Según el informe de este grupo titulado “La inversión pública en la agricultura del Perú”, en este mismo periodo, el agro ha tenido aportes significativos a la economía nacional: el 32.8% de la población económicamente activa (PEA) ocupada labora en el agro, y el valor de las exportaciones agrícolas ha crecido en 237% en la última década, manteniendo una tendencia creciente.
La política económica del sector agropecuario está explicitada en el Plan Estratégico
Sectorial Multianual 2006-2011.
Una de las entidades ejecutoras de esta política es el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural (Agrorural). El principal objetivo de esta institución es promover el desarrollo de la pequeña agricultura con potencialidad productiva, priorizando la inversión orientada a la agroexportación. En vista de que dichas exportaciones se han concentrado en la costa, no es raro que los cambios no impacten en la agricultura familiar, principalmente en la sierra y la selva, donde hay poca tierra, sin riego, un nivel educativo bajo y se labora con tecnología tradicional. Adicionalmente, se puede ver que esta entidad reconcentra funciones y presupuesto, que pudieron ser transferidos a otros niveles de gobierno. La política del Estado pretende llegar a los sectores más pobres a través de programas sociales de transferencia condicionadas, como Juntos, donde se promociona el consumo, mas no una política de inserción productiva.
Gobiernos subnacionales
En cuanto a las funciones y competencias en materia agraria, Propuesta Ciudadana observa que en los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local, hay superposiciones, y se presentan dos escenarios factibles: el primero tiene que ver con multiplicar acciones de los diferentes niveles de gobierno, con un mismo objetivo y en forma descoordinada; y el segundo, con la ausencia de intervención frente a un determinado problema, bajo el supuesto de que alguno de los otros niveles de gobierno se encargará de resolverlo.
Respecto a la inversión pública en el agro, el gasto público total agrario representa apenas el 2.4% respecto al gasto público total, participación que, sin embargo, ha crecido de forma moderada en los últimos cuatro años, pasando de 1.7% en 2006 a 2.4% en 2009.
Cabe señalar que el grado de participación de cada nivel de gobierno en la inversión agraria es distinto; mientras que en el ámbito nacional la participación disminuyó paulatinamente desde 2006 hasta 2010 (mostrando una caída de 37.6% a 21.4%), en el gobierno local se elevó de 27% a 42.5%, y en 2009 alcanzó un pico cuando superó el 46%. Es decir, las inversiones de los gobiernos subnacionales cobraron mayor importancia en la función agraria.
Más allá de significar un avance del proceso de descentralización de recursos financieros, el grupo considera que el mayor peso se debe más bien a la renta capturada por el Estado como consecuencia del buen desempeño de las actividades minera, gasífera y petrolera. Esta renta alimenta la principal fuente de financiamiento (recursos determinados) de los gastos de capital de los gobiernos locales y regionales, a través del rubro del canon.3
El destino del monto de inversiones en el agro-según se lee en el informe- varía significativamente según las funciones y competencias de cada nivel de gobierno. El gobierno nacional prioriza las acciones relacionadas con la planificación y la promoción agraria, mientras que en los gobiernos locales y regionales se priorizan las acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia en el riego.
En este periodo de análisis se dio la segunda gran oleada de grandes proyectos de irrigación: Olmos-Tinajones, Chavimochic, Chinecas, Majes-Siguas, Chira-
Piura, entre los más importantes. Todos estos proyectos benefician a la costa y representan un monto de inversión de recursos públicos del orden de S/.6,032 millones, aproximadamente, todo el presupuesto de inversión ejecutado en el quinquenio 2006-2010 (incluido el de 2010, a octubre).
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