La inseguridad
ciudadana, el transporte caótico y la falta de credibilidad en las instancias
judiciales son solo algunos de los problemas que la capital afronta, y que
repercuten en la decisión del empresariado.
De
acuerdo con el Índice de Competitividad Regional del Perú (ICSRP) 2015
elaborado por Centrum, Lima se ubica en el primer lugar del ranking con 72.66
puntos, seguida de Callao (50.36), Moquegua (44.37) y Tacana (44.21).
Cierra
el ‘top 5’ Arequipa con 43.51 puntos, aunque cayó dos puntos frente al mismo
estudio del año pasado.
El
ICRP analizó la competitividad regional tomando en cuenta cinco pilares:
economía, empresa, gobierno, infraestructura y personas.
Si
bien el estudio ayuda para saber cuánto es lo que falta por hacer en el
interior del país para que las regiones sean competitivas, también nos revela
–aunque no lo señala abiertamente- que en Lima aún quedan ciertos aspectos que
no le están permitiendo estar entre las ciudades de Sudamérica más atractivas
para la inversión extranjera.
Entre
estos pendientes, está la creciente inseguridad ciudadana que se vive en la
ciudad.
Según
un sondeo de Ipsos Perú en enero último, el 71% de los limeños reveló que no se
siente seguro de vivir en la ciudad.
Esta
realidad como es obvio, asegura el economista Jorge Gonzales Izquierdo, afecta
las inversiones en dos aspectos: la inversión privada y el consumo privado.
“Si
los delincuentes siguen extorsionando a los emprendedores con cupos y amenazas
de muerte es un hecho que la inversión caerá y con ello el número de empleos,
lo que repercutirá en menos consumo”, sostiene el experto.
Cabe
señalar que la inversión privada y el consumo privado hacen el 80% de la
economía del país.
Otro
aspecto que impide que Lima sea atractiva, es el transporte urbano.
De
acuerdo con una encuesta de Trabajando.com del 2013, el 69% de limeños reveló
que no rinden adecuadamente en sus centros laborales por los problemas de
transporte.
Esta
merma laboral causa, según la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados
de Transporte (SIBRT), una pérdida anual de 20 millones de dólares, las cuales
los gobiernos, las empresas y las familias tienen que asumir.
Respecto
a la administración de justicia, ni que decir. Todas las encuestas señalan que
más del 80% de los limeños no confían en ella; esto hace que muchas empresas
vean con recelo esta realidad al momento de decidir dónde invertir.
Si
bien estos problemas no son ajenos a las demás regiones del país, el mensaje a
sus autoridades es claro: No basta con tener buena infraestructura si no se han resuelto los problemas de inseguridad,
transporte y credibilidad en las instancias judiciales. (Agencias)
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