“Con esta norma estamos retrocediendo en crímenes de lesa humanidad”

Sobre la reciente publicación que ha hecho el Ejecutivo de algunas normas que a juicio del representante de Aprodeh, Francisco Soberón pretendería pasar por alto los crímenes de derechos humanos, dijo que las asociaciones civiles de los Derechos Humanos del país harán todo lo posible para que estos decretos legislativos sean derogados por el Congreso

- El Ejecutivo ha publicado unos decretos legislativos que guardan relación con los crímenes de lesa humanidad, explíquenos sobre lo que plantea estas normas
- El Ejecutivo dentro de las prerrogativas otorgadas por el Congreso para legislar ha publicado normas que buscan archivar procesos de lesa humanidad que están en curso con la intención de prescribir. Incluso se hace una interpretación forzada de la comisión de imprescriptibilidad que ha firmado el Perú, pretendiendo que los delitos de lesa humanidad, como crímenes o violaciones de derechos humanos, se apliquen a partir del 2003.
- ¿Qué se busca con esta norma?
- En otras palabras impedir que las personas acusadas de atentar contra los derechos humanos puedan ser investigados, sancionados y juzgados. Por tal motivo, nosotros pretendemos proponer una acción de inconstitucionalidad contra estos decretos legislativos. Ya sea vía Defensoría, Colegio de abogados o a través de la firma de congresistas, y si fuese el caso recurriremos a la firma de ciudadanos para plantear la acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
- Se dice que esto beneficiaría a los militares involucrados en el caso de los Barrios Altos y La Cantuta. ¿Es verdad esto?
- Definitivamente se pondría fin al juzgamiento de estos casos. Por ejemplo, el abogado de los perpetradores ha dicho que va a presentar el pedido de archivamiento. Esperamos que los magistrados haciendo uso del control de las leyes, interpreten adecuadamente y no permitan archivar estos casos, ya que ello sería un retroceso que beneficiará a los perpetradores de crímenes de derechos humanos
- Los terroristas liberados hasta el año pasado sumaban 45 de los cuales 29 fueron puestos en libertad condicional, la policía ha manifestado que no se les está haciendo un seguimiento, no sabemos si pueden estar volviendo a las armas. ¿Qué se debe hacer con estos individuos?
- Los que han cumplido pena tienen derecho a obtenerla y, por tanto, tienen derecho a insertarse en la sociedad. Pero si alguno se involucrara nuevamente en acciones subversivas generando el terror es obligación del Estado detenerlos y volverlos a procesar y seguramente las penas serán más severas por reincidencia. Como fuese, es natural que se haga un seguimiento para detectar un indicio o sospecha proclive a involucrarse en acciones subversivas, pero tampoco creo que deba hacerse una casería de brujas por el hecho de que estuvo en algún momento involucrado en el pasado en hechos reñidos con la ley.
- Hasta le fecha no se sabe la identidad de muchos militares que muchos testigos afirman haber cometido violaciones a los derechos humanos. Tengo entendido que se solicitó al Ministerio de Defensa proporcione los nombres, pero hasta le fecha nada…
- Eso está planteado desde hace varios años por las propias autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial, reclamos que hemos hecho los defensores que asumimos la defensa de las víctimas por exigencias de la Defensoría del Pueblo para que el sector Defensa facilite información que es requerida por los órganos constitucionales…
- ¿Por qué cree que hay ocultamiento?
- Bueno, es política de encubrimiento, de espíritu de cuerpo para que se obstaculice o se retrase los procesos judiciales; eso es la intención.

DATO
Uno de los puntos que plantea los decretos es la figura del llamado sobreseimiento parcial. Esto señala que el juez que tenga en su cargo un caso por violación de los derechos humanos, tenga la potestad de archivar procesos que alcancen entre los 18 a 36 meses.