Adriana León, encargada del área de libertad de prensa del Ipys, señaló que en el 2009 la mayoría de las instituciones del estado no cumplieron con la ley 27806, a pesar que todos ellos están en la obligación de hacerlo.
Sostuvo que a pesar que la PCM está encargada de supervisar que todos los medios tengan acceso libre a las informaciones públicas, en la práctica esta institución no cumplió eficientemente con dicho encargo.
León refirió que cuando Ipys pregunta a las instituciones públicas que por una u otra razón no quieren ofrecer información sobre las razones que tienen para tomar dicha actitud, ellas esgrimen unos argumentos tan absurdos que realmente a veces dan risa y en otras cólera.
A su juicio, actualmente en el país se vive una cultura de silencio que ha hecho que la información pública este vedada para los ciudadanos, quitándoles sus derechos legítimo a saber exactamente que hacen las autoridades con la plata de sus impuestos.
La encargada del área de prensa del Ipys dijo que las pocas instituciones que cumplen con la Ley 27806 lo hacen de manera parcial, es decir, brindan información pero desactualizada. Un ejemplo, de ello, contó, la vivió su persona hace algunas semanas cuando solicitó a un organismo del estado el presupuesto que tiene para publicidad y después de mucho insistir le remitió la información pero desfasada, razón por el cual pidió una explicación recibiendo como respuesta que no podrían dársela actualizada porque eran confidenciales.
SEPA
La Ley 27806 fue dada el 13 de julio del 2002 durante la gestión de Alejandro Toledo. Esta norma garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que producen o administran las entidades del gobierno. Dicha ley forma parte del proceso iniciado hacía una mayor transparencia en la gestión pública.
Sostuvo que a pesar que la PCM está encargada de supervisar que todos los medios tengan acceso libre a las informaciones públicas, en la práctica esta institución no cumplió eficientemente con dicho encargo.
León refirió que cuando Ipys pregunta a las instituciones públicas que por una u otra razón no quieren ofrecer información sobre las razones que tienen para tomar dicha actitud, ellas esgrimen unos argumentos tan absurdos que realmente a veces dan risa y en otras cólera.
A su juicio, actualmente en el país se vive una cultura de silencio que ha hecho que la información pública este vedada para los ciudadanos, quitándoles sus derechos legítimo a saber exactamente que hacen las autoridades con la plata de sus impuestos.
La encargada del área de prensa del Ipys dijo que las pocas instituciones que cumplen con la Ley 27806 lo hacen de manera parcial, es decir, brindan información pero desactualizada. Un ejemplo, de ello, contó, la vivió su persona hace algunas semanas cuando solicitó a un organismo del estado el presupuesto que tiene para publicidad y después de mucho insistir le remitió la información pero desfasada, razón por el cual pidió una explicación recibiendo como respuesta que no podrían dársela actualizada porque eran confidenciales.
SEPA
La Ley 27806 fue dada el 13 de julio del 2002 durante la gestión de Alejandro Toledo. Esta norma garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que producen o administran las entidades del gobierno. Dicha ley forma parte del proceso iniciado hacía una mayor transparencia en la gestión pública.
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