En Perú existe cerca de un millón 500 mil personas con discapacidad, de los cuales, el 78% está económicamente inactivo, el 40% requiere asistencia permanente y, además de esto, en Sudamérica, somos los que menos apoyo le brindamos a dicho sector de la sociedad. ¿Por qué tanta indiferencia?
A pesar que el Perú es miembro desde diciembre del 2006 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, poco es lo que hace para promover, proteger y garantizar la plena igualdad ante la ley de todos los discapacitados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis) del 2012, el 88% no recibe ningún servicio de rehabilitación, 38% no tiene algún tipo de seguro y 23% ningún nivel educativo. A todo esto habría que sumar que el 29% de las personas con discapacidad tiene dificultad para ingresar y/o desplazarse en un establecimiento de salud, 23% en paraderos, 21% en mercados, 18% en bancos o entidades financieras.
La señora Diana Camacho usa silla de ruedas debido a que no salió bien de una operación en su pierna, y manifiesta que las personas poseen mucha insensibilidad. “La gente no te incluye, eres tú quien debes adaptarte. Se cree que con poner algunas rampas es suficiente, pero algunas son muy empinadas, las pistas tienen huecos, hay baches y cuando vas al mercado, hay gente que te pone mala cara porque dice que estorbas. Hay mucha indolencia”, cuenta.
La razón de esta cruda realidad lo encontramos en la desidia del propio Ejecutivo de acatar lo dispuesto en la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, aprobada el 2012, que otorga una serie de beneficios en el aspecto de salud, educación, deporte, cultura, trabajo, etc.
Por ejemplo, en el tema laboral, las entidades públicas están obligadas de contratar personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% del total de su personal. Algo que muy pocas cumplen, según la Defensoría del Pueblo.
Si la discapacidad no constituye incapacidad, ¿por qué tanta desidia de las autoridades?
Según el director de Sociedad y Discapacidad (Sodis), Alberto Vásquez, esto se debe a que este tema se ha politizado y se usa para figurar. “Muchas autoridades, como la propia sociedad, sufren el efecto “Teletón” que consiste en ayudar en cada cierta temporada a las personas con discapacidad, pero no se dan cuenta que ese es el deber real del Estado”, indica.
Madezha Cépeda, de “Musas Inspiradoras de Cambios”, una organización que desde el 2005 brinda ayuda, capacitación, asesoría y oportunidad de empleos a las mujeres con discapacidad, dice que la insensibilidad social es consecuencia de la desidia de la gente sobre este tema. “El desconocimiento motiva una serie de prejuicios y actitudes de rechazos, por eso, es fundamental que se sepa de lo que son capaces estas personas y que si se cumplen sus derechos a estudiar y a convivir con las demás de manera natural, ellos tienen muchas posibilidades de triunfar”, señala.
Historia de éxito
Tener una discapacidad no anula a la persona para ser productiva a la sociedad y a su familia. El ejemplo más palpable lo encontramos en Aurelio Rengifo, quien a pesar de no poder caminar desde niño por culpa de la poliomielitis (polio) se ha convertido en un gran basquetbolista. Sus ganas por querer triunfar en su deporte favorito lo han llevado a ser el capitán de la selección de básquetbol de personas con discapacidad de Carmen de la Legua además de tener un empleo en metalurgia ya que estudió una carrera técnica.
La historia Aurelio es la historia de muchas personas. Probablemente se tendrían más si es que el Estado cumpliera con su obligación de darle facilidades para su desenvolvimiento tal como la ley manda.
Es por eso que Sodis, Musas Inspiradoras y otras organizaciones, realizan la campaña “Sociedad Justa”, a la cual se sumaron varios medios de comunicación y personalidades. “La idea, entre otras cosas, es que se cumpla el artículo 59 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, en la que estipula que el Ejecutivo tiene la obligación de otorgar una pensión a las personas con discapacidad severa (sordos, ciegos, esquizofrénicos, retraso mental severo y las llamadas “enfermedades raras”) en condición de pobreza”, dice Cépeda.
Agrega que debido a que no se ha elaborado un cálculo para saber cuántos tienen discapacidad severa, por el cual no se puede saber el total de beneficiados, es que no se halla hasta el momento una respuesta del gobierno. “La responsabilidad de hacer ese trabajo corresponde al Ministerio de Salud”, sostiene la representante de “Musas Inspiradoras de Cambios”.
Cabe señalar que Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, entre otros países, cuentan con sistemas de pensiones o bonos para personas con discapacidad, es por eso que en el 2012, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas hizo notar su preocupación ante la pobreza generalizada de este colectivo e instó al Estado Peruano a desarrollar medidas socioeconómicas incluyentes tendientes a revertir esta realidad.
Si pretendemos ser una sociedad justa, entonces no seamos indiferentes con estas personas, acuérdese que nadie está libre de sufrir un accidente o una enfermedad.(Javier Peña)
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