones.- En el gobierno de Alberto Fujimori se traficaron
con armas, y parte del dinero de la privatización fue a parar a manos de malos
funcionarios.
(Fuente: Historia
de la corrupción del Perú, de Alfonso Quiroz).
