Este Congreso que llegará en 5 meses a su fin se le recordará porque hubo de todo: contratos de familiares, amantes y trabajadores domésticos como asesores parlamentarios, delitos contra la fe pública y violencia doméstica, entre otras perlas, que no debemos olvidar, ya que de seguro muchos querrán repetir el plato
La reciente noticia que la empresa del parlamentario Oswaldo de la Cruz, actual vicepresidente de la Comisión de Transporte del Congreso de la República, en diciembre de 2007 pirateaba la señal de cable de otras compañías para revenderlas en Cerro de Pasco y de que este a un noticiero local reconociera, muy suelto de huesos, como cierta la denuncia periodística, hizo recordar nuevamente a la colectividad la vergonzosa conducta de algunos miembros del actual Poder Legislativo quienes no importándoles su condición de “Padres de la Patria” protagonizaron una serie de escándalos.
De acuerdo con el diario La República del 2007 al 2009 se presentaron 158 denuncias contra congresistas ante la Comisión de Ética por ciudadanos, sus propios colegas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Ningún grupo parlamentario —incluido el partido gobernante— se libra de tener, aunque sea, un congresista denunciado o investigado entre sus filas.
Sólo entre setiembre y octubre del año pasado 7 legisladores se vieron involucrados en problemas públicos.
Entre los congresistas inmersos en el escándalo estuvo Rosario Sasieta quien fue acusada por María Medianero, una de sus ex trabajadoras en la sede parlamentaria, de malos tratos y humillaciones. Sasieta habría llegado al colmo de obligarla a lavarle los pies hasta en cinco oportunidades, según aseveró la agraviada ante la comisión de ética de la instancia legislativa.
Otro caso fue protagonizado por Milagros Morales, esposa del congresista fujimorista Ricardo Pando, quien, en un "momento de terrible ofuscación", como ella misma lo reconoció, le clavó un cuchillo en la zona lumbar, cansada de los malos tratos y vejámenes que él le propinaba.
La legisladora nacionalista Nancy Obregón, por su parte, fue acusada por la bancada oficialista de mantener nexos con el narcotráfico, debido a un video donde aparece impidiendo una incautación de coca en un caserío de San Martín, en el noreste del país. Ella ha dicho que su intervención fue como mediadora, "para evitar un derramamiento de sangre".
El congresista Víctor Mayorga fue acusado por Isidro Villa, su ex auxiliar, de recortarle el sueldo a su chofer y el propio Villa denunció haber recibido maltratos por parte de la esposa de éste, que incluso lo obligaba a plancharle las camisas.
Comenzado el mes de octubre de 2009, salió a la luz el caso de Rocío González por el hurto agravado de energía eléctrica. Sobre esta parlamentaria, el diario Peru21 denunció que durante nueve años ella había estado cobrando al estado una pensión de orfandad que ya no le correspondía, incluso meses después de haber sido elegida parlamentaria. González aceptó la veracidad de la denuncia y se disculpó diciendo que no conocía la ley. Tras algunas demoras el pleno del Congreso tomó la decisión de desaforarla.
El otro escándalo involucra al legislador José Maslucán, acusado por sus vecinos de pretender apropiarse de un terreno de 450 metros cuadrados en un distrito acomodado de Lima.
Los más mediáticos
En el 2008, el congresista Miró Ruiz fue denunciado ante la Policía por matar de tres tiros a un perro de su vecina, después de que el animal aparentemente se comiera un pato de su corral.
Más allá del alevoso asesinato a un pequeño animal, a este congresista se le acusó por no haber tenido licencia de usar armas al momento de disparar al perro de su vecino.
Tras idas y vueltas, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria un año después decidió archivar el pedido de levantamiento del fuero al congresista nacionalista Miró Ruíz.
En el programa de Rosa María Palacios, un informe dio a conocer que el congresista José Anaya Oropeza el 16 de abril de 2007 gastó S/.369 en la pollería Yorlas, ubicada en la avenida México 1337, en La Victoria. Asimismo que el 25 y 27 de ese mismo mes habría consumido más pollos, esta vez por la sumas de S/.428 y S/. 397, respectivamente.
Lo sorprendente de esta historia, es que Anaya Oropeza nunca pisó la pollería porque, según la dueña, las boletas presentadas al Departamento de Contabilidad y Tesorería del Parlamento son falsas. La señora Laura Lozano Vargas señaló que su establecimiento no emite comprobantes por cifras que superan los tres dígitos.
Otro parlamentario que estuvo involucrado en hechos escandalosos es el parlamentario aprista Aníbal Huerta. A fines del año pasado, la empresa Seda Huánuco denunció que un inmueble del legislador oficialista por dicho departamento, fue construido usando agua de una conexión clandestina.
Raúl Barrantes, representante de la compañía de agua potable, contó a ATV Noticias que denunció ante la Fiscalía por la sustracción ilegal del recurso a Matilde Fernández, esposa del parlamentario.
En su defensa, Fernández alegó que el albañil encargado de la obra cometió el ilícito -sustrajo agua de un colegio colindante a la propiedad-, porque no contaban con el servicio desde hace dos meses. El motivo: falta de pago. Añadió que el obrero no le informó de esto ni a ella ni su marido, porque ambos estaban en Lima.
Debido a que nadie presentó ante la Comisión de Ética denuncia alguna, el caso de este congresista nunca fue abordado.
Un verdadero escándalo remeció en el 2007 el Congreso de la República con la publicación de las controvertidas fotos en donde los parlamentarios José Vega Antonio (UPP) y Javier Velásquez Quesquén (PAP) aparecen en un local nocturno en Brasil al lado de esculturales bailarinas, lo que provocó que el primero de los nombrados pidiera disculpas públicas y aceptara dejar temporalmente la vicepresidencia del Legislativo. Otra fue la actitud asumida por el congresista Velásquez Quesquén, quien negó haber participado de una borrachera y acusó al congresista Carlos Torres Caro (PD) de haber tomado las fotos y haberlas filtrado intencionadamente a la prensa.
Luego de tanta bulla, el único que fue sancionado fue Torres Caro, mientras que a los protagonistas del escándalo apenas se les llamó la atención.
La lista de parlamentarios que protagonizaron una serie de actos bochornosos durante este quinquenio es larga. Sólo basta con decir que a este Congreso se le recordará porque hubo de todo: contratos de familiares, amantes y trabajadores domésticos como asesores parlamentarios, delitos contra la fe pública y violencia doméstica, son entre otras perlas.
Se vienen las elecciones presidenciales y congresales y muchos de estos “angelitos” probablemente querrán repetir el plato. La ciudadanía debe estar atenta para que esta clase de representantes no vuelvan más al Congreso.
Cuatro desaforados
De lo que va del presente quinquenio, en el Congreso han sido desaforados 4 parlamentarios, de los cuales 3 fueron mujeres.
A la desaforada Rocío Gonzales por el hurto de energía eléctrica, en diciembre pasado se sumó Gustavo Espinoza que por difundir un vídeo en el que se aprecia al ex jefe del Ejército Peruano Edwin Donayre profiriendo frases ofensivas contra Chile, fue desaforado del Congreso. A él se suma Elsa Canchaya que también correo la misma suerte por contratar a su empleada como trabajadora del Congreso. Por esto hecho ella fue además acusada al Poder Judicial. Recientemente la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó tres años de inhabilitación. Asimismo ratificó el pago de 30 mil soles como concepto de reparación civil.
Otro parlamentario que tuvo irse antes que terminara su periodo fue Tula Benítes. Esta congresista representante de La Libertad fue acusada por contratar a una persona que nunca trabajó realmente en su despacho, pero que puntualmente cobraba su sueldo.
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