El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que obliga al Estado a pagar los bonos de la Reforma Agraria viene generando muchas críticas. Según el director de Agronoticias, Reynaldo Trinidad, esa deuda en manos de cuatro o cinco ‘especuladores’ es impagable salvo que un Gobierno decida sacrificar las obras de agua, luz, etc. para poder honrar ese compromiso.
-¿En qué consiste el tema de los bonos de la Reforma Agraria, por cuyo pago definitivo acaba de fallar el Tribunal Constitucional?
- Cuando el general Juan Velasco Alvarado decretó la expropiación de todas las haciendas del país, dispuso que el valor de cada una de estas fuese pagado parcialmente con dinero líquido en bonos de 20 a 30 años.Pero la Asamblea Constituyente de 1979, presidida por Víctor Raúl Haya de La Torre, con el respaldo del Apra y el Partido Popular Cristiano, decidió perdonar esa deuda a los campesinos, para trasladarla al Estado, pero en el gobierno de Alberto Fujimori no se pagó ningún bono. Ahí comenzaría a agravarse el problema que hoy tiene conmocionado al país.
-¿Se cumplirá la reciente sentencia del Tribunal Constitucional?
- Lo dudo, primero porque ese fallo tiene connotaciones de prevaricato (sentencia injusta) y segundo, porque el Estado jamás tendrá recursos para pagar a los que acapararon los bonos utilizando información privilegiada proveída por dignatarios y funcionarios inescrupulosos del Ministerio de Economía y Finanzas.
-¿Hay presupuesto para efectuar ese pago de las diversas maneras en las que se aprobaron?
- No hay, ni habrá, salvo que algún Gobierno decida sacrificar los elementales servicios de salud, educación, vivienda, energía, comunicaciones, etc., para honrar esa deuda. Pero si se llegara a dar, tendría un impacto negativo en la economía nacional, más de lo que se imagina, pero lo ocultan los procuradores jurídicos, constitucionales y mediáticos del controversial fallo.
-¿Es suficiente el periodo de tiempo que dio el Tribunal Constitucional al Ejecutivo para pagar los bonos?
- Los plazos establecidos para las tres etapas del proceso no tienen ningún sustento técnico, aunque más grave aún es el hecho de que al dolarizar el valor de los bonos el Tribunal Constitucional ha incurrido en un inadmisible desprecio por la moneda nacional que, no obstante, desde hace varios años, es más fuerte que la moneda estadounidense.
-¿Este pago resultaría perjudicial para el agro y los pequeños productores?
- Seguro, porque como los campesinos están en la base de la pirámide de la pobreza, cualquier sacrificio que se haga en el presupuesto nacional para satisfacer a los ‘especuladores’, afectará a las magras partidas asignadas al agro y el desarrollo rural.
-¿Qué diferencia existe entre la deuda agraria y la que el Estado mantiene con los Fonavistas?
- Que la primera fue contraída ante uno de los segmentos más ricos del país, deuda que hoy está en manos de tres, cuatro o cinco grupos de ‘especuladores’, en su mayoría extranjeros; mientras que la segunda es una deuda ante los indefensos trabajadores formales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional cesante prefirió fallar a favor de los ‘especuladores’, olvidándose de los fonavistas.
-¿Qué opinión tiene de la Reforma Agraria?
- Era un proceso inevitable. La reforma de Velasco fue la tercera que hubo en el país y la más importante porque logró contener a Sendero Luminoso por espacio de 12 años. La primera reforma comenzó en la década del sesenta con los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley, la segunda se dio en el primer gobierno de Belaunde. En ambos casos el proceso se ejecutó solo en determinados lugares. En cambio, con Juan Velasco Alvarado se hizo de manera radical y se aplicó en todo el Perú. No iba tan mal, pero al llegar otra vez Belaúnde al mando, se detuvo todo. Durante su gobierno se decretó la parcelación de las tierras que en el primer mandato de Alan García se profundizó. De esa manera terminó.
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