Juan H.P tiene 10 años y a su corta edad ya sabe lo que es perder a su madre. Su padrastro, aquel hombre violento e indiferente, lo maltrata tanto física como psicológicamente, además de marginarlo de la familia por no llevar su apellido. Casos como el de Juan son el pan de cada día en nuestro país.
Diariamente, miles de niños y niñas en el Perú son maltratados física y psicológicamente por sus padres, madres, parientes, profesores, o por cualquier adulto que considere al castigo físico como normal, aceptable y hasta “necesario”. Las víctimas de estos casos no aparecen en las estadísticas, salvo que los “castigos” hayan originado graves secuelas o la muerte de quienes recibieron los golpes. Aunque esto ocurre con mucha frecuencia, las diferentes formas de castigo físico siguen siendo vistas como un método de disciplina y aprendizaje, sobre todo en el interior del país.
Los maltratos contra los niños, sean empujones, jalones de cabello, bofetadas o insultos, están insertos en el lenguaje popular del Perú, tales como “la letra con sangre entra”, “a cocachos (golpes) aprendí”, o “esto me va a doler más a mí que a tí”.
Para la adjunta de la Defensoría del Pueblo en temas para la Niñez y la Adolescencia, Mayda Ramos, el maltrato infantil se alimenta de una cultura de la propiedad en un país como el nuestro. “Algunos adultos piensan que los niños son propiedad de ellos, sin derechos ni personalidad propia y por lo tanto pueden hacer con ellos lo que quieran”, sostiene la funcionaria.
Según la defensora, la sociedad patriarcal reproduce la dominación del hombre adulto sobre la mujer y el niño, pero en hogares de mujeres solas, éstas reproducen ese comportamiento aunque parezca mentira.
En la selva
De acuerdo con una investigación de la organización Save the Children de 2009, cinco de cada diez niños en el Perú es víctima de castigos en su hogar. Los maltratos recibidos en la escuela recaen en uno de cada cinco niños, según la misma investigación.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo señala que en el 75% de las Demunas del país se detectó denuncias de castigo físico, siendo los padres los autores de la violencia en 63%, seguidos por otros familiares y profesores.
El estudio elaborado por este organismo arrojó también que los golpes propinados por las madres de familias son más frecuentes en los poblados de la selva (57%), seguido por Lima (30%) y la sierra (5%). En cuanto a las reprimendas verbales, ellas están presentes en más del 80% del país.
Un hecho relevante que arrojó la investigación de la Defensoría, es que “las madres más jóvenes” (entre 15 y 24 años de edad) son más proclives a pensar que no se debe aplicar el castigo físico.
Niños no tienen donde recurrir
Germán Guajardo Méndez, director de la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolecentes en Riesgo), señala que los niños agredidos lo único que buscan es un poco de paz y comprensión. Lamentablemente, como dice, no existen muchos lugares en donde ellos puedan contar sus problemas, ser escuchados y comprendidos.
A juicio de Guajardo, es labor del Estado fortalecer a la familia como unidad básica de la sociedad y darle la contención y el apoyo logístico correspondiente para que puedan ser tratados.
Para la ex presidente de la comisión de la Salud del Congreso, Hilda Guevara, lo que está faltando en el país es una mayor inversión en el tema de la prevención. Dice que en estos momentos no se cuenta con los suficientes centros hospitalarios que atiendan de forma exclusiva los casos de salud mental, como tampoco con el número de psicólogos que puedan trabajar en los colegios. Reconoce, a pesar de ser parlamentaria oficialista, que el gobierno aprista como los anteriores se descuidaron en este aspecto.
En el Perú solo existe dos grandes hospitales psiquiátricos, el Instituto Honorio Delgado Hideyo Noguchi y el Larco Herrera, que obviamente no se dan abasto ante la creciente demanda de personas con alguna enfermedad mental.
En cuanto al papel de Estado en este problema, el representante de la ANAR, hizo recordar que hasta el momento el gobierno no invierte en políticas sociales ni de familia. “Un hogar que está en crisis tiene que recibir de forma inmediata ayuda psicológica y así poder afrontar el problema”, sostiene.
DATO
Para casos de violencia cometidos por padres contra sus hijos, el Código Penal vigente en el país señala de acuerdo con la gravedad del delito una pena de entre uno y cuatro años de prisión efectiva.
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