Las declaraciones del PPK sobre el Complejo Metalúrgico
de La Oroya trajeron consigo varios temas. Uno de ellos, es que a casi una
década de las medidas otorgadas por la CIDH, muchos oroínos aún están esperando
el apoyo del Estado.
Luego que Pedro Pablo Kuczynski
visitara La Oroya el 6 de julio último, e hiciera público su respaldo a los
trabajadores de Doe Run, varios ambientalistas manifestaron su preocupación por
el impacto que tendría a la salud de los lugareños la reactivación de este
complejo.
Ante estas críticas, el entonces presidente
electo tuvo que salir días después a afirmar que no piensa reducir o
flexibilizar las políticas ambientales en el país.
En el programa Panorama comentó que en caso se haga una nueva refinería en La
Oroya, esta tendrá que cumplir con los estándares ambientales internacionales.
El caso de Doe Run, en La Oroya, es
mundialmente conocido. Según el Ministerio de Salud (Minsa), el 99,1% de los
niños oroínos tiene promedios altos de plomo en sangre, 33,6 ug/dl (microgramos
por decilitro), lo que sobrepasa los límites máximos permisibles de la
Organización Mundial de la Salud (OMS): 10 ug/dl. Esta misma situación también
lo sufren los adultos.
Doe Run no solo contaminó el ambiente de La Oroya,
también generó trabajo.
Preocupados por la salud de los
oroínos, en el 2005, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
(AIDA) presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). “En el 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares a 65 personas en La
Oroya, para que recibieran un diagnóstico médico especializado y un tratamiento
adecuado de acuerdo a sus dolencias, menciona María José Veramendi, abogada de
AIDA, quien agrega que este año se amplió las medidas a 14 personas más”.
A casi una década de dicho pronunciamiento,
el Estado aún no ha asumido las medidas como debió.
Si bien Doe Run contaminó el
ambiente de La Oroya, también generó trabajo.
Ante esta realidad, ¿qué hacer? Christian
Huaylinos, abogado de Aprodeh, advierte que “si se quiere buscar una solución
en La Oroya, se tiene que ver el problema desde todas las aristas: respetar los
derechos laborales, cumplir con los estándares de calidad ambiental y que el
Estado asegure un tratamiento integral en la salud de toda esa población”.
Arbitraje
En abril del 2011, el Grupo Renco
inició un proceso de arbitraje ante el CIADI contra Perú por el cierre del
Complejo Metalúrgico La Oroya. La empresa solicitó una indemnización de US$800
millones y se amparó en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados
Unidos, dicho arbitraje fue desestimado. Sin embargo, el Grupo Renco ha
anunciado que volverá a presentar la misma demanda.
Para José de Echave, investigador
de la ONG CooperAcción, el fallo del Tribunal Arbitral favorable a Perú es una
buena noticia, “pero esto no quiere decir que el capítulo del arbitraje haya
terminado”, advierte.
En el arbitraje, Renco alegó haber
recibido un trato injusto con respecto a la ejecución del Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya, pero lo cierto es que Doe Run
ha tenido constantes prórrogas durante 15 años en los que no cumplió con la
remediación. (Redacción/Gran Angular)
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