Gamarra: “César Álvarez controló sectores especializados de la fiscalía y el Poder Judicial”

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra sostuvo que durante la gestión regional de César Álvarez en Áncash, la corrupción floreció porque varios órganos de control no hicieron su trabajo.

Álvarez gobernó Ancash entre 2007 y 2014 y hoy cumple prisión preventiva acusado de lavado de activos, colusión, peculado y asociación ilícita para delinquir. La comisión parlamentaria que investigó el caso Ancash determinó que la red de César Álvarez tuvo a su disposición más de S/ 5 mil millones de fondos públicos para sus acciones delictivas, que incluyeron el chuponeo telefónico y la compra de medios y autoridades.  

Gamarra, ex asesor de la comisión parlamentaria, detalló que la organización de Álvarez “no solo es un grupo de personas organizadas para realizar repetidos actos de corrupción sino, también, la creación de instancias que permitan la validación, la subsistencia de esa organización”. Esto implicaba, según Gamarra, “la contratación de matones”.

En ese contexto, el Ministerio Público señaló que el asesinato del consejero regional Ezequiel Nolasco fue ordenado por “considerarlo una piedra en el zapato para la organización criminal y los negociados”. Ronald Gamarra, explica que con Álvarez “de alguna manera se reprodujo el modelo de la gran corrupción en la época de Fujimori”.

El poder Álvarez también alcanzó los órganos de control encargadas de fiscalizarlo, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. De igual manera el Consejo Nacional de la Magistratura, para que este nombrara como fiscales a personas pertenecientes a su organización política.

Gamarra cuestionó, también, el rol de la Contraloría General que “para justificar una actividad hacia cosas absolutamente menores pero dejaba pasar la gran corrupción”, afirmó. Para el abogado, esta actuación “por el tiempo que duró y la complejidad de la red, huele más a complicidad que a negligencia”.

Las investigaciones parlamentarias también determinaron los vínculos de Álvarez con la red Orellana – a través de la emisión de cartas fianzas irregulares – o el caso Lava Jato “porque entre las entidades que ganaron licitaciones estaba Odebrecht o consorcios vinculados”, explicó.

El caso de César Álvarez evidencia que “la debilidad de las instituciones, de los órganos de control, y la poca capacidad de los ciudadanos para poder controlar los actos de corrupción, hizo que los esquemas de corrupción se trasladaran, entre otras regiones a Áncash”.

Ronald Gamarra sostiene que “un mayor control de lo que hacen los ciudadanos” es fundamental. Para el abogado, los ciudadanos “sí podemos controlar lo que hace nuestro alcalde, nuestros regidores” y, así “cumpliremos con nuestro papel y haremos que la corrupción sea mucha más difícil”. (Redacción)