jueves, 27 de noviembre de 2014

“El Gobierno no puede lavarse las manos ante reclamo de comunidades que exigen consulta previa”



Unas 70 comunidades de la selva se oponen a la exploración petrolera debido a que nadie les consultó. Por lo ocurrido en el “Baguazo”, es necesario tomar interés de este problema, de lo contrario podrían haber muertos y heridos.

Entre Loreto y Amazonas existen 73 comunidades en cuyo territorio se encuentra la inmensa concesión otorgada en 2007 a la empresa petrolera Hocol S.A. y que desde el 2013 opera la francesa Maurel et Prom junto con Pacífic Rubiales (Pacific Stratus Energy).
El dicha zona se asientan los pueblos awajún y wampis, los mismos que reclamaron sus derechos pre “Baguazo”, que fue una violenta protesta que enfrentó a nativos y policías, dejando como resultado 33 muertos y un agente del orden desaparecido. El lote petrolero cuenta con una extensión de 650 mil hectáreas, en donde se incluye dos áreas naturales protegidas como la reserva Santiago Comaina en la zona de Tuntanain.
El antropólogo Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), detalla que la zona dura de operaciones de la petrolera está en las comunidades de Kashap en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui. Hoy, siete años después de iniciadas las operaciones en esa zona, 70 comunidades de las 73 existentes en la zona están exigiendo al Estado un proceso de consulta previa, debido a que se oponen a la exploración sin su consentimiento.
El martes 12 de agosto de este año, los dirigentes de los pueblos awajún y wampis presentaron una demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial, contra el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro por haber omitido su derecho a la consulta previa para las actividades en el lote 116. El pedido aún no tiene respuesta. Para hablar sobre este tema conversamos con el antropólogo Vega.
 -¿Qué pasó en el 2007 cuando empezaron las operaciones en el lote 116?
- La empresa y el Estado firmaron un contrato en donde se autorizó a Hocol SA iniciar sus operaciones sin que se haya realizado un proceso de consulta previa a pesar de que el convenio 169 de la OIT está vigente desde 1995.
 -¿No hubo siquiera un proceso de diálogo con esas comunidades antes de ingresar en su territorio?
- Lo que ha hecho la empresa es solo cumplir con hacer tres o cuatro talleres informativos sobre las actividades que está realizando y ha establecido algunos acuerdos con la comunidad de Kashap, especialmente, y con dos comunidades más que están muy cerca de la plataforma en donde se empezó la exploración. Sin embargo, las comunidades restantes no han expresado su acuerdo con respecto al trabajo de la empresa. Son estas, representadas por sus organizaciones, las que han iniciado desde hace varios años, un proceso permanente de reclamo y demanda del cumplimiento y reconocimiento de sus derechos, especialmente el de su derecho a la consulta.
 -¿Qué tipo de mecanismos están llevando a cabo para exigir ese derecho?
- Desde el año pasado han iniciado acciones de incidencia política, de búsqueda de espacios de diálogo con el Gobierno, ejerciendo una serie de acciones y poniendo en marcha mecanismos que están dentro de lo que el marco legal les permite. Y en ese sentido ejercieron lo que se conoce como el derecho de petición. Varias organizaciones indígenas presentaron ante el Ministerio de Energía y Minas una solicitud, ejerciendo su derecho a petición, planteando la implementación de un proceso de consulta y que se suspendan las actividades en el lote 116 hasta que las comunidades y organizaciones expresen su opinión respecto del trabajo de la empresa.
 -Sin embargo en el 2007 la Ley de Consulta Previa no existía, entonces cómo podía exigírsele ese requisito a la empresa.
- Claro, eso es lo que respondió el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ante la solicitud de las organizaciones awajún y wampis. En ese mismo sentido el viceministerio de Interculturalidad respondió.
 -Son 73 comunidades donde la petrolera está superponiendo el territorio ¿De cuánta gente estamos hablando?
- Estamos hablando de más de 20 mil personas.
 -La petrolera está aún en etapa de exploración ¿Hay acaso impactos? Si recién está en la primera etapa de la inversión.
- En este tiempo ya se han comenzado a sentir los impactos socioambientales en la zona que han sido denunciados por las organizaciones indígenas awajún y wampis. Entre los impactos más importantes hasta ahora son los que tienen que ver con su derecho a subsistir, a tener una vida tranquila.
 -¿Cómo ha afectado la actividad de exploración a la vida cotidiana de las más de 70 comunidades?
- Los impactos de la actividad petrolera en esta zona han comenzado a afectar las capacidades y posibilidades de caza de estas poblaciones porque los ruidos permanentes y el transporte de helicópteros, el desplazamiento de maquinaria pesada durante todo este tiempo, han provocado la huida de animales que estaban antes más accesibles a las actividades de caza de estos pueblos.
Hay testimonios que señalan que el agua de las quebradas ha comenzado a sufrir los efectos de la contaminación y han empezado a aparecer animales muertos, la piel de los niños que se bañan en la zona también ha sido afectada. Todo esto aunado a los impactos sociales y culturales.
 -No me queda claro cómo es que pueden registrarse animales muertos en las aguas cercanas al centro de operaciones si la empresa está recién en etapa de exploración.
- Lo que pasa es que en la etapa de exploración, se usa una gran cantidad de sustancias químicas que se almacenan en la zona porque son necesarias para que perforen el pozo que, según el Estudio de Impacto Ambiental alcanzaría unos cuatro mil metros de profundidad. Para perforar esa distancia, se necesita gran cantidad de maquinaria que ha sido transportada en helicóptero y por ríos.
 -¿La empresa no cuenta, acaso, con una planta de tratamiento?
- Por supuesto que en el EIA que hemos revisado se supone que hay una pequeña planta de tratamiento del agua pero ninguna información, ningún documento que garantice y certifique que eso sucede. Por el contrario, lo que sí conocemos, son los testimonios de los pobladores que dicen que el agua contaminada ya está produciendo estos efectos.
 -¿Por qué afirma que se genera un impacto social?
- La contaminación genera impactos sociales porque la presencia de una empresa genera una fragmentación social fuerte. La empresa establece acuerdos solo con ciertas comunidades, les ofrece una serie de mejoras, pequeña infraestructura, etc. Esto hace que las relaciones entre las comunidades comiencen a volverse más tensas porque muchas alrededor no están de acuerdo o se sienten excluidas o amenazadas y así empiezan las divisiones. No hay presencia del Estado que garantice que los acuerdos sean justos.
 - Si finalmente el Gobierno cede a la consulta previa en el lote 116, esto marcaría un precedente.
- Este es un temor latente en el Estado y las empresas. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, está muy preocupado porque se implementen los pozos de exploración. Señala que hay muy pocos. Está preocupado porque hay demasiados trámites y mucha burocracia en los permisos que tienen que obtener las empresas para que la inversión en hidrocarburos se incremente al doble o al triple. Pero lo que no se toma en cuenta es que es necesario compatibilizar, articular, digamos, promoción de la inversión privada con el respeto del derecho a los pueblos indígenas y con el cuidado de los estándares ambientales. Para evitar que sean inversiones enfrentadas permanentemente a conflictos y cuestionamiento por parte de las organizaciones.
Lo que no puede hacer el Estado y el gobierno es decir “bueno, como todos estos contratos están vigentes desde antes de la ley de la consulta previa -son 71 contratos petroleros que hay en la Amazonía peruana- entonces no tenemos nada qué hablar, ni hacer” y se lavan las manos. Esta no puede ser la respuesta de un Estado que se reclama inclusivo, democrático, de derecho.
 -Si se hace caso omiso a las exigencias de comunidades en el lote 116 ¿Cuáles serían las consecuencias?

- Se puede generar una situación de tensión creciente, de enfrentamiento innecesario entre pueblos indígenas y el Estado, porque los awajún y los wampis tienen muy claro que ellos exigen que se respeten sus derechos.  (Agencia)