Propuesta Ciudadana alerta que la falta de transparencia y vigilancia de estos mecanismos constituyen una agenda pendiente para el próximo gobierno.
En
el país existe un gran déficit de infraestructura. Tanto en Lima como en
provincias aún hay distritos sin escuelas, postas y centros de salud.
Como
el sector público no puede con todo, desde hace años se creó una fórmula para
que los empresarios ayudasen a reducir esa brecha de infraestructura con
celeridad al no estar sujetas a trabas burocráticas. Así nació las asociaciones
público – privadas (APP).
A
pesar de su utilidad, algunos especialistas han comenzado a dudar de su
eficiencia, sobre todo por experiencias de otros países. Es el caso de Marisa
Glave, socióloga de Propuesta Ciudadana, quien señala haber advertido que
muchas obras no responden a una prioridad pública, sino que fueron construidas
bajo la lógica de la empresa, especialmente en el área rural, y en el sector
educativo.
Desde
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo hasta la Unión Europea
consideran necesario afinar algunas tuercas del mecanismo para mejorar la
negociación, regulación y supervisión de las APP como la adopción de marcos
normativos claros y transparencia en las decisiones. Desde Propuesta Ciudadana
señalan que es el Estado el que debe definir qué obras promover, dónde y cómo.
Además, consideran que los objetivos y criterios de selección deben estar
claros en las bases de los concursos y contratos, así como dar un seguimiento
detallado a los proyectos en fase pre operativa e incluir a las APP en la
contabilidad nacional (haciendo públicos los contratos).
Los compromisos
pasivos y contingentes de APP del 2012 al 2042 representan
el 1,5% de egresos
anuales del presupuesto público.
Para
mejorar la eficiencia de estos mecanismos, Roberto Urrunaga, decano de Economía
de la Universidad del Pacífico, resalta la necesidad de mejorar la
planificación del Estado mediante planes intersectoriales. Adelantó que en mayo
se hará público el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Con ello, se
buscaría mejorar la falta de priorización que existe a nivel estatal en este
rubro, pues todos los paquetes de las APP se han iniciado como iniciativa
privada.
Los
compromisos pasivos y contingentes de APP del 2012 al 2042 representan un
promedio de USS 529 millones, es decir, el 1,5% de egresos anuales del
presupuesto público.
Obras por impuesto
Desde
el 2008 hasta el 2014, las obras por impuesto se han incrementado en un 81%, lo
que sugiere que se trata de un mecanismo muy atractivo para las 64 empresas que
han participado hasta el momento, en su mayoría mineras, aunque cada vez
más se suman las empresas financieras –representando el 36%- como el
BCP (en segundo lugar), Telefónica, Interbank o Backus. Los sectores
públicos que atraen mayor inversión de este tipo son el de transporte,
saneamiento y educación. De las 203 obras bajo el mecanismo Obras por
Impuestos- hasta marzo de 2016- solo se habían concluido 82, representando el
40% del total de los proyectos. De hecho, es común que los costos de una obra
ejecutados por un privado sean más elevados. El economista Humberto
Campodónico señala que las empresas públicas también deberían poder optar a
este mecanismo.
Otro
de los problemas señalados por Propuesta Ciudadana es que las empresas anuncian
inversiones bajo los mecanismos de Obras por Impuestos como parte de su
responsabilidad social empresarial con la intención de mejorar su imagen
corporativa. Sin embargo, lejos de ser donaciones de la empresa privada,
Glave recordó que “son fondos del Estado, porque son impuestos que deja de
pagar el privado”. (Redacción)
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