A pesar de los
esfuerzos para derrotar a la delincuencia, más peruanos son víctimas de robos y
de otros delitos. Lo peor, es que la policía trabaja en condiciones deplorables
para protegernos.
Desde
que en agosto del 2010, 4 delincuentes dejaran cuadripléjica a la niña Romina
Cornejo (recientemente fallecida) para robarle 5 mil soles a sus abuelos , casi
muy poco se ha avanzado en el país en materia de seguridad ciudadana, por el
contrario se ha agudizado.
De
acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), mientras en el 2014 la tasa de victimización – personas que
afirman haber sido víctimas de algún delito - en nuestro país era de 30,5%, en
el 2015 esta subió a 30,8%.
El
estudio reveló que el 90% de los delitos corresponden a actos contra el
patrimonio. Así tenemos, que 16 de cada 100 habitantes mayores de 15 años
fueron víctimas de robo de dinero.
El
INEI detalló que la mayoría de los actos contra el patrimonio se registraron en
las calles, y que los robos e intentos de robo en viviendas disminuyeron el
2015 con relación al 2011.
Asimismo,
que en el 8,1% de actos delictivos, el agresor portaba algún arma de fuego.
Por
esta cruda realidad, el 88,4% de los peruanos mayores de 15 años se siente
inseguro, es decir, teme ser blanco de algún delito en los próximos 12 meses. En
el 2014, dicha percepción era solo de 86%.
Frente
a este panorama, hay quienes han decidido adoptar alguna medida de seguridad
para prevenir la delincuencia. De acuerdo con el INEI, esto ha hecho que el 23,7%
de viviendas en el ámbito urbano cuenten con algún sistema de protección. El
más empleado es la vigilancia de las juntas vecinales (32,2%) y la contratación
de seguridad privada (30,8%).
Del
mismo modo, el 40,5% de los habitantes de las zonas urbanas del país y el 35,3%
en Lima Metropolitana poseen vigilancia en su zona o en su barrio, ya sea por
parte de la Policía Nacional, del serenazgo local o por patrullaje integrado.
A
pesar que las personas han reforzado sus medidas de prevención en materia de
seguridad, según César Ortiz Anderson, presidente y fundador de Aprosec, aún
hay mucha falta de conciencia de la ciudadanía respecto a este problema, sobre
todo del sector emergente, que cree – erradamente - que nunca le va a pasar
algo.
De
acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, San Juan de
Lurigancho, San Martín de Porres y Los Olivos son los distritos que presentan
las mayores tasas de criminalidad en Lima.
Propuestas
Si
bien el Ministerio del Interior ha eliminado el sistema 24x24 (un día de
descanso por uno de trabajo) para contar con más efectivos patrullando las
calles, y ha dotado de más equipos logísticos a la policía, todo hace indicar
que en los próximos años la delincuencia seguirá ganando terreno en el Perú. Y
ello es preocupante, porque un país inseguro desalienta la inversión privada.
La
inseguridad ciudadana hoy se ha convertido en la principal preocupación de los
peruanos, incluso por encima de la generación de empleos.
Los
políticos lo saben, por ello vienen proponiendo en esta campaña electoral diversas
fórmulas para solucionar este problema.
Entre
las propuestas más osadas tenemos el de encargar al Ejército el patrullaje de
la ciudad y el facultar a los serenos a usar armas y a detener a las personas
sin la presencia de algún policía.
Para
Ortiz Anderson, dichas propuestas son puras generalidades que demuestran el
desconocimiento del tema. Según el experto en seguridad ciudadana, si se quiere
tener éxito frente a este fenómeno se debe reformar las cuatro instituciones
que tiene el Estado para enfrentar la delincuencia, es decir, Ministerio
Público, Poder Judicial, Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario
(INPE). Mientras ello no se haga, dice, la inseguridad seguirá creciendo en el
país.
No hay confianza
Otro
dato revelador que arrojó la encuesta del INEI, es que el 86% de las personas
que fueron víctimas de algún hecho delictivo optaron por no denunciarlo, debido
a que consideraban que era una pérdida de tiempo.
Según
César Ortiz, estos datos demuestran que los ciudadanos no confían en los operadores
de justicia, de ahí que propuestas temerarias como ‘chapa tu choro’ hayan
tenido acogida en buena parte de la población.
Un
reciente estudio de USAID sobre Crimen, Corrupción y Justicia Popular del 2015
reveló que el Perú es uno de los países en Latinoamérica que muestra más apoyo
social a tomar la justicia con sus propias manos, detrás de Ecuador y El
Salvador.
En el interior
Puno,
Cusco y Tacna según el INEI son los departamentos con mayores índices de victimización.
En
el caso de Puno, el contrabando y la minería ilegal son dos factores que atraen
a la delincuencia a esta región. Según la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (Sunat), por invasión de impuestos, Puno pierde S/.
300 millones al año.
La
realidad de Cusco y Tacna es diferente. En el caso de esas regiones, la
delincuencia se da básicamente por la presencia de turistas nacionales, pero
sobre todo de extranjeros que viajan a esas ciudades con cientos de dólares y
euros en las mochilas.
De
acuerdo con el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur), los
turistas extranjeros al llegar al Perú gastan en promedio US$ 1.200. Esta
información lo saben los delincuentes, de ahí que los extranjeros sean sus
blancos preferidos.
Derrotar
la delincuencia es una prioridad; sin embargo, para ello, necesitamos, afirma
César Ortiz, que la estrategia que se ponga en práctica se convierta en
política de Estado, como se hizo con el tema económico. La última palabra, hoy
lo tienen los candidatos. (Redacción)
LAS COMISARÍAS
De
acuerdo con el IV Censo de Comisarías elaborado por el INEI, hasta el 2015
existían 1.470 delegaciones policiales en el país, 5,2% más que en el 2012.
Del
total de las comisarías, solo el 42% cuenta con conexión propia con Internet, el
68% tiene acceso a la base de datos de Requisitorias de la PNP, y el 51% y 33% puede
ingresar a los registros del Reniec y al Sistema de Denuncias Policiales.
Un
hecho que debiera llamar a la preocupación a los candidatos presidenciales, es
que solo el 62% de las 1.479 comisarías cuenta con servicios básicos (energía,
agua, desagüe) las 24 horas del día. Quiere decir, que el 38% de ellas trabaja
en condiciones deplorables.
Ortiz
Anderson considera que así es muy difícil hacer frente al hampa, que cada vez cuenta
con mayores recursos para evadir a la policía.
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