De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, la administración aprista deja al próximo gobierno nada menos que 217 conflictos sociales, de los cuales la mayoría se localiza en el interior del país, precisamente en las regiones donde paradójicamente más plata invirtió el Estado en estos últimos cinco años. Ante esta realidad cabe algunas preguntas: ¿Por qué en las regiones donde más ha aportado la minería existen problemas? ¿No será acaso que esos recursos no están siendo bien focalizados, por lo que no está llegando a los más pobres? Todo un reto que Ollanta Humala tendrá que afrontar desde el primer día que juramente como presidente. Ciento noventa años de olvido, no son poca cosa.
El reporte
En junio del 2011 se presentaron 217 conflictos sociales, de los cuales 139 se encuentran activos y 78 están en estado latente. Del total, 105 han reportado al menos un episodio de violencia desde su aparición.
Según la Defensoría, de los 139 conflictos activos, 87 están en proceso de diálogo. De esa cifra, 47 surgieron después de un hecho violento.
La mayoría de conflictos sociales ocurrido ese mes se dieron en el interior del país. 22 de ellos se localizan en Puno; le siguen Ancash y Cajamarca con 18 casos cada uno.
Cabe señalar, que de los 217 casos de conflicto sociales, 118 corresponden a problemas socioambientales. Le sigue asuntos de gobiernos locales con 23; de gobierno nacional 22; laborales 15; demarcación territorial 13, etc.
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