El reciente desastre
ambiental en la Amazonía peruana donde se han vertido hasta tres mil barriles
de petróleo en las zonas de Chiriaco (Amazonas) y Morona (Loreto) no ha sido
capaz de poner sobre la mesa el problema de la regulación ambiental en el Perú,
debilitada durante este gobierno con la aprobación de los llamados “paquetazos
ambientales”, una serie de decretos legislativos promovidos desde el Ejecutivo
para reactivar la economía. Estos derrames ponen en cuestión el papel ejercido
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), pues bajo la
Ley N°30230 -una de las normativas más polémicas y que enfrenta una demanda de
inconstitucionalidad- este organismo no podría imponer multas por tres años,
salvo excepciones, adoptando solo medidas correctivas.
La
vigilancia ambiental, en el punto de mira
¿Cuánto importa el medio ambiente en el
Perú? Es recurrente escuchar a los inversionistas decir que la “permisología”,
es decir, los trámites necesarios para llevar a cabo un proyecto, y que el Ministerio
del Ambiente son obstáculos para la inversión. De esta forma, las instituciones
ambientales y sus normativas son percibidas como obstáculos que retardan, e
incluso pueden ahuyentar la inversión.
Haciendo eco de estos reclamos, el partido
político Peruanos por el Kambio (PPK) propone
“eliminar gran parte del exceso de la tramitología”. “Hay muchos candidatos que
no están entendiendo bien el momento económico y están buscando explicar
los menores flujos de inversión en minería por los problemas internos; por
la famosa tramitología”, explica el exviceministro de Gestión Ambiental,
José de Echave. Esto preocupa, pues se puede confundir derechos con trámites.
En el tema económico, el escenario
internacional ha cambiado: los precios de las materias primas han caído, la
cotización del oro se sitúa en los 1.088 dólares por onza. El Banco Central de
Reserva proyectó en su último reporte de inflación que la inversión minera
caería 25,9% en 2016. “Se viene una pausa en las inversiones, y el gran
tema es cómo el Gobierno lo enfrentará. ¿Qué se ha aprendido del ciclo
alto? Lo primero, hay que salir del esquema de las promesas del tipo “yo voy a
impulsar las inversiones porque voy a ser mejor”. Eso suena irresponsable
porque las empresas no van a invertir por razones concretas, porque no ven
condiciones de negocio ni de rentabilidad, y por su propio patrimonio”, explica
José Luis López Follegati, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y
Desarrollo Sostenible. “Este
es un momento para pensar con seriedad en la diversificación de la producción,
y también para hacer atractiva la inversión minera para el próximo ciclo”,
planificando el desarrollo en zonas con potencial minero, “que el inversor no
sienta que tiene que cargar con todo”.
Se
preguntó a PPK si derogaría los decretos legislativos que reducen las
exigencias ambientales. El candidato afirmó que desconocía de qué se trataban
los ‘paquetazos’, mientras la candidata Keiko Fujimori no quiso responder
a la pregunta. La Ley 30230 (Ley que establece medidas tributarias,
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de
la inversión en el país) es una de las piezas centrales que motivó una demanda
de inconstitucionalidad por parte de organizaciones de la sociedad civil frente
al TC.La Defensoría del Pueblo pidió la derogatoria del
artículo 19. Esta norma dispone entre otras cosas, que la OEFA adopte un papel
principalmente ‘correctivo’ y reduce los plazos de los Estudios de Impacto
Ambiental a 45 días.
Impacto de la
Ley 30230
Esta
ley ya está jugando su papel, como se ha puesto en evidencia tras el derrame de
petróleo en Cuninico en junio de 2014, donde solo se impusieron medidas
correctivas a pesar de que se vertieron 2.358 barriles de crudo al río. También
se pudo comprobar en la investigación periodística que llevó a cabo Convoca.pe,
en la que destapó que el Ejecutivo dejó de cobrar hasta S/.30.9 millones de las empresas mineras por
concepto de multas por infracciones ambientales.
De
otro lado, Miguel Lévano, de Oxfam Perú, señala que hay una preocupación en
relación a lo daños ambientales por el derrame de Chiriaco – Bagua y las
sanciones: “si se aplica la Ley 30230, lo más
probable es que le perdonen la sanción o se la reduzcan”. Lévano explica
que Perú lleva debilitando su gobernanza socioambiental desde hace un par de
años, adoptando normas con menos exigencias y reduciendo sanciones. “Medidas
como los paquetazos no van a cambiar un escenario económico, donde las reglas
las pone principalmente el mercado internacional”, opina tras explicar que la
Defensoría del Pueblo analizó varios casos de inversiones detenidas y determinó
que la causa de la paralización de los tercios de ellas se debía a decisiones
internas. “No tenían nada que ver con exceso de trámites ni con “antimineros”,
precisa. El especialista comenta que en esa línea Oxfam está haciendo un
llamado a todos los candidatos para que defiendan la institucionalidad
socioambiental con el fin de que las operaciones extractivas se desarrollen en
un “marco menos conflictivo y avancen hacia un real aporte al desarrollo del
Perú”.
Para
el abogado especialista en derecho ambiental, Pierre Foy, “En un principio,
el concepto que regía la ley 30230 estaba bien, privilegiaba el efecto
correctivo antes que buscar la sanción de las infracciones leves. La norma no
significaba que no se fuera a sancionar a las infracciones graves. El
problema es la capacidad para hacer valer estos mandatos, las mediaciones que
se puedan dar al momento de tomar decisiones para sancionar”.
Mejorar
la fiscalización ambiental, o fortalecer el rol del Ministerio del Ambiente
gana un espacio en las programas de Fuerza Popular y Todos por el Perú.
Sin embargo, resulta contradictoria la propuesta de Keiko Fujimori en este
tema, pues su bancada respaldó los paquetazos ambientales.
“De
no ejecutarse el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y las
capacidades del Estado sobre esta materia, lo que ocurrirá es que el proceso de
evaluación del impacto ambiental se convertirá en una carrera angustiante y
formalista del funcionario de turno, en pos de no incumplir los plazos
establecidos, y en desmedro de la calidad de la evaluación. Si a esto se le
suma el debilitamiento del rol supervisor de la OEFA, es previsible que pueda
constatarse en los hechos, una erosión a las garantías que el
Estado debe ofrecer en la tutela del medio ambiente”, explica
el especialista Pavel Aquino, autor del informe de DAR: Recomendaciones para el fortalecimiento de la
Evaluación de las Actividades Mineras en el Perú.
Cabe
recordar que en octubre del año pasado, Perú se adhirió a la Declaración de
Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) que surge como respuesta de los países
miembros a los daños ambientales producto de la expansión económica durante los
últimos 20 años. Uno de sus ejes es mejorar el cumplimiento del principio
contaminador-pagador. Marc Dourojeanni, profesor emérito de la Universidad
Nacional Agraria de la Molina, en un artículo para la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental (SPDA), destaca que “todos los planes ubican la temática
ambiental como un apéndice, sin estar integrado al resto”, dentro de los cuales
el plan de PPK a pesar de ser uno de los más detallados, -seguido del de Fuerza
Popular-, podría “ser el más peligroso pues no disimula pretender favorecer el
crecimiento económico por encima de cualquier otra consideración”.
“Si
queremos formar parte de la OCDE, lo que nos demuestran las referencias
chilenas o mexicanas es que para lograr entrar a este club de países
más desarrollados, se ha tenido que fortalecer la institucionalidad
ambiental”, explica De Echave. El Estudio Multidimensional de Perú elaborado
por la OCDE, enfatiza la “escasa relevancia de los impuestos relacionados con
la protección del medio ambiente”. El gasto público ambiental en Perú ha
crecido del 0,1% del PBI en 2002 al 0,4% en 2012, según el Ministerio del Medio
Ambiente. Si lo comparamos con Europa, que en promedio gasta
aproximadamente 0,7% del PBI, sigue siendo bajo.
La
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), identifica la
gobernanza de los recursos naturales como una de las prioridades en la agenda
post-2015 hacia un desarrollo sostenible. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva
de este organismo, afirma que en este contexto económico “los países de la región
necesitan enfrentar a corto y mediano plazo el reto de captar e invertir
eficientemente las últimas rentas extraordinarias con criterios de
sustentabilidad social y ambiental”.
Por otro lado, Foy señala que la situación
de la gobernanza ambiental en Perú sigue la suerte de la institucionalidad en
general. “Lo deseable es que forme parte de una política de Estado,
formalmente, tenemos una política nacional del Ambiente. Como política de
Estado hay algunas ideas-fuerza que ya no se pueden retroceder como que todas
las empresas tienen exigencias ambientales, antes no tenían. También hay asignadas
funciones y competencias a los sectores públicos en este tema, aunque la
tendencia hacia la descentralización está en una situación pésima. Esto habría
que ver en qué medida se puede fortalecer”. (Agencia)
