Según el informe de Propuesta Ciudadana, el gobierno nacional ha tenido un nivel de ejecución promedio de 71.9% entre 2006 y 2009, el cual ha ido subiendo en los últimos años. En los gobiernos regionales el nivel de ejecución del presupuesto de inversiones fue de 62%, mostrando una tendencia descendente (69.8% en 2006, a 56.7% en 2009). En cambio, en los gobiernos locales se ha mostrado un menor desempeño en la ejecución del gasto que en los demás niveles de gobierno, con un promedio de 52%, y una tendencia decreciente, que ha representado para 2009 el 45%. De acuerdo con este grupo, en las regiones que reciben canon por la explotación de recursos naturales se ha visto multiplicar el monto de inversión varias veces en los últimos años. En esos casos, tras el indicador global se esconde una serie de aspectos interesantes: un sistema nacional de inversión pública (SNIP), que pone vallas altas de exigencia para instituciones con poca experiencia en la gestión de inversiones; con ausencia de cuadros técnicos para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos; con una administración desbordada por la problemática local. En este sentido, se hace difícil asumir y ejecutar un presupuesto que ha crecido mucho más rápido que cualquier desarrollo de capacidades. Existen gobiernos regionales que en este quinquenio han visto multiplicar su presupuesto en 20 veces, como es el caso de Áncash.
También afectan el nivel de ejecución del gasto los saldos de balance del año anterior. Los gobiernos regionales y locales incorporan dicho saldo al presupuesto de ese año, lo que hace variar considerablemente el presupuesto inicial (PIA). Así, la brecha entre lo realmente ejecutado y el presupuesto que se ha previsto ejecutar crece con el tiempo. El hecho de que el presupuesto crezca cada año representa un verdadero problema para la gestión de las inversiones. Por esta razón, las regiones con mayor performance en la ejecución del gasto de inversiones son aquellas donde se observa una diferencia moderada entre el presupuesto de apertura (PIA) y el presupuesto modificado (PIM). Es el caso de Lambayeque, Ica y Amazonas, regiones que no cuentan con recursos de canon
En suma, advierte este grupo, la ausencia de políticas claras orientadas a promover al sector agrario en su conjunto, ha determinado una falta de capacidad de los distintos niveles del gobierno, para proveer con eficiencia los bienes públicos que necesita el agro y elevar el nivel de vida de la población. La pregunta que se hace en este informe es: ¿si este no es el mejor contexto para lograr este objetivo, cuál lo será?
Escribe: Hildegardi Venero
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