Ricardo Soberón, exdirector de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), resalta las investigaciones de la congresista Rosa Mavila y Jaime Antezana que vinculan a congresistas y aportantes del partido Fuerza Popular con el narcotráfico.
- Se habla mucho de los vínculos del
fujimorismo con el narcotráfico. Desde el gobierno del padre que encontraron un
avión con droga y luego con Kenji Fujimori, en un local de su propiedad;
actualmente los aportantes a la campaña de Keiko están vinculados con el
narcotráfico. ¿Hay posibilidades de que Perú se convierta en un narcoestado?
-
Efectivamente, mucho se ha hablado de la posibilidad de convertirnos en un
narcoestado como lo fuimos en los años 90. Convendría caracterizar lo que puede
significar un narcoestado en el año 2016 - 2021. El Perú es hoy el primer
productor de pasta básica de cocaína, además del mercado americano y el mercado
europeo, tenemos un corredor sur - que comunica Perú - Bolivia con Brasil, que
era el segundo consumidor de pasta básica de cocaína. Con un Estado como el
actual, débil, vulnerable, centralista perforado por una corrupción que va más
allá del narcotráfico. Las características del narcoestado bajo un posible
gobierno de Keiko Fujimori pueden ser catastróficas para el país, sus
relaciones internacionales y su modelo económico.
- ¿Cómo lo
que sucedió en Colombia?
-
No, mucho peor. Yo he vivido cinco años en Colombia, conozco y he seguido lo
que fue la guerra de los carteles colombianos contra el Estado. Conozco México
y la guerra que ha desatado el Chapo Guzmán y el Cartel de Sinaloa con el
Estado mexicano. La diferencia en el Perú sería distinta y muy grande. Mientras
que en esos países los problemas se resuelven a plomo acá se resolverían con
plata y eso es mucho más perverso. De hecho, ya estamos viendo las diferencias.
Hoy, la política de Perú a nivel local y regional está permeada por el
narcotráfico, todo vale. No es suficiente el “roba, pero hace obra”, hoy el que
puede rasguñar o comerle al presupuesto público lo va hacer. La comisión de
narcopolítica en el Congreso, de la cual fui asesor, determinó en su informe
final del 2015 que por lo menos los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Ucayali,
Amazonas, Huánuco y Loreto tenían serios problemas de haber sido penetrados por
el narcotráfico y hay varios patrones que encontramos que pueden derivar en un
narcoestado bajo la administración de la señora Keiko Fujimori. En primer
lugar, engañar a la comunidad internacional y decir que estamos luchando contra
el narcotráfico llenando cárceles de detenidos de poca monta. Segundo lugar,
reemplazar la figura de Vladimiro Montesinos, que está hoy en prisión, por
múltiples operadores como Joaquín Ramírez y el propio Hernando de Soto –que no
tiene ningún empacho de haber asesorado a dictadores que hoy están muertos– y
otros de naturaleza más perversa. En tercer lugar, Fuerza Popular, a mi juicio,
es el problema, no tanto Keiko ni Joaquín Ramírez. La fuerza política de Fuerza
Popular está construida sobre la base de la corrupción y dinero sobre el que no
importa su origen, simplemente lo que importa es el voto.
- El informe que
investigó la influencia del narcotráfico en la política presentado por Rosa
Mavila encontró que algunos congresistas fujimoristas tenían vínculos con el
narcotráfico como Julio Gagó, que además fue parte de la Comisión de
investigación, pero no fue investigado. Por otro lado, Luis Calle Quirós
señalado como cabecilla de narcotráfico por el Departamento de Tesoro de EE.UU.
fue aportante de la campaña fujimorista en el 2011. ¿Qué va a suceder ahora con
este Congreso, en donde hay mayoría fujimorista, cuando se intente ejecutar
este tipo de investigaciones?
-
Hay una lista elaborada por Jaime Antezana que ha planteado que hay 14 congresistas
del fujimorismo cuyos orígenes políticos están seriamente comprometidos con
dinero del narcotráfico. Con la mayoría fujimorista en el Congreso, perdemos
toda posibilidad de fiscalización; en cambio tendríamos blindaje y distracción.
En el Poder Judicial no creo que haya ninguna posibilidad porque los sectores
“alanistas” del aprismo van a estar muy cercanos al fujimorismo y eso significa
control total sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lo más grave es
que la opinión pública está totalmente permeada por la conveniencia
utilitarista de poner a Keiko en el poder porque saben que va a tener una
política asistencialista que va a ser expresada bajo el patrón de regalo -
engaño - regalo. Solo nos va a quedar un tipo de prensa que va a poder rasguñar
las piedras para poder identificar casos de involucramiento del narcotráfico.
Me temo que es una situación caótica que ni siquiera ocurrió en la época de
Vladimiro Montesinos porque allí al menos había algunos partidos políticos que
todavía se enfrentaban y porque allí encontrábamos a una comunidad
internacional interesada en la situación del Perú.
- En varias oportunidades, Keiko Fujimori
ha responsabilizado al gobierno de Ollanta Humala sobre las denuncias que
recaen sobre ella y su partido, tanto por los vínculos por narcotráfico, los
temas de corrupción y lavado de activos. Afirma que todo es parte de una
“guerra sucia”. ¿Qué opina al respecto?
-
La “guerra sucia” la hizo ella en el debate electoral, en donde sus propuestas
fueron poco menos que un listado de lavandería de buenos deseos y ningún
criterio. Nadie le está haciendo una “guerra sucia”, acá hay una investigación
que vino desde la DEA, del Ministerio Público que no tiene nada que hacer con
este Gobierno; también hay investigaciones de la procuradora Sonia Medina que
tampoco tiene que ver con este Gobierno; hay unidades de investigación formales
o informales, es decir, de prensa alternativa que tampoco tienen vínculos con
Humala. Aquí lo que hay son trayectorias y tendencias del fujimorismo puro y
duro. Yo he hecho un cuadro en donde analizo seis casos del fujimorismo de su
padre y cuatro casos del fujimorismo de Keiko y en todos los casos, las
prácticas son las mismas. Primero, desconozco; segundo, distraigo; tercero,
blindo y cuando ya no puedo más, hago que den un paso al costado. Y como dijo
en el debate, el candidato PPK ¿qué significa eso si todavía tiene el poder
para actuar a nombre de Fuerza Popular?
- El exsecretario
de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha sido denunciado por lavado de activos en
el 2014 y actualmente está siendo investigado por la DEA por vínculos con el
narcotráfico. ¿Cómo evalúa el desarrollo de su proceso considerando que la
documentación necesaria para llevar a cabo la investigación está
“desaparecida”?
-
En el Poder Judicial y el Ministerio Público todo tiene precio. Nosotros en la
comisión de narcopolítica encontramos que es usual, -como mecanismo de presión
y corrupción-, el archivamiento, lentitud o desaparición de documentos, con
distintas tarifas por supuesto. Entonces, es muy sencillo que a través de
operadores –y esta es una práctica montesinista de la década del 90– articulen
con personas al interior del Poder Judicial, desde Magistrados Supremos hasta
Magistrados de la Corte Superior u otro tipo de operadores, igual en el
Ministerio Público. Yo me temo que la investigación a Joaquín Ramírez va a
venir más por el lado periodístico o externo. Tanto Joaquín Ramírez como su tío
Fidel Ramírez y su primo Osías Ramírez, todo el clan Ramírez debe ser entendido
y articulado al caso de los “Intocables” de Miguel Arévalo Ramírez, gran capo
del narcotráfico de la década de los 80 que ha seguido actuando con gente y
contactos desde el alto Huallaga y esto lo saben en EE.UU. Ahí encontramos un
patrón de lavado de dinero a través de la conformación de un pool [alianza] empresarial
muy grande de inmobiliarias y agroindustrias como lo hizo en su momento
Fernando Zevallos con Aerocontinente o Carlos Cataño con Peruvian Airlines:
invertir en empresas aerocomerciales de poca monta mediante la compra de
aviones, combustible y operar para poder llevar y traer droga.
- Keiko
Fujimori ha dicho que no van a “blindar” a nadie, que van a pedir un informe a
la DEA para detallar la veracidad de las acusaciones de Ramírez. Keiko se ha
mostrado muy tranquila respecto a este tema.
-
Sin duda; lo está defendiendo. Yo creo que ella está tan tranquila por algo que
me da miedo decir: gruesos sectores de la población peruana se han acostumbrado
a convivir y a aprovecharse del narcotráfico como una forma de ser parte de
este modelo neoliberal que los ha excluido de la minería, de la agroindustria,
pero que permite que se articulen a través de negocios sucios. Dense cuenta
cuáles son los estratos que apoyan a Fujimori más allá de estas acusaciones.
Tengo la impresión de que no ha surtido el efecto que esperábamos nosotros, los
que estamos apostando por una manera ética de hacer política. Al contrario,
ahora la diferencia con PPK es de seis puntos. Me temo que Keiko Fujimori es
consciente de eso y no le va a importar tener a un aliado como los mineros
informales o los inversionistas con dinero sucio del narcotráfico.
- El tema de
corrupción ha acompañado al fujimorismo desde la época de Alberto Fujimori. La
propuesta de Keiko, sin embargo, apunta a tener un gobierno con cero
corrupción. ¿Qué opina al respecto?
-
No se le cree nada. Creo que ella mantiene una línea de acción política
idéntica a la del padre: distractora totalmente, no tiene ningún empacho en
engañar de la peor manera posible porque es efectista. Es eso lo que ha
demostrado el fujimorismo en todas sus intervenciones y esta campaña electoral
en particular muestra que está dispuesta a hacer cualquier cosa por lograr el
poder político.
- ¿Cuál es
la situación de nuestro país respecto a los vínculos entre política y
narcotráfico a nivel latinoamericano?
-
El caso peruano es el peor de todos, solo comparable al del General García Meza
en Bolivia en 1982, que enviaba cocaína en aviones militares o el caso de
Manuel Antonio de Noriega, que en Panamá hasta el año 1989 hacía tratos con
narcotraficantes para mandar droga a Miami. Esos son los tipos de casos a los
que nos vamos a enfrentar en el país porque será la propia “presidenta” Keiko
Fujimori –si sale elegida– quien va a tener responsabilidad política y jurídica
por los casos de corrupción asociados al narcotráfico que haya durante su
gestión. Hay que tener en cuenta también que la demanda internacional de
cocaína - 21 millones de personas que demandan 400 toneladas anuales de
cocaína- van a seguir requiriéndola en un posible gobierno de Fujimori y
van a tener que encontrar las formas para poder importar esa droga; entonces,
lo que va a suceder es que el fujimorismo va a tener que cobrar por eso. No va
poder salvaguardar las distancias ni poder neutralizarse, va a estar
involucrado. (Gran Angular)
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