“El Perú sigue negociando mal con Odebrecht y la empresa está haciendo lo que mejor le conviene”

En el libro la Historia de la corrupción en el Perú, el escritor Alfonso Quiroz afirma que por culpa de esta lacra el Perú perdió US$ 39.874 millones entre 1820 y el 2000. ¿En el caso Odebrecht, cuánto habremos perdido? 

Ronald Gamarra, abogado, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien dirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Perú durante la dictadura de Fujimori, cree que este caso no está siendo investigando adecuadamente pese a la magnitud de los hechos. Nos explica el estado de las investigaciones y qué es lo que debería hacer la Fiscalía para lograr desentrañar las inmundicias de la corrupción y asegurar justicia para el Estado.

—El caso Odebrecht ha destapado uno de los casos de corrupción de funcionarios públicos más grandes a nivel mundial. En el caso peruano involucra al menos a tres exgobiernos, ¿este hecho se puede comparar a la corrupción de la década de los 90?

—Este es un caso distinto al de Fujimori. Durante el gobierno fujimorista se tomó por asalto todos los poderes e instituciones del Estado; había un proyecto político detrás que además supuso un golpe de Estado para permitir la permanencia en el poder, controlar las instituciones democráticas, desnaturalizarlas, y por supuesto utilizar hasta aparatos represivos extralegales para afianzar su poder. En el tema de Odebrecht, el Perú fue parte de un sistema corrupto que involucró hasta 13 países, y no significa que no sea una empresa criminal con resultados catastróficos para los países que los sufrieron.

—La Fiscalía ha optado por llegar a un acuerdo con Odebrecht para que este le brinde información cuando la necesite, mientras que en otros gobiernos de Latinoamérica han tomado medidas de fuerza. ¿Por qué existe una defensa de la estabilidad de la empresa cuando un acuerdo de esta naturaleza implica riesgos como la fuga de funcionarios o la pérdida de documentos importantes?

—Respecto a lo de la Fiscalía, creo en la buena voluntad, tanto de Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, como de Hamilton Castro, el fiscal a cargo del tema. Creo que ellos están haciendo lo que creen corresponde para hacer una investigación objetiva y llegar a resultados. Sin embargo, creo que la Fiscalía empezó muy tarde las investigaciones contra Odebrecht, y además mal, muy débil, porque no tenía información propia respecto a los que acontecía la corrupción de Odebrecht. Prácticamente no tenía nada:

En noviembre del año pasado se inician investigaciones solamente por una transacción vinculada a una empresa que había hecho tratos con Odebrecht en algún momento y respecto de una persona que ni siquiera era el responsable de acto intermedio en este acto de corrupción, me refiero al señor Monteverde. Además, inicia su investigación con dos reportajes: uno de IDL-Reporteros y una nota de El Comercio, o sea, prácticamente el Ministerio Público no tenía nada. En diciembre, cuando se conoce el convenio con EE.UU. es ahí donde se amplían las investigaciones contra los que resulten responsables. Ni siquiera contra Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, o la empresa específicamente.

A mí me gustaría que fuera el Ministerio Público el que tenga la dirección de la investigación y no funcione sobre la base de lo que poquito a poco le concede la empresa. Evidentemente Odebrecht no le está brindando toda la información ni está efectuando la devolución de todo el dinero malhabido.

La abogada de Odebrecht, Lourdes Carreño, es la encargada del área legal de la empresa y quien posiblemente haya sido testigo o partícipe de los múltiples casos de corrupción de la empresa. Además, Carreño participó de la mesa directiva de la Comisión de Gracias Presidenciales bajo la dirección de Chinguel, ahora preso por corrupción durante el gobierno aprista, en donde solo renunció sin mayor proceso. ¿Cómo es posible que la Fiscalía siga en un rol pasivo con esta cuestionada funcionaria?

La Fiscalía sabe que para avanzar necesitaba dos cosas: en primer lugar, asistencia jurídica internacional, es decir, conseguir la información que está en otros países a través de sus Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, y en segundo lugar, la delación premiada. ¿Quiénes tienen esta información? Los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quieren la información? Entonces tendremos que negociar con Odebrecht, pero en el camino la Fiscalía se dio cuenta que la información producto de la Asistencia Jurídica Internacional no la iba a conseguir fácil ni rápidamente. ¿Por qué? Por la burocracia. El problema común de todos los países de considerar muy pulcramente la información antes de entregar, entonces eso va a tomar tiempo. La Fiscalía necesita obtener avances y resultados pronto, por eso es que se decide a la negociación ofrecida por Odebrecht.

A mí no me parece mal la negociación per se, a mí me parece que es el camino para avanzar objetivamente la investigación y lograr resultados. Lo que me parece mal es la forma cómo se negoció, el Perú sigue negociando mal con Odebrecht y la empresa está haciendo lo que mejor le conviene.

Hay una presión de parte del fujimorismo para que las investigaciones solo abarquen los tres últimos gobiernos y no al gobierno de Fujimori, cree Ud. que si el fujimorismo no es investigado van a salir fortalecidos políticamente, pese a que el gobierno de Fujimori ha sido calificado como el más corrupto.

Dada la performance delictiva de la entidad, lo correcto sería investigar todo lo hecho desde su ingreso al Perú, probablemente ahí encontraríamos algunos actos delictivos o el mismo espíritu delictivo sistemático. ¿Eso significa investigar también la época de Fujimori? Habrá que investigarlo. Ahora, existen varios tipos de investigación: histórica, política, mediática, periodística, y legal. Yo no sé si los tiempos dan para poder investigar judicialmente la época de Fujimori o si es un tema que ya prescribió. Pero sí creo que desde el punto de vista de lo que corresponde al Estado peruano es investigar cualquier posibilidad de acto de corrupción cometido por la empresa, de allí que si en los años noventa Fujimori era presidente hay que investigarlo. Igual sería mi punto de vista si hubiera sido cualquier otro presidente. Hay que investigarlo absolutamente todo.

—En el libro Historia de la Corrupción en el Perú de Alfonso Quiroz se afirma que Montesinos había logrado una red para sobornar funcionarios y castigar a quienes intentaran oponerse. ¿Por qué se archivaron las denuncias de Pedro Morote Cornejo, excolaborador del empresario Gonzalo Monteverde, entre otras? ¿Por qué existió una continuidad de la corrupción de la empresa durante tantos gobiernos?

—Eso refleja por un lado la acción criminal de la empresa y por otro lado la debilidad del Estado peruano en democracia, porque uno pensaba que juzgando al gobierno autoritario de Fujimori y sus actos de corrupción saldábamos nuestra deuda con la historia en la lucha contra la corrupción. Eso no ha sido así porque igualmente en la época democrática el Estado ha sido muy débil para combatir actos de corrupción y esto alienta casos de corrupción extranjera y nacional.

Lamentablemente nuestro sistema fiscal y judicial permite que aquellos casos de corrupción queden en la impunidad, y que en el Perú hoy en día estemos hablando de la investigación sobre Odebrecht u otras empresas brasileñas únicamente a partir de la información con prueba que nos llega desde Brasil, Estados Unidos, y Suiza. Probablemente sí de nuestra justicia dependiera no tendríamos ninguna investigación en curso contra la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas.

—¿Qué va a pasar con los delitos por corrupción que ya han prescrito?

—Depende del tipo de delito, aquellos que sean sancionados con penas menores es evidente que a estas alturas los casos ya han prescrito y no hay posibilidad de llevarlos a un proceso penal y mucho menos de sancionarlos. Sin embargo, creo que los políticos que hayan desempeñado los cargos de presidentes de la república, ministros, o alcaldes de Lima tienen que ser investigados, aun cuando eventualmente los hechos delictivos en los que pudieron haber incurrido se encuentren a la fecha prescritos.

—En el caso de la donación de más de 250 mil dólares a Ipys, ¿cree que realmente hubo una violación a los principios fundamentales del periodismo y los periodistas involucrados, tanto desde los organizadores como los postulantes? ¿Cree que efectivamente pudo haber existido algún tipo de influencia en las investigaciones hechas por los postulantes?

—Yo creo que ahí hay que andar con mucho cuidado, no podemos atribuir responsabilidad a todos. En el caso del periodismo, si alguien tiene algún vínculo con Odebrecht debería decirlo antes de escribir a favor de la empresa. Si alguien ha postulado a un premio y no sabía que la empresa Odebrecht es la que financiaba no hay ningún tipo de responsabilidad ética. Si no le han pagado para escribir a favor de Odebrecht no hay ninguna responsabilidad. Si antes y después escribieron en contra de Odebrecht, ¿dónde está la responsabilidad?

El tema es que, ¿acaso los directivos de Ipys no sabían, en la época que recibieron la donación, que había denuncias serias de posibles vinculaciones de Odebrecht a casos de corrupción? Ya a esas alturas: 2013, 2014, es evidente que las denuncias estaban hechas. Ese dinero no debió ser aceptado desde Ipys.

—Tanto la Confiep como el MEF han declarado que el escándalo de Odebrecht va a dificultar el crecimiento económico del país (de 4.8 a 3.8). Sin embargo, Enzo Difilipi, ex viceministro de Economía, asegura que a pesar de que Odebrecht tiene comprometidos 10 mil millones en el país, esto no significará una desestabilización del sector, sino más bien un rebalance del mercado. ¿Qué balance saca de estas declaraciones?

—Odebrecht ha afectado al país de múltiples maneras y sí creo que va a ocasionar también una modificación en las expectativas económicas del país, teniendo en cuenta la importancia de los proyectos económicos de los que forma parte Odebrecht. Yo sería de la idea de que el Poder Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, deben tener muy en cuenta al momento de imponer una sanción a la empresa, no solo el dinero ilícitamente percibido, sino el daño adicional del grave perjuicio que va a causar a la economía nacional. Todo ese dinero debe serle impuesto como multa o como reparación a la empresa y tiene que ser cobrado. Por eso que, si Odebrecht quiere vender sus activos, que los venda, una muy buena parte de esa venta de activos debe quedar en poder del Estado peruano a resultas de la reparación y la multa que en su momento se le imponga, pero el Perú no puede ser tan tonto para permitir que Odebrecht venda sus activos y se los lleve.

—Si bien el Congreso ha pedido el congelamiento de las cuentas de Odebrecht para asegurar que la empresa pague las sanciones que se le imputarán, esto no sería posible pues la ley estipula que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo puede realizarlo cuando se encuentra lavado de activos. La otra vía es por decisión del juez, sin embargo, esto demoraría pues tendrían que haber pruebas que sindiquen el delito por parte de la empresa. ¿Existe posibilidad alguna de realizarlo?

—Yo creo que la Fiscalía primero debió allanar sus oficinas, inmovilizar sus activos, congelar sus cuentas, y luego negociar. Alrededor de las primeras investigaciones abiertas por el Ministerio Público con nombre y apellido hay que tener cuenta que uno de los imputados es también por lavado de activos. Así, en una ampliación de formalización de la investigación contra Luyo y Cuba ya se comprende también a la empresa Odebrecht. Por lo tanto, nada impide a la fecha que se tramite un congelamiento de las cuentas de Odebrecht. Es más, yo no entiendo por qué no se ha hecho.

—¿Cómo ve al Partido Aprista y los vínculos de corrupción en el gobierno de Alan García? Es emblemático que el primer detenido en Perú haya sido un funcionario del MTC del segundo gobierno de García. Sin embargo una investigación del blog  Desde el Tercer piso muestra los vínculos desde los años 90 entre Cuba-Cornejo y García…

— Estando con la información con la que se cuenta ahora creo que no va a faltar mucho tiempo antes de que se le comprenda al propio Cornejo en la investigación. Demasiada gente vinculada a actos de corrupción a su alrededor nombrada por él, mantenida por él (en el puesto). Pero claro, los apristas para esto son campeones y están resolviendo sus problemas internos cortándole la cabeza de paso. Yo creo que Cornejo debe ser investigado y vinculado al proceso formalmente, pero nadie puede dejar de ver que los apristas están cortándole la cabeza a Cornejo para evitar su presencia al interior del partido.(Gran Angular/El Universal)

MÁXIMOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA HISTORIA

La independencia.- Durante los primeros años de la Independencia se expropió propiedades de españoles y muchos de esos recursos fueron a parar a las manos de los luchadores de la esa gesta que no habían recibido una “compensación”. Otros permanecieron con las propiedades. Entre ellos estuvo Simón Bolivar.

El Guano.- El presidente José Rufino Echenique, amigo cercano de la casa Anthnoy Gibb&Sons, le dio a la empresa un acuerdo casi monopólico para exportar el guano. Desde ese momento el guano se convertiría en la manzana de la codicia de la corrupción. Al final de esa oportunidad desperdiciada, solo el 2% de las exportaciones de guano y salitre fue invertido en obras públicas genuinas y útiles.

La primera democratización.- El presidente Nicolás de Piérola hizo todo lo que pudo, incluyendo un golpe de estado, para llevar a su amigo Augusto Dreyfus a lograr un contrato de consignación de guano y manejo de la deuda externa. También contrató al corrupto empresario de ferrocarriles Henry Meiggs. Entre el 8% y el 10% de la inversión del Estado en ferrocarriles se destinó a sobornos.

La modernización.- El hijo del dictador Augusto B. Leguía habría recibido pagos por un millón de dólares para que la empresa JW Seligman & Co. le entregara préstamos al Perú, en un caso típico de corrupción en el manejo de la deuda externa.

La estabilización.- El gobierno de Manuel Prado se involucró en el desvío y la malversación del 60% de los fondos de asistencia estadounidense destinados a la construcción de carreteras y ayuda alimentaria.

La segunda democratización.- Durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, algunos buques de la Marina eran arrendados a terceros para importar mercadería de contrabando. Entre 1963 y 1967 el valor estimado de las importaciones de contrabando llegaban a 70.000 millones de soles, un 49% más que las legales.

Mayor democracia y privatizaciones.- En el gobierno de Alberto Fujimori se traficaron con armas, y parte del dinero de la privatización fue a parar a manos de malos funcionarios.

(Fuente: Historia de la corrupción del Perú, de Alfonso Quiroz).