El adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Fernando Castañeda, consideró que si al Gobierno le preocupaba la demora de los juicios de militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad, tenía otras opciones para solucionar este problema
Si la intención del Gobierno era agilizar los procesos judiciales que tienen algunos miembros de las Fuerzas Armadas acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad, lo que debió hacer era dotar de mayores recursos al Poder Judicial para capacitar a la Salas y mejorar su logística en vez de aprobar ese paquete de decretos, especialmente la 1097, que tanto problemas le ha traído.
Así lo señaló Fernando Castañeda, adjunto para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, quien agregó que el gobierno a través del Congreso, donde tiene una relativa mayoría, aún está a tiempo de ejercer el control político, es decir, de revisar estos decretos para ver si se ajustan o no a lo que señala los tratados y acuerdos internacionales y así tomar la decisión que mejor corresponda.
Sobre si el decreto legislativo 1097 favorecía a los integrantes del Comando Rodrigo Franco, al Grupo Colina y a los demás militares involucrados, el adjunto dijo que ellos no se pronuncian sobre casos concretos porque tendrían que conocer en detalle dichos procesos.
“Lo que le interesa a la Defensoría es que se respete los principios de imprescriptibilidad, el derecho que tienen todas las personas a saber la verdad, que haya una investigación y no se archiven los procesos, sean cual fuera los casos. Esos son los principios básicos de un estado constitucional y democrático”, aseveró Castañeda.
Respecto a que si la Defensoría del Pueblo está en desacuerdo con el paquete de normas dada por el Ejecutivo, Castañeda señaló que las graves violaciones a los derechos humanos y sus procesamientos son imprescriptibles, ya que ello está reconocido en los tratados y convenios internacionales y por lo tanto el decreto 1097 debía ser interpretado en ese sentido.
Así lo señaló Fernando Castañeda, adjunto para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, quien agregó que el gobierno a través del Congreso, donde tiene una relativa mayoría, aún está a tiempo de ejercer el control político, es decir, de revisar estos decretos para ver si se ajustan o no a lo que señala los tratados y acuerdos internacionales y así tomar la decisión que mejor corresponda.
Sobre si el decreto legislativo 1097 favorecía a los integrantes del Comando Rodrigo Franco, al Grupo Colina y a los demás militares involucrados, el adjunto dijo que ellos no se pronuncian sobre casos concretos porque tendrían que conocer en detalle dichos procesos.
“Lo que le interesa a la Defensoría es que se respete los principios de imprescriptibilidad, el derecho que tienen todas las personas a saber la verdad, que haya una investigación y no se archiven los procesos, sean cual fuera los casos. Esos son los principios básicos de un estado constitucional y democrático”, aseveró Castañeda.
Respecto a que si la Defensoría del Pueblo está en desacuerdo con el paquete de normas dada por el Ejecutivo, Castañeda señaló que las graves violaciones a los derechos humanos y sus procesamientos son imprescriptibles, ya que ello está reconocido en los tratados y convenios internacionales y por lo tanto el decreto 1097 debía ser interpretado en ese sentido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario