A dos años de la vigencia de la
ley de consulta previa en el país, conversamos con la viceministra de
Interculturalidad, Patricia Balbuena, sobre los avances y dificultades al
respecto.
-
¿Cuáles son los logros que destaca el Viceministerio de Interculturalidad desde
que se aprobó la Ley de Consulta Previa?
- El
principal logro es haber mostrado que es posible en el país avanzar con
procesos de consulta previa, y lograr que estos terminen con acuerdos positivos.
Hasta el momento hay en curso 22 procesos, de los cuales 8 están concluidos.
- Sin embargo, aún no se ha
realizado ninguna consulta previa en la zona minero andina. ¿Qué
dificultades se identifican desde el Viceministerio?
- En los procesos
de consulta, como Ministerio hemos avanzado en el marco de las funciones que
nos tocan: hemos publicado este año en la base de datos la información sobre el
pueblo aimara y jaqaru, y hemos avanzado en la identificación de los
instrumentos metodológicos y las directivas para poder hacer la identificación
de pueblos. Ahora es la entidad promotora, el Ministerio de Energía y Minas,
que, si bien ha identificado las medidas a ser consultadas, tiene que ser la
entidad que inicie los procesos.
Hasta el momento, la promotora todavía no ha
explicitado un proceso en proyección, el sector no nos ha comunicado ninguno,
pero tampoco tienes del otro lado una presión o demanda de parte de las
propias organizaciones indígenas andinas en relación a un proceso de consulta
específico en minería.
-
¿Existe desde el viceministerio algún tipo de coordinación con el Ministerio de
Energía y Minas (MINEM) para difundir o informar la importancia de la consulta
previa?
- El MINEM inició desde el año pasado una serie de actividades vinculadas
a la información y difusión en relación al alcance del derecho a la consulta
previa. Se hizo una propuesta de capacitación que se consensuó con el
Ministerio de Cultura, definimos los contenidos, e hicimos dos actividades
conjuntas en Apurímac, y en el norte. Esas fueron las dos actividades que
nosotros acompañamos, ya que el MINEM tenía su propio plan de capacitación.
- Respecto de las consultas ya
realizadas, diversos investigadores expresan su preocupación porque no se
consulta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). ¿Desde
el viceministerio se están tomando en cuenta estas opiniones.
- Según el
Reglamento de la Ley de Consulta Previa quien define qué medidas van a ser
consultadas es la entidad promotora, y el viceministerio tiene la tarea de
emitir su opinión en relación a esa medida, que es lo que hemos hecho. En el
caso de las actividades de minería, y en el caso de hidrocarburos, y en otros
temas, se han identificado las medidas a través de las resoluciones ministeriales
correspondientes, y el Ministerio ha opinado en relación a ellas.
Tenemos
un cambio importante que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental
(SENACE), que es la nueva autoridad vinculada a la revisión de los EIA y los
términos de referencia que los guia, el cual tiene que identificar qué medidas
serán consultadas, y el primer sector que va a transferir o con el cual va a
empezar es con el MINEM. Hay una nueva institucionalidad que
implica la oportunidad de revisar con ella y ver si los EIA van a ser
identificados como parte de los procesos de consulta.
Es una buena
oportunidad, porque deberíamos participar en esa discusión el Viceministerio de
Interculturalidad, SENACE y el Ministerio de Medio Ambiente. Eso hace que la
posibilidad de evaluar los pros y los contras sea más compartido con otros
sectores.
- En el
caso de los lotes 169 y 195, el líder regional de la organización AIDESEP
Ucayali explicaba que los “plazos establecidos no guardan relación con la
complejidad cultural de las zonas”, qué desconocían el contenido del contrato. Mostraban
insatisfacción tras la consulta por ello. ¿Desde el Viceministerio se están teniendo en cuenta estas
situaciones?
- Sí, claro. El proceso de consulta previa
en el lote 169 fue el primero, y el 195, el segundo. Son procesos que te van
dando la pauta de lo que tienes que corregir y de lo que se tiene que mejorar.
Lo que te da la Ley y el Reglamento son los marcos, y uno tiene que ir dando
contenido adecuado conforme la realidad te vaya mostrando lo que funciona y lo
que no. Creo que a partir de éstos, se han ido mejorando, porque en realidad lo
que estás haciendo es construyendo el contenido de un derecho. Considero que ahí el viceministerio siempre ha mantenido la apertura
para poder recibir las discusiones, las cuestiones que no han quedado
satisfechas de parte de las organizaciones y de las entidades promotoras, en
relación a nuestro rol o al rol de éstas. Por ello, hemos
promovido reuniones internas entre nosotros y las organizaciones indígenas para
que nos hagan la devolución de lo que consideran que hay que corregir, y
también con la entidad promotora. Creo que ha cambiado mucho entre el primer
proceso y ahora lo que estamos desarrollando.
- ¿Qué mejoras destaca
en la implementación de los procesos de consulta previa?
- Hemos concluido
cinco procesos, y estamos implementado siete. Justamente el
tema de los plazos, de la representación, el tema de los contenidos. Después de
cinco procesos hemos identificado cuáles son los ejes permanentes de
preocupación de las organizaciones y comunidades, entonces saben que la
información tiene que concentrarse en esos temas. De los cinco procesos, se
concluyeron que se planteaba modificar el modelo de contrato en varios
puntos. El Ministerio está trabajando en ello con Perú Petro.
(Agencia)
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