Un nuevo reporte de Oxfam denominado “De Promesas a Prioridades” revela que si bien, entre los años 1995 y 2010, el sector agropecuario creció en América Latina un 3% anual, este aumento no ha beneficiado por igual a los actores que forman parte de esta actividad.
Por el contrario, ha contribuido a la inseguridad alimentaria –aún 49 millones de personas se acuestan con hambre cada noche en la región-, la pobreza y el uso insostenible de los recursos naturales.
En este contexto, Oxfam estima que, en promedio, los presupuestos destinados a la agricultura de los países estudiados no alcanzan ni el 5%. Al limitado presupuesto, hay que añadir que hasta un 60% de los recursos asignados al sector se quedan sin utilizar por limitaciones institucionales que impiden concretar las acciones y/o programas presupuestados.
“En un contexto de cambio climático, incremento de precios de los alimentos, hambre y políticas públicas de limitado impacto, esta situación es un escándalo evitable que urge resolver a través de políticas que permitan mejorar y transparentar la gestión presupuestaria”, dice Antonio Hill, asesor de políticas de Oxfam para la región.
El caso de la AFC -clave en América Latina y el Caribe como medio de vida, para la seguridad alimentaria y la generación de empleo-, es más preocupante. De acuerdo con Hill, si bien genera más del 50% de los alimentos que se consumen en la región, el gasto público destinado a este sector no alcanza ni el 0,2% de los presupuestos nacionales de los países estudiados.
Si bien la seguridad alimentaria es un tema que se aborda políticamente en los países de la región, el enfoque es más asistencialista que de impulso a la producción de alimentos. Son los casos de El Salvador, México y Nicaragua, cuyas políticas se enfocan principalmente en apoyar el ingreso de las poblaciones vulnerables y el acceso a alimentos básicos mediante ayuda alimentaria, con una orientación más asistencialista que productiva.
“Es importante reorientar el gasto público en agricultura, hacia un modelo productivo que tenga como puntos la sostenibilidad y una justa distribución de los recursos. Pero no se trata solo de incrementar el gasto público. Se deben desplegar esfuerzos para redistribuir los recursos disponibles de forma justa y respondiendo a las necesidades de los diferentes tipos de productores/as, a través de líneas diferenciadas de acción”, dice Hill. (REDACCIÓN)
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