Azúcar amarga

A pesar que el Ejecutivo observó la Ley de Protección Patrimonial Azucarera, el Congreso con el voto de muchos parlamentarios que en un principio opinaron en contra, logró aprobar dicha norma. Mientras para algunos se esconden bajos interés para otros se defendió al Estado y a la clase trabajadora. ¿Quién tiene la razón?

A pocos días de haberse aprobado la “Ley de Protección Patrimonial Azucarera”, norma que amplía hasta el mes de diciembre la venta de las acciones que tiene el Estado en las azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí, cada vez son más los entendidos sobre esta materia quienes concluyen que el único ganador de la decisión que tomó el Congreso para aprobar esta ley fue el Grupo Oviedo, que administra las tres cooperativas.

Gracias a esta norma dicho grupo continuará pagando fraccionariamente la deuda que tiene con los trabajadores y la Sunat, y lo que es mejor para ellos, evitará tener como competidor al Consorcio Gloria que también aspira a tener el control de esas azucareras.

Cabe señalar que el Grupo Oviedo mantiene una deuda con los trabajadores, acreedores y el Estado por un monto cercano a los 862 millones de soles.

¿Ejecutivo observó esta Ley?

Días después que el Legislativo aprobará una tercera ampliación a la “Ley de Protección Patrimonial”, el Ejecutivo se pronunció al respecto de esta norma haciendo una serie de observaciones que no inmutaron a los legisladores. En dichos ajustes, el gobierno recalca que el régimen con que cuentan estas empresas que data del año 2003 fue creado de manera extraordinaria y temporal por un lapso de 12 meses con la idea de lograr el saneamiento de los pasivos de las azucareras que ha sido prorrogado por más de 7 años, sin que en ese lapso se haya avanzado en saldar la deuda. Otro punto resaltante, a juicio del Ejecutivo, es que este proyecto no garantiza la venta de las acciones del Estado en las empresas agrarias azucareras, más por el contrario interrumpe la urgente restructuración de las mismas, impidiendo el proceso de inversión que se requiere para incrementar aceleradamente la producción y lograr abastecer el mercado nacional que se encuentra deficientemente abastecido.

Cabe señalar que con la extensión patrimonial se estaría condenado a los trabajadores al fraccionamiento de una deuda que no es correcta ni por la Constitución ni por las normas laborales.

Posiciones encontradas

Muchos piensan que detrás de esta norma estarían intereses partidarios quienes habrían manipulando dicha decisión. Esa es la apreciación del congresista de Unidad Nacional Luis Galarreta, quién señala que esta norma ha sido aprobada gracias a los votos de los parlamentarios que no van a continuar en el Congreso, mientras otros apoyaron-los menos- porque no tienen nada que perder.

Para el presidente de la Asociación de Accionistas y Trabajadores de Tumán, Alejandro Zevallos, la ampliación de esta norma resulta muy extraña ya que se sumaron los votos de congresistas que en un primer momento se mostraron reacios a darle su aprobación a la misma. “Resulta misterioso que de 46 votos a favor que se tenia al principio pasó inexplicablemente a 74 votos” señala Zevallos.

Una posición similar es el que tiene el asesor del sindicato de trabajadores de Pomalca, Wilfredo Chero, quién sostiene que esta norma facilitaría al Grupo Oviedo seguir comercializando como si nada hubiese pasado y sin pagar las cuantiosas deudas que tiene con el Estado y con sus trabajadores.

Por su parte para el congresista peruposibilista, Víctor Andrés García Belaunde, a quién no le ha caído nada bien dicha aprobación, la norma recientemente aprobada tiene nombre propio puesto que va a beneficiar a una familia de cinco miembros que cuentan con 100 juicios en su haber, algunos por lavado de dinero y que, con medidas judiciales, se han apoderado de dos emporios agroindustriales, perjudicando a los trabadores.

Para el presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Fernando Eguren, la Ley de Control Patrimonial para las Azucareras al único que favoreció es al Grupo Oviedo, ya que esta norma permitirá que dicha compañía siga comprando el azúcar de sus trabajadores a precios irrisorios para luego comercializarlos al público al doble de su valor. “Aquí hay que señalar que el Grupo Oviedo se dedica básicamente a comercializar azúcar, ese es su negocio. Pero también entra a tallar otros intereses como los que tiene el Grupo Gloria, con el cual están en constante pugna por hacerse de grandes extensiones de tierras que tienen agua garantizada y buenas posibilidades de producir etanol que se produce en base a la caña de azúcar”, sostiene el especialista. Actualmente en el país, tanto el Grupo Oviedo como Gloria vienen compitiendo para tener las mayores extensiones de terreno, aunque hasta el momento quien está tomando la delantera es la compañía de capitales arequipeños, quienes en la actualidad cuentan con un total de 60 mil hectáreas, casi el doble de los chiclayanos.

Por su parte los congresistas Tomás Cenzano y Gloria Ramos negaron que sus propuestas de apoyar esta ley haya tenido el interés de favorecer al Grupo Oviedo. “Ellos dijeron que lo que han buscado es evitar el latifundio para diversificar las tenencias de las tierras en varios posesionarios y no en uno solo”. A su turno, el parlamentario nacionalista Tomás Zamudio, autor del proyecto para fijar la propiedad en 25 mil hectáreas, dijo que esta norma busca neutralizar cualquier intento que apunte a que se monopolice la propiedad de la tierra en la costa.