A pesar del boom
inmobiliario, miles de personas continúan viviendo en las laderas de los cerros
y arenales. Los más afortunados, en casas de alquiler. La razón de esta
situación, es que los programas sociales no fueron hechos para los más pobres.
De
acuerdo con el artículo dos inciso 16 de la Constitución Política del Estado,
toda persona tiene derecho a la propiedad, entiéndase vivienda, terreno u otros
bienes. Sin embargo, en el país no todos tienen posibilidad de acceder a una
casa propia.
Esta
situación ha llevado a millones de peruanos a vivir en departamentos alquilados,
y los menos afortunados a levantar sus precarias viviendas en cerros y extensos
arenales.
Es
el caso de Mercedes, una ambulante, quien al no poder pagar el alquiler de un
cuarto donde vivía con sus niñas, tuvo que irse a vivir al cerro San Lorenzo,
distrito de Independencia, donde sus compañeras de oficio le ofrecieron un
terrenito.
Aquí
esta joven madre da riendas a sus conocimientos de construcción que aprendió de
su padre, un obrero ebanista. Con la ayuda de vecinos construyó una precaria
casita donde en época de invierno, ella y sus dos niñas prácticamente se
congelan.
Si hasta antes de la década de los 80 en Lima ya existía un
déficit de vivienda por causa de las masivas migraciones de provincianos que
llegaron a la capital en busca de mejores oportunidades de empleo y estudio,
este problema se ahondó con la crisis económica y el terrorismo que asoló el
país durante 20 años.
Para cerrar esta brecha, las autoridades gubernamentales
promovieron una serie de programas habitacionales, a la que se sumó el sector
privado sobre todo a partir del 2003.
A pesar del boom inmobiliario que vive el país, cifras del
propio Ministerio de Vivienda consignan una demanda insatisfecha de
aproximadamente dos millones de unidades de viviendas, de los cuales 30% y 70%
del total se refieren a deficiencias cualitativas de casas, es decir población
que tiene un espacio donde vivir, pero en condiciones precarias (como el caso
de Mercedes).
Una de las principales causas de esta realidad es que los programas
de vivienda existentes en el país están orientados a los sectores A, B y C, es
decir, a grupos poblacionales que cumplen con requisitos que los bancos exigen,
como demostrar que los ingresos sean fijos y constantes (continuidad laboral,
estar en planilla de una empresa) y que estos no sean menores de 4 mil soles.
Si la persona es independiente, demostrar sus ingresos
mediante boletas de pago.
Aunque hay dos programas estatales para incentivar y fomentar
que la población con menor poder adquisitivo pueda acceder a realizar el sueño
de la casa propia, Mi Vivienda y Techo Propio no logran este objetivo.
En el caso del primero, porque el bono que da el Estado mediante este programa es administrado (filtrado) por el sistema financiero, es decir que si el solicitante no cumple con los requisitos del banco será imposible acceder al bono y al crédito hipotecario.
Mientras que en Techo Propio, para poder acceder al crédito, deberás contar con un título de propiedad, un requisito que miles de peruanos no poseen.
En el caso del primero, porque el bono que da el Estado mediante este programa es administrado (filtrado) por el sistema financiero, es decir que si el solicitante no cumple con los requisitos del banco será imposible acceder al bono y al crédito hipotecario.
Mientras que en Techo Propio, para poder acceder al crédito, deberás contar con un título de propiedad, un requisito que miles de peruanos no poseen.
Además en Lima, Techo Propio casi no atiende las demandas de
los más pobres debido a que en los últimos años su trabajo ha estado más
enfocado en el interior del país con el propósito de satisfacer la demanda de
reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2007.
No
es rentable políticamente
¿Por qué los programas habitacionales del país no llegan a
los más pobres? Según el arquitecto Carlos Escalante, coordinador del Instituto
de Desarrollo Urbano (Cenca), son dos las razones que han llevado a los
programas de vivienda que promueve el Estado a estar elaborados bajo esta
manera.
Así tenemos la necesidad de reactivar la industria de la
construcción para continuar promoviendo el empleo, ya que por cada puesto de
trabajo que genera este sector cuatro empleos se promueven en otras áreas. De
ahí que las autoridades estén siempre en la búsqueda de adquirir suelos planos
para la construcción de viviendas destinadas a los sectores A, B y C.
Y, por otro lado, porque es más rentable ante la opinión pública
mostrar nuevas construcciones que aquellas que han sido refaccionadas.
¿Cómo
revertimos esta realidad?
Construir nuevos departamentos no está mal, pero, como bien
señala el Ministerio de Vivienda, hay miles de personas que teniendo donde
vivir requieren que sus casas sean mejoradas puesto que la mayoría de ellas han
sido construidas en las laderas de cerros, sobre pircas, y esto representa un
peligro para sus vidas. “Es allí donde el Estado debe intervenir, ya sea a
través del programa Techo Propio o cualquier otro que pueda crear, para atender
las necesidades de los más pobres”, precisa el arquitecto Escalante.
El coordinador de Cenca asimismo dice que se requiere de un
banco de tierras, donde los municipios puedan promover programas de vivienda
como lo está haciendo la comuna de Lima.
“Lastimosamente la mayoría de los municipios no lo hacen
porque sus autoridades lo ven como estatismo”, dice el experto.
Rosario Farfán, del Movimiento Sin Techo de Lima y Callao,
por su parte considera que la única manera de atender la creciente demanda de
vivienda de parte de los sectores D y E es a través de la intervención del
Estado en el mercado inmobiliario. Es decir, que sea el mismo Estado que dé
directamente las viviendas, y no a través de la banca privada, y que fije
cuotas de pago hipotecario entre 200 y 250 soles mensuales.
Mientras los actuales programas de vivienda conserven el
mismo diseño, ciento de miles de personas, como Mercedes, continuarán tomando
los cerros y las áreas arenosas en busca del sueño de la casa propia.
(Redacción)
