¿Que hay detrás del gravamen minero?

Gravamen minero sobre las utilidades anunciadas por el gobierno trajo consigo una serie de especulaciones sobre la estabilidad tributaria que tienen algunas empresas mineras a quienes no se les podrá cobrar dicho impuesto. Según especialistas 5 grandes empresas estarían en esa famosa lista

El anuncio que hizo el premier Lerner en el congreso dejo en vilo e incertidumbre sobre los 3 mil millones de soles de gravamen adicionales que se aplicaría a las utilidades siempre estas alcance a las utilidades netas por encima de lo esperado. Este denominado impuesto a las sobreganancia que era uno de los caballitos de batalla durante la campaña de Ollanta Humala, por lo que se hacia por lo más urgente que este tema sea el primero en resolverse, debido que de eso depende la financiación de otros proyectos sociales prometidos durante la campaña.

Pero dentro de las negociaciones quedaban en vilo una serie de aspectos desconocidos para los peruanos pero importantes de resaltar. Uno de ellos es el nombre que se le ha dado a este aporte, que según los mineros no se tratarían ni de un impuesto sino de un gravamen, es decir estos 3 mil millones no serian de carácter obligatorio porque se trataría de un acuerdo entre ambas partes tanto por el estado así como de las mineras y que se pondría en práctica a partir de setiembre próximo, fecha en que toda empresa con o sin contrato de estabilidad tendrán que someterse a este régimen.

Es en este aspectos donde se ha habido una serie de contradicciones sobre los contratos de estabilidad de las mineras que tienen con el estado de las cuales serian las ocho principales del rubro a quienes el estado tendría que negociar este gravamen en aras de respetar los contratos firmados por gobiernos anteriores, este punto fue discutido durante horas en salón dorado de palacio de gobierno.

Pero la pregunta que todos se hacen es ¿De que empresas se trataría?. Según se supo que entre las empresas de estabilidad tributaria estarían: Antamina, Cerro Verde, Buenaventura, Yanacocha, Tintaya, Southern Perú, Barrick, entre otras, a quienes mucho de ellos tienen contrato de explotación hasta el año 2012, fecha en que según el ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, tendrán que entablar un diálogo con dichas empresas. “En un principio se quería que fuera a todas las mineras sin excepción, pero dado las circunstancias del contrato de beneficios que anteriores gobiernos dieron estos tendrán que ser reglamentados por el congreso en donde trataremos de ocluir a todos” expresó el ministro a un diario local.

Entre tanto para el especialista en temas energéticos del Centro de Estudios y Promoción y Desarrollo (Desco), Gustavo Ávila, esta medida de no incluir a estas empresas podría desencadenar de que amparadas con recursos jurídicos se nieguen rotundamente a ser sujetos a algún impuesto adicional al existente, por lo que recomienda de que entablen conversaciones hasta llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. “El estado en este tipo de casos debe tener una habilidad conciliadora tremenda, dado que las compañías mineras no están en la obligación de aportar el gravamen impuesto por el estado, dado que ellos se rigen a la pomposa estabilidad jurídica que se le dio durante los anteriores gobiernos y que de no llegarse a un acuerdo satisfactorio estos podrían mermar significativamente el presupuesto que tiene el gobierno en sus proyectos de inclusión social y que demandaría dinero extra” sostuvo Ávila.

Esta percepción la comparte el economista Gilberto Cárdenas, quien señala que el estado debe tener cuidado a la hora de elaborar sus presupuestos generales debido a que antes de presupuestar recursos hasta la fecha inexistentes se tiene preveer que la presión tributaria sobre las compañías mineras no desestabilice sus ingresos y por ende sus aportes al fisco. “Se debe tener en cuenta que hasta el momento las negociaciones que ha tenido el gobierno con las mineras ha sido un acuerdo de los 3 mil millones en los términos aún por definir. Lo importante es que el compromiso del gobierno es de brindarles todas las facilidades laborales, así como estar dispuesto a atender todos los conflictos sociales habidos y por haber, que se generarían en zonas en donde aún no se ha resuelto el aspecto medioambiental y que es casi seguro que generaría más de una paralización en el inicio de sus operaciones” acota el economista. Además señala que entre los proyectos mineros que han quedado pendiente de resolver se encuentran las de: “Tía María” (Arequipa), Santa Ana (Puno), Rio Blanco (Piura), por lo que se hace urgente que el estado sirva de intermediario en estos conflictos aún sin resolver.

Competitividad no esta en juego

Después de que en el año 2006 el gobierno de Alan García, proponía un aporte voluntario de 500 millones de soles, cifra que era ínfima a lo acordado hace unas semanas. A todo esto nos lleva a una sola pregunta ¿Este gravamen a las mineras le restaría competitividad a las empresas? , ¿Estaríamos en desventaja con otras empresas en donde no se tiene este impuesto?.

Para Gustavo Ávila de Desco, este gravamen no afectaría en lo absoluto el normal desenvolvimiento financiero de la misma. Ávila señala que después de que a partir del año 2005 los precisos de los minerales se dispararon, las mineras obtuvieron utilidades astronómicas, y que el por el contrario el gobierno no recibió ese aporte al estipularse en el contrato de que pagarían en obras de infraestructura, labor social y educativa para los pobladores de la zona donde este ubicada la mina. “Las mineras jamás van a ser trato alguno con el gobierno sin ver primero sus intereses económicos, esta por demás decir que no van a dejar de ser competitivos, todo esta presupuestado dentro de los límites establecidos, los 3 mil millones no es una cifra que los incomode de ninguna manera, es más a las mineras les conviene tener al estado de su lado porque así los conflictos que puedan tener con la sociedad, el estado va a tener prioridad en solucionarlos por los intereses antes explicados y que no van a seguir operando y produciendo con toda normalidad teniendo al estado como principal aliado ” sostiene el representante de DESCO.

A esta declaración se la une la abogada experta en hidrocarburos Cecilia Blume, quien señala que no es novedad lo hecho por el gobierno, enfatizando que es una de las medidas que debió hacerse en gobierno anteriores y que por el contrario, el Perú ha dejado de percibir millones de dólares de una forma escandalosa sin que nadie puede ir en contra de los contratos ya establecidos. Esta falencias enfatiza Bume fueron producto de falta de voluntad por parte del estado en poder hacer reajustes a los contratos delas empresas y así obtener mayores recursos para el Perú. “En otros países como Chile esta reforma tributaria no afecto en lo absoluto a las empresas, es mas estas siguieron funcionando con toda normalidad, nadie se fue ni mucho menos pusieron objeción alguna.

Faltan afinar detalles

En lo que si están de acuerdo los especialistas consultados en este reportaje esta el punto que aún no esta normado el congreso sobre el gravamen, es la forma de cómo se distribuirá estos 3 mil millones. Según versiones extraoficiales este dinero irían directamente al gobierno central siendo esta medida no bien vista por las regiones, a quienes no verían con buenos ojos esta medida.

DATOS:

- Son alrededor de 300 empresas mineras quienes habían firmado el acuerdo del gravamen con el estado.

- Antamina, Cerro Verde, Buenaventura, Yanacocha, Tintaya, Southern Perú, Barrick, son algunas de las empresas que tienen estabilidad tributaria en el Perú.