"Tal vez así recuerden que somos los contribuyentes quienes pagamos
los ensayos y los fracasos de los políticos", dice Walter Gutiérrez, ex decano
del Colegio de Abogados de Lima.
La gran mayoría de congresistas no tiene ninguna
experiencia y menos formación en la tarea de hacer leyes. Los ministros tampoco
tienen mucha experiencia en conducir los asuntos de Estado, pero desde abril del
año paso ganan S/.30 mil, más gratificaciones, CTS y vacaciones. Siguiendo la
tesis del Ejecutivo de que los jóvenes tienen que pagar ‘derecho de piso’ por
su inexperiencia, entonces ¿por qué no le aplicamos la ‘ley Pulpín’ a ellos?
Tal vez así recuerden que somos los contribuyentes quienes pagamos los ensayos
y los fracasos de los políticos", dice Walter
Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y director de
Gaceta Jurídica.
Los promotores de la Ley
de promoción del empleo juvenil dicen
que sus objetivos son disminuir
el desempleo de los jóvenes y reducir la informalidad. Para eso
sostienen que es necesario eliminar temporalmente ciertos derechos (como las
gratificaciones y la CTS). "Una norma de este tipo solo puede ser producto
de la ingenuidad o la desinformación, pero también del exceso",
señala. "No tengo duda que esta norma será un fracaso más que estos
señores nos dejarán", subraya.
El fantasma del costo laboral
Es sabido que una de las mayores preocupaciones de los
principales gremios empresariales son los sobrecostos laborales. Y
probablemente este gobierno sea en el cual más lobby han hecho para que se dé una
reforma laboral que considere sus sugerencias. ¿Es acaso el costo laboral la
causa del desempleo y la informalidad? Para Gutiérrez eso no es cierto.
"El ejemplo que desbarata esta premisa es el
régimen de las microempresas, que reduce tantos derechos como la Ley de empleo
juvenil. El costo laboral en dicho régimen es de 8.3%, y pese a que lleva más
de 12 años su aplicación no ha aumentado el empleo ni reducido la informalidad.
En su hora también se argumentó que esta ley cambiaría el panorama laboral e
incentivaría la formalidad. ¿Por qué no lo ha conseguido? Sencillamente porque
la causa de estos problemas no es solo el costo laboral, sino una pluralidad de
razones, que deben ser atacadas conjuntamente. Tenemos un sistema estatal que
protege y promueve la informalidad, y consiguientemente desalienta la
contratación formal", detalla en el portal LaLey.pe.
En su opinión, un recorte tan radical de los derechos
laborales de los jóvenes no solo no será aceptado por éstos, sino que no tienen
ninguna posibilidad de cumplir sus objetivos. Pero hay más. La ley –asegura–
muestra que vivimos
en un sistema en el que las instituciones públicas son controladas por los
grandes grupos empresariales. Y es que esta norma no la emplearán las
microempresas sino empresas como, por ejemplo, los bancos y los grandes centros
comerciales. (Redacción mulera)
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