Aprovechando la pobreza de la gente, mafias vienen haciéndose ricas con
el trabajo y el sufrimiento de miles de niños y jóvenes peruanos, sobre todo
mujeres.
Delfina tiene
22 años y a los 17 se escapó de
su casa en Trujillo. Vio un aviso
en la calle en el que requerían jóvenes para trabajar de meseras y de inmediato
se presentó ante la agencia de empleos, que resultó ser falsa.
“El señor que me atendió me dijo que ya no había cupos
en Trujillo, pero me podían llevar a Cajamarca, y yo acepté. Sin embargo,
cuando llegué a esa ciudad, me dieron ropa especial, me maquillaron y me llevaron a
un night-club para que
atendiera a los hombres. Yo me negué, pero me dijeron que estaba en deuda
porque habían pagado mi pasaje. Luego me di cuenta de que había gente que nos
vigilaba siempre para que no nos escapemos”, señaló.
A pesar de la extrema vigilancia al que era sometida, Delfina
un día logró escaparse y dar aviso a la Policía.
Tras el allanamiento del local, los agentes del orden
rescataron a ocho menores de edad y dos adultas quienes fueron llevadas al
médico legista.
Si bien Delfina y las 10 chicas más lograron dejar ese
mundo de miseria y explotación, aún existen, en muchas partes del país, miles
de mujeres y varones explotados sexual y laboralmente por inescrupulosas
mafias.
De acuerdo con el Observatorio de la Criminalidad del
Ministerio Público, entre el 2009 y el 2014 se reportaron 3.911 víctimas de
trata, de las cuales 3.114 fueron mujeres.
Para Ricardo Valdés, presidente de la ONG CHS
Alternativo, dicha cifra no refleja la verdadera dimensión del problema, debido
a que se viene trabajando con una metodología antigua.
Según Valdés, extraoficialmente se sabe que son mucho
más las personas que viven en situación de esclavitud, que por temor o
vergüenza no denuncian a los individuos, que con engaños, las sumergieron a un
mundo cruel y miserable.
Después de la venta de armas, la trata de personas es
el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, con una utilidad de entre 8
a 10 billones de dólares al año.
La trata de personas es un delito complejo desde todo punto
de vista. Ya sea por los factores que favorecen el delito, como por ejemplo las
condiciones económicas, sociales y familiares que incrementan la vulnerabilidad
de las víctimas, como por la débil presencia del Estado que permite que el
medio social se rija por la informalidad y la anomia (falta de reglas).
Precisamente este último aspecto generó la aparición
de agencias que engañan con falsas ofertas de trabajo; de empresas de
transporte público (sobre todo terrestre y fluvial) que llevan a menores sin
compañía de sus padres o apoderados; y de discotecas, bares o restaurantes donde
finalmente terminan las víctimas.
Impunidad
Según el Ministerio Público, de los 3.252 imputados de
trata entre el 2009 y 2013, solo 52 fueron sentenciados en cárcel. ¡El colmo!
Para el doctor Humberto Durán Ponce de León, autor del
libro Trata de Menores: El Tráfico de Inocencias, si un sistema judicial permite
que un delito se perpetúe, lo único que está haciendo es enviarles un mensaje a
los tratantes para que continúen con su vil negocio.
“Si a la impunidad le agregamos otros factores que
aceleran el delito, como la corrupción, la informalidad, la ausencia de Estado,
y las carencias presupuestales, entonces nos encontramos frente a un conjunto
de factores que abonan peligrosamente al desarrollo de la inseguridad ciudadana
y el crimen organizado en general, y la trata de personas en particular”, dice
por su parte Ricardo Valdés.
Para luchar contra la trata de personas, en el 2007 el
Ejecutivo aprobó la Ley Nº 28950, cuyo reglamento fue publicado un año después.
A través de esta norma, los diversos sectores del
Estado, como los gobiernos regionales y locales, asumieron una serie de
obligaciones para mitigar o erradicar la explotación sexual, el trabajo forzoso
e infantil, así como la mendicidad y la trata de personas.
A ocho años de aprobada la Ley Nº 28950 muy poco se ha
hecho por las miles de víctimas de trata, básicamente por la falta de recursos
económicos.
El 2014, para luchar contra la trata de personas solo
se destinó el 0,0025% del Presupuesto
General de la República. O sea, casi nada.
Ante esta cruda realidad, el presidente de CHS
Alternativo plantea que, debido a la naturaleza de la trata de personas, se
constituya un sistema interregional que permita seguir a la víctima no solo en
lo referido al proceso judicial, sino también en lo relacionado a su
protección. Asimismo se construyan más casas de refugio y albergues
especializados.
En la región
sur donde se presentan la mayor cantidad de casos de trata, solo se cuenta, a
la fecha, con nueve albergues.
Sobre este punto, el doctor Durán agrega que debería
habilitarse un mecanismo que haga posible que los bienes de los
narcotraficantes y de los tratantes sean usados como residencias temporales
donde las víctimas puedan recibir los tratamientos correspondientes.
(Redacción)
EN CUADROS
1.- PNP: 21% de casos de trata en el país se dan en Cusco,
Madre de Dios y Puno.
2.- Ministerio de Justicia: 80% de las víctimas de trata son adolescentes de entre 13 y 17
años. 90% de ellos son peruanos. Le siguen colombianos y ecuatorianos.
3.- 5 de cada 10 tratantes son mujeres. Y 7 de cada 10
víctimas fueron trasladadas por falsas promesas de trabajo.
4.- PNP: 64,23%
de las víctimas son captadas a través de las páginas webs, blogs, chats,
Facebook y Twitter. La mayoría para explotación sexual y laboral.
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