Dos años y medio después de que el Ejecutivo anunciase que se
implementaría la consulta previa, aún no se ha realizado.
Los plazos se agotan y las propuestas no convencen. La
Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo se reunió con representantes
de las comunidades de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para
concretar acuerdos y propuestas, como parte de la Comisión Multisectorial
creada en el 2012.
Las comunidades
indígenas enfrentan con desconfianza este proceso tras la falta de actuación
del Estado durante 43 años de explotación petrolera, la misma que ha ocasionado
contaminación del agua y la tierra de estas poblaciones. Así lo documentan
diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertan
de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos
totales de petróleo en altas concentraciones.
Sin embargo, se
muestran firmes en sus reclamos. “No queremos que ratifiquen contratos sin
consulta previa y sin cumplir las cinco demandas que tenemos”, declara Aurelio
Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza
(FEDIQUEP). Es por ello que el líder indígena no firmó el Acta de Acuerdos (los
dirigentes de las otras cuencas sí lo hicieron) pues señalaba que “las partes
están de acuerdo en encontrar una solución que asegure la continuidad de la
operación petrolera, bajo el criterio de protección ambiental”. No obstante, el
diálogo con el Ejecutivo continúa abierto.
Pese a las
declaraciones del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en las que
remarca que las comunidades verán respetados todos sus derechos, existen temas
pendientes que ponen en duda esta afirmación.
Titulación
‘regresiva’
El Ejecutivo
planteó titular sólo aquellas tierras con aptitud agropecuaria, pero no
aquellas que tienen aptitud forestal. “Si el 95% del territorio amazónico tiene
aptitud forestal, la propuesta del Gobierno significa no reconocer derecho de
propiedad, sino sólo contratos de cesión de uso de suelos forestales, que
desconocen derecho de propiedad”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del
Instituto de Defensa Legal (IDL), que estuvo presente en la reunión.
Asimismo, el
Gobierno sostuvo en la reunión que no tocará las servidumbres petroleras
gratuitas dadas por el Ejecutivo en favor de la empresa. Sin embargo, según el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos
tienen derecho de propiedad sobre los territorios que han usado ancestralmente,
lo que equivale a un título de propiedad. “Como no reconoce que esos son
territorios son los de los pueblos indígenas, y cree erróneamente que es del
Estado, dispone de ello”. Así,tampoco el Ejecutivo reconoce el pago de
servidumbres petroleras en favor de las comunidades nativas.
Ruiz afirma que
si se analiza las propuestas ofrecidas por el Ejecutivo en el ámbito de
titulación, “no hay nada nuevo, hay una actitud regresiva. Hay que exigir
judicialmente la titulación de tierras, y eso pasa por interponer una demanda
de amparo contra el Gobierno Regional de Loreto, y en favor de las cuatro
cuencas, para que titule el territorio”.
Remediación
a cargo de Pluspetrol
Respecto a los pasivos
ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha
identificado hasta 92 pasivos ambientales, los que, según este organismo deben
que ser remediados por la empresa Pluspetrol. Sin embargo, esta propuesta ha
sido acogida con recelo entre las comunidades. “¿Cómo vamos a confiar si esa
empresa nos está matando?”, se cuestiona el presidente de Fediquep, Aurelio
Chino.
Una desconfianza
que compartía el Grupo de Trabajo de la Comisión de Pueblos del Congreso de la
República que publicó en su informe: “La licitación del Lote 1-AB hace surgir
preocupaciones, porque se teme que Pluspetrol Norte S. A., al igual que Oxy en
1996 y 2002, vaya dejando pasivos no remediados propios, pero también los que
correspondían a las actividades de la Occidental Petroleum, creando así un
círculo vicioso”. Además, no hay que olvidar que Pluspetrol cuenta con un largo
expediente de sanciones impuestas por el Organismo Supervisor en Energía y
Minería (Osinergmin).
Contra
reloj
Este caso es
emblemático pues fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría
la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos
ambientales que afectan a las comunidades indígenas desde hace más de cuarenta
años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Todavía no
se ha iniciado el proceso de licitación del lote, y el contrato de Pluspetrol
vence en agosto de este año, y para esa fecha ya debería haberse celebrado la
consulta. Tal es así, que una fuente cercana del gobierno afirmaba que el caso
está en una fase crítica, pues el período que dura el proceso (convocatoria de
consulta previa, organización del proceso de licitación y convenios que debe
establecer el ganador de la licitación además de formalización de contratos)
está calculado entre 20 a 25 meses, cuando la concesión vence en siete meses.
(Agencia)
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