El gran bonetón de la deuda agraria

El Congreso quiso congraciarse con los hacendados afectados por la Reforma Agraria. Para ello aprobó un proyecto mediante el cual todos los peruanos íbamos a salir perdiendo. Lo curioso de todo esto, es que la mayoría de los bonos que se emitieron en su oportunidad ahora pertenecen a una empresa extranjera

Hace algunas semanas atrás, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto de ley para pagarles más de 1,000 millones de dólares a los poseedores de bonos producto de la Reforma Agraria realizada hace 40 años por Juan Velasco Alvarado.

Si bien el ministro de Agricultura Jorge Villasante, salió días después a anunciar que el presidente Alan García decidió observar la ley aprobada por el Congreso debido a que dicha norma contiene una iniciativa de gasto que lo hace inconstitucional, no por ello deja de sorprender que el Legislativo teniendo no uno sino varios asesores haya querido a última hora sorprender a todos los peruanos. ¿Qué razones habrá tenido el Parlamento para decidir aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza?

Para el director de la revista Agronoticias, Reynaldo Trinidad, si bien toda deuda debe pagarse, mucho más aún cuando ha transcurrido tanto tiempo, como en este caso, está claro, que aquí una patética minoría del Congreso ha querido beneficiar-no se sabe a cambio de qué- a un grupo de especuladores políticos y económicos.

Según Trinidad cuando el 24 de junio de 1969 se dio la Ley de Reforma Agraria, en esta misma se dispuso el pago en bonos por las haciendas expropiadas, incluso con la posibilidad de que el 50% de dichos bonos pudiera convertirse en dinero líquido si el tenedor invertía en industria. “Esto hizo precisamente Dionisio Romero Seminario, comprando por “precios huevo” los bonos de algunos hacendados que prefirieron irse del país, para constituir el gran holding de empresas industriales que hoy conforman la base del Grupo Romero”, refiere.

De acuerdo con el también director de Conveagro, ese pago lo debían hacer los mismos beneficiarios de la Reforma Agraria, pero la Constitución de 1979, dada por la asamblea que presidiera Haya De La Torre, dispuso condonar la deuda a los campesinos, para que la asumiera el Estado. “Ahí comenzó el problema. Pues como el Estado no tenía dinero, ni los expropiados exigían, el pago se fue dilatando. De esta situación se aprovecharon, a partir de 1990, ciertos grupos de especuladores internos y externos, ostensiblemente coludidos con algunos ministros y altos funcionarios de Economía y Finanzas, para adquirir y acaparar los bonos por el 10 y 20% de sus valores, con el fin de cobrar en algún momento al Estado el 100% de los valores, más intereses y moras”, sostiene Trinidad.

A parte del Grupo Romero, otro de los tenedores de la deuda agraria, y probablemente el mayoritario, es la compañia Gramercy que según se dice posee el 21% de la deuda total.

En los últimos años, Gramercy ha contactado a los tenedores de bonos y firmado contratos privados para quedarse con los derechos de cualquier canje o pago de los bonos, ofreciendo un gran descuento a quienes ya están cansados de mantener los papeles. La compañía espera que la presión política dentro de Perú acabe siendo lo suficientemente intensa para que el gobierno honre los bonos.

De acuerdo con la periodista argentina Paola Bonavitta, Gramercy también fue un importante tenedor de bonos en default en su país, y ayudó a estructurar una reciente recompra de deuda en la nación gaucha.

En el frente interno, se sabe que un abogado que representa a varios tenedores dijo recientemente que existen unas 500 demandas por las 5,000 tierras agrícolas tomadas por el Estado entre 1969 y 1981.

La historia

La Ley de Reforma Agraria afectó y expropió alrededor de 11 millones de hectáreas de tierras agrícolas, de las que se adjudicaron a cooperativas y otras empresas asociativas un poco más de 9 millones de hectáreas. Esa adjudicación generó una deuda agraria que los campesinos honraron y que la Constitución de 1979 condonó, pero a los expropietarios se les entregó bonos que en su mayoría aún no se han pagado.

Una modificación a la Constitución de 1933—aprobada durante el primer gobierno del arquitecto Belaunde— le permitió al Estado pagar las expropiaciones por reforma agraria con bonos, con plazos de 25 y 30 años. Los bonos de la deuda agraria, de las clases “A”, “B” y “C”, podían invertirse, al 100% de su valor, para financiar inversiones en empresas industriales, posibilidad que fue utilizada por algunos pocos expropietarios.

Con el proceso inflacionario que se inició durante el gobierno militar y que derivó en la hiperinflación de los últimos años de la década de 1980, el tema de los bonos se convirtió en un serio problema.

El sol oro fue cambiado por el inti (durante el segundo gobierno de Belaunde); éste, más tarde, por el inti-millón (durante el gobierno de García), y, finalmente, se adoptó como unidad monetaria el nuevo sol. Así, según cálculos de una entidad privada, las indemnizaciones que por las expropiaciones realizadas se fijaron en 17 mil 500 millones de soles oro, a junio de 2001 ascendían a solo 17.50 nuevos soles.

Quienes habían recibido los bonos durante la época de Alberto Fujimori plantearon, a través de la justicia, que se les abonara su valor actualizado.

Por lo elevado de esa deuda, fiel a su estilo, el gobierno de Alberto Fujimori ideó algunos mecanismos para evadir el pago, que resultaron invalidados por el Tribunal Constitucional (TC) hasta en dos oportunidades.

En 2001, en este mismo Tribunal falló que la deuda debería ser reconocida en términos reales, una posición respaldada posteriormente por la Corte Suprema.

En 2006, el Congreso aprobó un proyecto para pagar los bonos, pero la iniciativa fue vetada. A finales del año pasado, una comisión del Congreso comenzó a revisar otra propuesta de los legisladores la misma que la Comisión Permanente aprobó recientemente entre gallos y media noche.

¿De cuánto hablamos?

Si bien la norma aprobada por el Congreso refiere que el Ejecutivo emita bonos por US$ 1,000 millones, algunos consideran que esa suma es irrisoria. El monto de la deuda varía, evidentemente, según los métodos que se empleen. Cuando este tema se discutió en el gobierno de Toledo durante el 2002, los tenedores de bonos estimaban su valor en US$3,500 millones, mientras que el entonces ministro de Economía hacía un cálculo ajustado de US$1,500 millones.

Ahora, el ministro de Economía señala que la deuda ascendería a S/.4,000 millones, cifra nada despreciable para un Estado que, pese a las cifras de crecimiento que experimenta en estos años, mantiene niveles de pobreza aún preocupantes.

¿Pagar o no pagar?

Esta deuda debe ser honrada por el Estado. Pero ello no debe significar abandonar otras responsabilidades con la población. Los fonavistas, por ejemplo, han señalado que no es justo que a estos acreedores se les pague y que a quienes aportaron al Fonavi se les postergue.

En estos años se han planteado distintas fórmulas para que el Estado honre esa deuda, lo que podría hacerse mediante la entrega de bonos soberanos, de tierras eriazas o de certificados que podrían servir para invertir en otras actividades. Pero eso sí, como bien dice Reynaldo Trinidad, el pago debe hacerse solo a los expropiados o a sus herederos y no a los tenedores que solo buscan lucrarse aprovechándose de la coyuntura. Pero eso requiere voluntad política y fórmulas transparentes de valorización.