martes, 2 de agosto de 2016

Doe Run, más allá del arbitraje


Las declaraciones del PPK sobre el Complejo Metalúrgico de La Oroya trajeron consigo varios temas. Uno de ellos, es que a casi una década de las medidas otorgadas por la CIDH, muchos oroínos aún están esperando el apoyo del Estado.

Luego que Pedro Pablo Kuczynski visitara La Oroya el 6 de julio último, e hiciera público su respaldo a los trabajadores de Doe Run, varios ambientalistas manifestaron su preocupación por el impacto que tendría a la salud de los lugareños la reactivación de este complejo.

Ante estas críticas, el entonces presidente electo tuvo que salir días después a afirmar que no piensa reducir o flexibilizar las políticas ambientales en el país.

En el programa Panorama comentó que en caso se haga una nueva refinería en La Oroya, esta tendrá que cumplir con los estándares ambientales internacionales.

El caso de Doe Run, en La Oroya, es mundialmente conocido. Según el Ministerio de Salud (Minsa), el 99,1% de los niños oroínos tiene promedios altos de plomo en sangre, 33,6 ug/dl (microgramos por decilitro), lo que sobrepasa los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 10 ug/dl. Esta misma situación también lo sufren los adultos.

Doe Run no solo contaminó el ambiente de La Oroya, 
también generó trabajo.

Preocupados por la salud de los oroínos, en el 2005, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “En el 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares a 65 personas en La Oroya, para que recibieran un diagnóstico médico especializado y un tratamiento adecuado de acuerdo a sus dolencias, menciona María José Veramendi, abogada de AIDA, quien agrega que este año se amplió las medidas a 14 personas más”.

A casi una década de dicho pronunciamiento, el Estado aún no ha asumido las medidas como debió.

Si bien Doe Run contaminó el ambiente de La Oroya, también generó trabajo.

Ante esta realidad, ¿qué hacer? Christian Huaylinos, abogado de Aprodeh, advierte que “si se quiere buscar una solución en La Oroya, se tiene que ver el problema desde todas las aristas: respetar los derechos laborales, cumplir con los estándares de calidad ambiental y que el Estado asegure un tratamiento integral en la salud de toda esa población”.

Arbitraje
En abril del 2011, el Grupo Renco inició un proceso de arbitraje ante el CIADI contra Perú por el cierre del Complejo Metalúrgico La Oroya. La empresa solicitó una indemnización de US$800 millones y se amparó en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, dicho arbitraje fue desestimado. Sin embargo, el Grupo Renco ha anunciado que volverá a presentar la misma demanda.

Para José de Echave, investigador de la ONG CooperAcción, el fallo del Tribunal Arbitral favorable a Perú es una buena noticia, “pero esto no quiere decir que el capítulo del arbitraje haya terminado”, advierte.

En el arbitraje, Renco alegó haber recibido un trato injusto con respecto a la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya, pero lo cierto es que Doe Run ha tenido constantes prórrogas durante 15 años en los que no cumplió con la remediación. (Redacción/Gran Angular)