A pesar de la
nueva ley protege a las mujeres, existe un riesgo que no pueda aplicarse
adecuadamente al no existir una capacitación con respecto a la norma.
La reciente Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (N° 30364)
-promulgada hace cuatro semanas- dejaría desprotegidas a las mujeres víctimas
de violencia, por problemas en su implementación, advierte el Comité de América
Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
A pesar que la norma propone agilizar el acceso a la justicia,
ya que ahora la denuncia pasa en solo 24 horas desde la Comisaría al Juzgado de
Familia o Mixto, y precisa que el juez debe resolver la medida de protección en
máximo 72 horas; existen conflictos dentro de la regla.
La problemática surge porque en la Policía Nacional del Perú
(PNP), no existe un consenso sobre las características de atestado que deben
elaborar y remitir al Poder Judicial; incluso en algunas comisarías a nivel
nacional no se reciben ni tramitan las nuevas denuncias. Todo esto podría
generar que las denuncias de las víctimas no sean consideradas y queden fuera
del proceso.
“Existe el riesgo de que la ley no se aplique adecuadamente
porque se ha generado una incertidumbre en los operadores de justicia sobre la
implementación”, explica Jeannette Llaja, abogada de CLADEM. Agrega que al
no existir una capacitación con respecto a la norma, “tenemos un Poder Judicial
colapsado, una policía no sensibilizada, las denuncias de las víctimas podrían
rebotar y salir del proceso”.
Asimismo, Llaja considera que los
juzgados mixtos y de familia no están en la capacidad de
atender los casos tal y como está previsto en la norma,
considerando su carga procesal, horario de trabajo y el escaso personal con el
que cuentan.
Otro inconveniente es que los Centros de Emergencia Mujer y los
servicios de defensa de las víctimas del Ministerio de Justicia en el país, no
tienen los lineamientos para acompañar los casos: “Ante esta situación,
las mujeres víctimas de violencia que están acudiendo a las autoridades se
encontrarán desprotegidas y
en mayor riesgo, porque las instituciones que integran la ruta de atención, se
han encontrado con un nuevo proceso de
la noche a la mañana”,
manifiesta Cynthia Silva, abogada de CLADEM.
Añade que la falta de claridad, sumada a los
“prejuicios machistas que persisten
en muchos operadores, puede provocar que no se atiendan los casos por
considerar que no son graves y que no merecen atención prioritaria”. Por ello, Silva enfatiza que es
indispensable fortalecer el
servicio de defensa y acompañamiento de las víctimas.
Demandas
Los profesionales que integran CLADEM Perú esperan que se
adopten medidas urgentes, pues nos encontramos cerca de las fiestas de fin de
año y uno de los meses donde los índices de violencia aumentan es enero, según
los Centros de Emergencia Mujer.
Por ende, demandan que se incluya presupuesto adicional para la
implementación de la ley y se de acompañamiento a las denuncias. También que se
instruya al personal policial a nivel nacional para asegurar que todas las
comisarías tramiten las denuncias en 24 horas.
Además, piden la creación de nuevos juzgados especializados en
familia para que se garantice el dictado de medidas de protección y cautelares
dentro del plazo establecido por la ley (72 horas desde que se realiza la
denuncia). En la misma línea, consideran necesario el establecimiento de lineamientos
de actuación interinstitucional para la atención de diversos casos de violencia
y que se realice una capacitación estandarizada para la Policía, el Poder
Judicial, el Ministerio Público y el personal de los servicios de atención pues
de esa manera, se aplicará adecuadamente la ley. (Agencia)
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