La majestad del Congreso una vez más se ha visto manchada. Como aconteció en el pasado con Elsa Canchaya, José Anaya y tantos otros, esta vez le tocó el turno al parlamentario Michael Urtecho.
Las denuncias de cinco extrabajadores de que Urtecho les recortaba sus sueldos, en algunos casos hasta el 90%, realmente llamaron la atención, puesto que el congresista perteneciente a las filas de Solidaridad Nacional se había distinguido en los últimos años como un abanderado en la lucha contra la corrupción.
Urtecho, recientemente suspendido por 120 días en sus funciones, ahora tendrá que afrontar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, muy probablemente, a la justicia.
Por los cargos que se le imputan: apropiación ilícita, delito contra la libertad personal, estafa en agravio del Estado, la suerte del congresista sería el desafuero y posiblemente la cárcel.
El vía crucis que viene protagonizando el parlamentario Michael Urtecho no es nuevo en nuestro país. Solo en el gobierno anterior se dieron más de 10 casos de esta naturaleza. Así tenemos que en el 2007 a Tula Benites (Apra) se le acusó de haber contratado a un supuesto auxiliar que nunca fue a trabajar y que dejó su cuenta corriente a disposición de la ex parlamentaria. Por esa denuncia, la congresista fue suspendida por 120 días de sus funciones, y su caso fue elevado al Poder Judicial.
Otro caso muy similar al solidario fue la que protagonizó Elsa Canchaya (Unidad Nacional) quien fue desaforada luego de comprobarse que su asesora Jacqueline Simón era también la nana de su casa. Canchaya intentó negar lo que a la luz de las pruebas parecía evidente y finalmente fue inhabilitada por tres años para ejercer cualquier cargo público.
"Otro congresista que fue suspendido por 120 días fue Walter Menchola. A este ‘padre’ de la patria se le acusó de promover la contratación de la señorita Karen Ku como asistente del también parlamentario Martín Pérez, pese a que en términos prácticos
nunca trabajó para él"
En ese mismo periodo de gobierno, al parlamentario José Anaya a quien se le bautizó como el ´comepollo´, por haber presentado al Congreso boletas por altas sumas de dinero por concepto de consumo de ese plato de sabor nacional, también se le suspendió de sus funciones y se le levantó su inmunidad parlamentaria. En febrero de este año, Anaya fue condenado a cinco años de cárcel efectiva tras ser encontrado responsable de los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y contra la administración pública en la modalidad de peculado.
Otro parlamentario que corrió similar infortunio fue Rocío González (UPP). Ella fue sentenciada a cuatro años de prisión suspendida por hurto agravado de energía eléctrica en perjuicio del Estado, (es decir, porque ‘jalaba’ luz para su empresa). El escándalo estalló a mediados de setiembre del 2009 y fue vacada del Parlamento el 6 de octubre del mismo año.
En el 2010, el pleno del Congreso decidió suspender por 120 días (la máxima sanción que figura en el reglamento) a Álvaro Gutiérrez, luego de que se le cuestionara la rendición de cuentas tras unos viajes al exterior, así como por haber utilizado un vehículo oficial para asuntos personales y haber encargado a dos empleados del Parlamento para labores domésticas.
Otro congresista que fue suspendido por 120 días fue Walter Menchola. A este ‘padre’ de la patria se le acusó de promover la contratación de la señorita Karen Ku como asistente del también parlamentario Martín Pérez, pese a que en términos prácticos nunca trabajó para él. Según una denuncia periodística, Ku y Menchola sostenían una relación sentimental.
Requerimos cambios
“Si queremos que el Congreso no tenga más casos como el del legislador Urtecho debemos hacer varios cambios en el interior de este Poder del Estado”. Así de contundente fue el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde tras preguntársele cómo hacemos para frenar estas cosas.
Según Vitocho, la Oficialía Mayor no debe administrar las finanzas del Congreso luego de que se revelara que contrató a empresas fantasmas para actividades de algunos de sus colegas.
“Cuando fui candidato a la Presidencia del Congreso hace unos años, propuse dividir el Parlamento en dos autoridades, el oficial mayor, que se debe encargar solamente de asuntos legislativos, y un gerente general (…) Actualmente, el oficial mayor se convierte en gerente general y no es economista ni contador, es un abogado experto en temas parlamentarios”, sostiene.
Por su parte, el vocero fujimorista, Julio Gagó, coincide con su colega e indica que el manejo político y la administración del Parlamento deben ir en “cuerdas separadas”. “Solo así podremos evitar que malos funcionarios den pase a facturas de empresas ‘fantasmas’ y acepten documentos falsos de un congresista”, afirma. (Raúl Vela)
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