Unas 70 comunidades de la selva se oponen a la exploración petrolera
debido a que nadie les consultó. Por lo ocurrido en el “Baguazo”, es necesario tomar
interés de este problema, de lo contrario podrían haber muertos y heridos.
Entre Loreto y Amazonas
existen 73 comunidades en cuyo territorio se encuentra la inmensa concesión otorgada
en 2007 a la empresa petrolera Hocol S.A. y que desde el 2013 opera la francesa
Maurel et Prom junto con Pacífic Rubiales (Pacific Stratus Energy).
El dicha zona se asientan los
pueblos awajún y wampis, los mismos que reclamaron sus derechos pre “Baguazo”, que
fue una violenta protesta que enfrentó a nativos y policías, dejando como
resultado 33 muertos y un agente del orden desaparecido. El lote petrolero
cuenta con una extensión de 650 mil hectáreas, en donde se incluye dos áreas
naturales protegidas como la reserva Santiago Comaina en la zona de Tuntanain.
El antropólogo Ismael Vega,
del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), detalla que
la zona dura de operaciones de la petrolera está en las comunidades de Kashap
en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui. Hoy, siete años después de
iniciadas las operaciones en esa zona, 70 comunidades de las 73 existentes en
la zona están exigiendo al Estado un proceso de consulta previa, debido a que se
oponen a la exploración sin su consentimiento.
El martes 12 de agosto de
este año, los dirigentes de los pueblos awajún y wampis presentaron una demanda
de acción de amparo ante el Poder Judicial, contra el Ministerio de Energía y
Minas y Perupetro por haber omitido su derecho a la consulta previa para las
actividades en el lote 116. El pedido aún no tiene respuesta. Para hablar sobre
este tema conversamos con el antropólogo Vega.
-¿Qué pasó en el
2007 cuando empezaron las operaciones en el lote 116?
- La empresa y el Estado
firmaron un contrato en donde se autorizó a Hocol SA iniciar sus operaciones
sin que se haya realizado un proceso de consulta previa a pesar de que el
convenio 169 de la OIT está vigente desde 1995.
-¿No hubo siquiera
un proceso de diálogo con esas comunidades antes de ingresar en su territorio?
- Lo que ha hecho la
empresa es solo cumplir con hacer tres o cuatro talleres informativos sobre las
actividades que está realizando y ha establecido algunos acuerdos con la
comunidad de Kashap, especialmente, y con dos comunidades más que están muy
cerca de la plataforma en donde se empezó la exploración. Sin embargo, las
comunidades restantes no han expresado su acuerdo con respecto al trabajo de la
empresa. Son estas, representadas por sus organizaciones, las que han iniciado
desde hace varios años, un proceso permanente de reclamo y demanda del
cumplimiento y reconocimiento de sus derechos, especialmente el de su derecho a
la consulta.
-¿Qué tipo de
mecanismos están llevando a cabo para exigir ese derecho?
- Desde el año pasado han
iniciado acciones de incidencia política, de búsqueda de espacios de diálogo
con el Gobierno, ejerciendo una serie de acciones y poniendo en marcha mecanismos
que están dentro de lo que el marco legal les permite. Y en ese sentido
ejercieron lo que se conoce como el derecho de petición. Varias organizaciones
indígenas presentaron ante el Ministerio de Energía y Minas una solicitud,
ejerciendo su derecho a petición, planteando la implementación de un proceso de
consulta y que se suspendan las actividades en el lote 116 hasta que las
comunidades y organizaciones expresen su opinión respecto del trabajo de la
empresa.
-Sin embargo en el
2007 la Ley de Consulta Previa no existía, entonces cómo podía exigírsele ese requisito
a la empresa.
- Claro, eso es lo que
respondió el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ante la solicitud de las
organizaciones awajún y wampis. En ese mismo sentido el viceministerio de
Interculturalidad respondió.
-Son 73
comunidades donde la petrolera está superponiendo el territorio ¿De cuánta
gente estamos hablando?
- Estamos hablando de más
de 20 mil personas.
-La petrolera está
aún en etapa de exploración ¿Hay acaso impactos? Si recién está en la primera
etapa de la inversión.
- En este tiempo ya se han
comenzado a sentir los impactos socioambientales en la zona que han sido
denunciados por las organizaciones indígenas awajún y wampis. Entre los impactos
más importantes hasta ahora son los que tienen que ver con su derecho a
subsistir, a tener una vida tranquila.
-¿Cómo ha afectado
la actividad de exploración a la vida cotidiana de las más de 70 comunidades?
- Los impactos de la
actividad petrolera en esta zona han comenzado a afectar las capacidades y
posibilidades de caza de estas poblaciones porque los ruidos permanentes y el
transporte de helicópteros, el desplazamiento de maquinaria pesada durante todo
este tiempo, han provocado la huida de animales que estaban antes más
accesibles a las actividades de caza de estos pueblos.
Hay testimonios que señalan
que el agua de las quebradas ha comenzado a sufrir los efectos de la
contaminación y han empezado a aparecer animales muertos, la piel de los niños
que se bañan en la zona también ha sido afectada. Todo esto aunado a los
impactos sociales y culturales.
-No me queda claro
cómo es que pueden registrarse animales muertos en las aguas cercanas al centro
de operaciones si la empresa está recién en etapa de exploración.
- Lo que pasa es que en la
etapa de exploración, se usa una gran cantidad de sustancias químicas que se
almacenan en la zona porque son necesarias para que perforen el pozo que, según
el Estudio de Impacto Ambiental alcanzaría unos cuatro mil metros de
profundidad. Para perforar esa distancia, se necesita gran cantidad de
maquinaria que ha sido transportada en helicóptero y por ríos.
-¿La empresa no
cuenta, acaso, con una planta de tratamiento?
- Por supuesto que en el
EIA que hemos revisado se supone que hay una pequeña planta de tratamiento del
agua pero ninguna información, ningún documento que garantice y certifique que
eso sucede. Por el contrario, lo que sí conocemos, son los testimonios de los
pobladores que dicen que el agua contaminada ya está produciendo estos efectos.
-¿Por qué afirma
que se genera un impacto social?
- La contaminación genera
impactos sociales porque la presencia de una empresa genera una fragmentación
social fuerte. La empresa establece acuerdos solo con ciertas comunidades, les
ofrece una serie de mejoras, pequeña infraestructura, etc. Esto hace que las
relaciones entre las comunidades comiencen a volverse más tensas porque muchas
alrededor no están de acuerdo o se sienten excluidas o amenazadas y así
empiezan las divisiones. No hay presencia del Estado que garantice que los
acuerdos sean justos.
- Si finalmente el Gobierno cede a la consulta
previa en el lote 116, esto marcaría un precedente.
- Este es un temor latente en el Estado y las
empresas. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, está muy preocupado
porque se implementen los pozos de exploración. Señala que hay muy pocos. Está
preocupado porque hay demasiados trámites y mucha burocracia en los permisos
que tienen que obtener las empresas para que la inversión en hidrocarburos se
incremente al doble o al triple. Pero lo que no se toma en cuenta es que es
necesario compatibilizar, articular, digamos, promoción de la inversión privada
con el respeto del derecho a los pueblos indígenas y con el cuidado de los
estándares ambientales. Para evitar que sean inversiones enfrentadas
permanentemente a conflictos y cuestionamiento por parte de las organizaciones.
Lo que no puede hacer el
Estado y el gobierno es decir “bueno, como todos estos contratos están vigentes
desde antes de la ley de la consulta previa -son 71 contratos petroleros que
hay en la Amazonía peruana- entonces no tenemos nada qué hablar, ni hacer” y se
lavan las manos. Esta no puede ser la respuesta de un Estado que se reclama
inclusivo, democrático, de derecho.
-Si se hace caso
omiso a las exigencias de comunidades en el lote 116 ¿Cuáles serían las
consecuencias?
- Se puede generar una
situación de tensión creciente, de enfrentamiento innecesario entre pueblos
indígenas y el Estado, porque los awajún y los wampis tienen muy claro que
ellos exigen que se respeten sus derechos. (Agencia)
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