La discapacidad es un fenómeno poco entendido y estudiado en nuestro país. El número de personas con algún tipo de falencia física, según los estudios realizados por el INEI (2007), llega a cuatro millones. Muchos de ellos viven en una precaria situación económica, debido, entre otras razones, a la discriminación de una sociedad que en pleno siglo XXI aún tienen la idea que un discapacitado está imposibilitado de hacer un trabajo eficiente. La realidad, sin embargo, nos dice que no siempre es así. Incluso muchos de ellos cuentan con más habilidades y conocimientos que un ser normal.
Es el caso, por ejemplo, de Richard, Denis, Sheyla y Víctor cuyas discapacidades nunca constituyeron un impedimento para trabajar en la Municipalidad de San Borja.
Triste realidad
En el Perú, 30 de cada 100 peruanos tiene discapacidad según un estudio de la OPS de 2004. La mayoría de este sector poblacional sufre de discriminación y marginación en diversos aspectos, por ejemplo: en educación, sólo uno de cada cien niños con discapacidad está matriculado en una escuela de educación especial; en salud sólo cinco de cada cien personas con discapacidad recibe atención especializada, según datos de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú; el 64% de personas con discapacidad no tiene acceso al trabajo (INR); de aquellos que lo hacen, el 45% son trabajadores independientes y el 19% son trabajadores familiares no remunerados. Si la situación educacional y laboral es lamentable, más lo es la cobertura en Essalud y el régimen pensionario donde su acceso es sumamente difícil
Para Enrique Bustos Garay, jefe del Área de Comunicaciones de CONADIS (Concejo Nacional para la Integración de las personas con Discapacidad), el concepto equivocado que tienen los empresarios e inclusive las instituciones públicas sobre nuestra capacidad ha provocado frustración en muchos de nosotros, que a pesar de contar con conocimientos sobre algún oficio o profesión se les ha hecho difícil encontrar un trabajo.
El Congreso de la República con el fin de acabar con esta situación dio la ley 27050, por el cual el 3% de las vacantes laborales de los organismos estatales tiene que estar reservado para los discapacitados. Lamentablemente a pesar de esta norma, muchas instituciones públicas hacían caso omiso a su cumplimiento. Un ejemplo emblemático de esta discriminación lo sufrió en el 2009 el hoy juez Edwin Bejar, quien por ser invidente el Ministerio Público no le permitió-en una primera instancia- concursar a una plaza fiscal.
Tuvo que aprobarse la ley 29392 que normó la 27050 para que las instituciones recién tomaran en cuenta a los discapacitados.
Hoy gracias a esta norma legal, las personas con alguna falencia física vienen cada vez teniendo mayores posibilidades para obtener un trabajo. Aunque aún falta mucho para hacer que otras instituciones públicas, como las municipalidades y gobiernos regionales cumplan a cabalidad con la ley.
El Comisionado Adjunto de la Defensoría del Pueblo, Alberto Vásquez, advierte que si bien la Ley 27050 establece la obligación a las entidades e instituciones del Estado a contratar personas con discapacidad por un mínimo de 3%, aún existen una serie de barreras administrativas que no están permitiendo que esta norma se cumpla.
“Nosotros como Defensoría del Pueblo, lo que hemos hecho es hacer una serie de recomendaciones a las entidades estatales para que puedan incluir en sus planillas a las personas con discapacidad, como por ejemplo la organización de convocatorias para selección de personal, convenciones a nivel nacional, etc. La idea es lograr un cambio real en este asunto, mediante la recomendación y la persuasión”, señala.
Educación
Si la situación laboral para un discapacitado en el país, ya de por sí es complicado, lo mismo lo es en el acceso a la educación. De acuerdo con la ley, las universidades deben separar el 5% de sus vacantes para los estudiantes con alguna limitación física. Sin embargo, ello no se cumple.
La Defensoría del Pueblo ha detectado que las universidades, en su mayoría privadas, solamente acatan la norma para especialidades que no tienen mayor demanda.
Una tarea pendiente de esta institución es corregir inmediatamente este incumplimiento. Vásquez ha adelantado que en los próximos días la defensoría saldrá a visitar a todas las universidades para saber si en los reglamentos de sus exámenes de admisión están o no acatando la ley.
Ahora que se acerca el reinicio de las clases escolares, 30 mil madres con niños que padecen de alguna discapacidad sicomotora o sensorial se encuentran preocupadas ya que la “educación especial” que van a recibir sus menores hijos no es la más óptima en el país.
Los pocos colegios públicos que brindan este tipo de educación no cuentan con una infraestructura ni programas adecuados. Según la psicóloga Noemí Paymal, los niños alumnos con discapacidad requieren un mejor tutor individual. Asimismo necesitan momentos de soledad para recuperar su energía. Además la materia estudiada tiene que ser de interés para ellos, de lo contrario, se aburren, dice.
En el Perú, de los 900 mil niños con discapacidad, solo 52 mil 263 accedieron a centros educativos especiales e inclusivos.
SANCIONES
El Reglamento de Infracciones y Sanciones contra entidades e instituciones públicas considera una falta leve el no permitir que un discapacitado participe en un concurso público. En este caso, la multa asciende a 2 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) equivalente a S/7.400. Mientras que una infracción grave es considerada si una universidad, ya sea pública o privada, no reserva el 5% de vacantes para personas con discapacidad. Aquí la multa va de 2 hasta 8 UIT. Por su parte, una falta muy grave, se da cuando una institución no ha reservado dentro de la nómina de sus vacantes el 3% para las personas con discapacidad.
CIFRAS
- Según la Encuesta Nacional Continua (ENCO) del año 2006, en el Perú el 8.4% de la población presenta algún tipo de discapacidad, esto significa que 8 de cada 100 personas a nivel nacional declaran tener al menos una discapacidad
- La discapacidad se presenta en un mayor porcentaje en las zonas urbanas (8.9%), mientras que en el rural (6.9%).
- Los tipos de problemas que mas se presentan son: el visual (4.5%), motora (2.7%), auditiva (2.2%), y la discapacidad menos prevalente es la del habla y la de comunicación que reportan 0.7% y 0.6%, respectivamente.
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