Luego varios días de suspenso, el Gobierno de Cristina Fernández tomó finalmente la decisión de nacionalizar la YPF. Desde España, este país ha anunciado que no se quedará con los brazos cruzados y que buscará todos los mecanismos para defender los intereses de sus empresas en Argentina.
Tras la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de tomar el control de la filial de Repsol, YPF, de capitales españoles, este país se suma a las naciones que creen que estatizando empresas van a solucionar sus problemas económicos o de otra índole.
Ya antes Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guatemala, por mencionar algunos, tomaron decisiones parecidas con las consecuencias que ello les trajo.
Según la presidenta Fernández la expropiación se justifica por la falta de inversiones de la filial y ha asegurado que, durante 2010, Argentina se vio obligada a importar combustibles por casi 10.000 millones de dólares. “Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión”, ha añadido. En este apartado, ha concretado que, Repsol obtuvo entre 1999 y 2011 un retorno de 16.490 millones de YPF y cobró en dividendos 13.246. La diferencia, ha defendido, corresponde a las inversiones realizadas, ha asegurado. El Tribunal de Tasaciones argentino decidirá en los próximos días el precio a pagar por acción, que según recuerdan los analistas tiende a ser más bajo de su cotización actual.
Entre las 50 páginas del decreto que habilita al Estado a tomar el control de la empresa se afirma que “a efectos de garantizar el cumplimiento de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF”. El texto de la ley para nacionalizar YPF ha entrado este mismo lunes en el Parlamento. En él se fija un periodo de vigencia de la medida de 50 años. El decreto de intervención de la compañía, por su parte, ya ha entrado en vigor, lo que ha permitido al Gobierno expulsar a los directivos españoles de YPF.
La decisión de Argentina de estatizar a YPF, como era de esperarse ha originado sus primeras consecuencias. Tras una reunión de emergencia, el gobierno español ha señalado que da por “rota” la amistad que tenía con este país sudamericano reservándose el derecho de tomar en los próximos días alguna medida en defensa de los intereses de las empresas españolas en Argentina.
Por lo pronto, el presidente español Mariano Rajoy ha viajado a Latinoamérica donde espera reunirse con su par de México y de Chile a quienes espera convencerlos de apoyar la postura de su país.
El pasado viernes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, habló con la canciller mexicana, Patricia Espinoza, para recabar su apoyo en la crisis. Rajoy puede contar con el respaldo de México, que ejerce la presidencia de turno del G-20, no solo porque el 9,49% de Repsol está en manos de la mexicana Pemex, sino también porque este país y Argentina mantienen su propio contencioso a propósito de las restricciones impuestas por Buenos Aires a la importación de vehículos mexicanos. Pero estos planes eran previos al anuncio de Cristina Fernández.
Otro país latinoamericano que se ha alineado con España, evidenciando el aislamiento internacional de Buenos Aires, es Chile, cuyo presidente, Sebastián Piñera, advirtió el viernes a Fernández de que “los países deben respetar la ley, el Estado de Derecho y también los convenios, tratados y el derecho internacional”. Se da la circunstancia de que una de las licencias revocadas a Repsol en la provincia argentina de Chubut era operada también por la petrolera chilena Enap.
CE se pronuncia
José Manuel Durao, presidente de la Comunidad Europea, ha dicho que todo el “viejo continente” está con España en esta polémica con Argentina, aunque reconoció que no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar al país latinoamericano con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios.
Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la CE adquirió competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, aún no hay instrumentos legales, por lo que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina.
El acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas, pero no otorga a la UE la posibilidad de emprender acciones contra el país sudamericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.
Paralelamente, las fuentes comunitarias precisaron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) “no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos en ese organismo multilateral con Argentina”, por lo que la UE “no tiene posibilidad de reaccionar” tampoco sobre esa base.
Hasta ahora, Repsol controlaba el 53,47% de YPF, mientras que el grupo argentino Petersen tiene otro 25,46%. La expropiación de esta empresa provocará graves pérdidas para la española, quien tiene el control de YPF desde 1999, cuando pagó 13.158 millones de dólares por ella.
Precisamente, Fernández de Kirchner ha explicado que los orígenes del conflicto que ha llevado a la expropiación surgieron cuando se “desnacionalizó” YPF en 1998.
YPF supone la mitad de la producción de Repsol (472.000 barriles día); algo menos de la mitad de sus reservas (en torno a los 1.000 millones de barriles de un total de 2.180 millones) y un tercio del beneficio bruto (1.230 millones de euros). Según datos de la petrolera, en el último lustro, el total de las inversiones realizadas por YPF en Argentina ha sido de 11.000 millones de dólares (8.330 millones de euros) y ha triplicado la cifra de dividendos repartidos por la empresa (3.500 millones de dólares).
Tras conocerse la intención del Gobierno argentino, que ha tenido lugar con el mercado español ya cerrado, las acciones de YPF se han desplomado en la Bolsa de Nueva York. Los inversores estadounidenses tienen unos 4.000 millones en la filial de Repsol. No obstante, parece que la expropiación no afectará a este capital.
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